Una ONG arremete contra Grecia y la UE por expulsar ilegalmente a refugiados

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Tras la tragedia de Lampedusa, una ONG alemana ha acusado al gobierno griego de haber expulsado ilegalmente a refugiados que intentaban entrar a Europa por la frontera entre Grecia y Turquía, y a la Unión Europea de complicidad.

Según un nuevo informe de la ONG Pro Asyl, miembro del Consejo Europeo para los Refugiados y Exiliados (CERE), en 2012, más de 2.000 refugiados, principalmente sirios, fueron rechazados en la frontera entre Grecia y Turquía.

Durante el mismo período, y debido al cierre de la frontera terrestre en la región griega de Evros, un número creciente de personas que huían de Afganistán, Somalia y Eritrea también se vieron obligadas a emprender una ruta más peligrosa para intentar llegar a Europa cruzando el mar Egeo.

Se calcula que al menos 149 hombres, mujeres (algunas de ellas embarazadas) y niños murieron el año pasado al realizar esta travesía.

Según el derecho internacional, tanto Grecia como la Unión Europea son responsables de garantizar el respeto de los derechos humanos fundamentales al proteger sus fronteras.

Sin embargo, según los 90 testimonios recopilados en el informe, no siempre lo hacen.

Por ejemplo, a pesar del principio de no devolución contenido en el artículo 1 del reglamento de Frontex (la agencia europea encargada de la gestión de las fronteras), los refugiados entrevistados por Pro Asyl aseguran que les detuvieron en territorio griego y no les inscribieron en ningún registro antes de ser deportados a Turquía.

Los guardacostas griegos también han sido acusados de abandonar a refugiados que encontraron en aguas territoriales turcas sin tener en cuenta su seguridad. Asimismo, se han denunciado nueve casos de tortura.

“Aunque la UE se reafirma públicamente en su compromiso de apoyar a los refugiados sirios, en las fronteras europeas se están ignorando y violando sus derechos humanos fundamentales”, afirma Karl Kopp, director de Asuntos Europeos de Pro Asyl.

Se cree que lo que ha impulsado estas medidas de Grecia ha sido, sobre todo, la incapacidad de esta nación asolada por la crisis para hacer frente al número de refugiados y migrantes que entran al país.

Frontex calcula que en 2011 entraron a Grecia más de 55.000 migrantes en situación irregular, lo que supone un aumento del 17% de la cifra registrada en 2010.

Además, queda claro que la UE, a través de Frontex, está decidida a impedir que los migrantes en situación irregular (aunque sean solicitantes de asilo) entren al territorio europeo, a pesar de que el Defensor del Pueblo Europeo haya instado recientemente a Frontex a que respete y garantice mejor los derechos fundamentales en las fronteras de la UE.

 

Medidas drásticas

Pro Asyl ha informado de que, en marzo de 2012, la ministra del Interior de Austria, Johanna Mikl Leitner, describió la frontera griega como “tan abierta como la puerta de un granero”, y el ministro del Interior de Alemania, Hans-Peter Friedrich, amenazó con volver a imponer los controles fronterizos de Schengen a Grecia si los refugiados seguían accediendo al territorio de la Unión Europea a través de la frontera entre Grecia y Turquía.

Dichas presiones tuvieron como resultado las nuevas medidas drásticas descritas en este artículo, que han puesto en peligro la vida de miles de personas y permitido la reducción del número de migrantes que acceden a la UE.

En la segunda mitad de 2012, el Gobierno griego desplegó 1.800 policías más en la región de Evros.

Asimismo, construyó nuevos centros de detención de refugiados y migrantes, en su mayor parte subvencionados por la Unión Europea.

Además, en diciembre de 2012 se finalizó la construcción de una verja de 10,5 kilómetros de longitud.

Como resultado de estas medidas, la policía fronteriza griega anunció una drástica disminución del número de detenciones de migrantes en situación irregular en las fronteras con Turquía durante los últimos seis meses de 2012: en la población fronteriza de Orestiada, por ejemplo, en julio de 2012 fueron detenidos 6.500 migrantes indocumentados.

En agosto de 2012, dicha cifra disminuyó bruscamente a 1.800. En septiembre de 2012, se redujo aún más hasta 71 y en noviembre de 2012 no se produjo ninguna detención.

Sin embargo, parece que la mejora en la protección fronteriza ha tenido como resultado una protección mucho menor de los derechos humanos de los migrantes.

La oficina de la Cruz Roja en la UE se ha hecho eco de esta opinión a través de la reciente publicación de un informe en el que solicita la creación de un sistema adecuado de migración legal que permita rutas seguras para que los migrantes accedan a Europa.

Según la Cruz Roja, sin dicho sistema resulta imposible garantizar que los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados reciban la protección jurídica a la que tienen derecho, en especial debido a la acuciante demanda provocada por conflictos como el de la guerra civil en Siria.

El informe propone varias recomendaciones a la UE, entre las que se incluyen la concesión de visados humanitarios y de protección, el aumento del número de cuotas para refugiados y la armonización en toda la UE de las normas que regulan la migración y el asilo. Es decir, en esencia, una revisión del reglamento de Dublín II.

Antes de la próxima cumbre de la UE en diciembre, Pro Asyl está haciendo un llamamiento a los Estados miembro de la UE para que utilicen esta oportunidad para abordar de una vez por todas la crisis migratoria de Europa.

“Es un escándalo que en pleno siglo XXI, la UE todavía no disponga de un sistema adecuado de migración legal y asilo armonizado”, denunció el señor Kopp, “y que invirtamos diez veces más en construir centros de detención que en garantizar a los migrantes la protección que necesitan”.

La presidencia griega de la UE, que comenzará en enero de 2014, se está considerando como otra ocasión perfecta para impulsar un enfoque y responsabilidades compartidas con el objetivo de abordar el asunto de la migración.

Sin embargo, como prioridad inmediata, Pro Asyl quiere que Grecia y Turquía se comprometan a mejorar drásticamente el trato que se dispensa a los migrantes en sus fronteras terrestres y marítimas.