Este asunto de los bajos salarios en Estados Unidos ha quedado bien ejemplificado por el movimiento de los trabajadores y trabajadoras de Walmart y por las protestas del Viernes Negro la semana pasada.

Sin embargo, la derecha estadounidense no ha tardado en tratar de avivar los miedos declarando que el presidente estadounidense Barack Obama está destinado a imponer el socialismo con sus arrolladoras acciones a nivel federal.

Aun así, según afirma un nuevo informe, de 2011 a 2012, los sindicatos, los salarios y los derechos de los trabajadores/as se han visto gravemente afectados por las campañas antisindicales estratégicas en las legislaturas estatales, que a menudo se pasan por alto.

En 2011, el fracaso de las protestas de los trabajadores/as de base en Wisconsin para frenar una ley que prohibía a los empleados del gobierno cualquier participación en una negociación colectiva marcó el inicio de una preocupante tendencia en los estados en los que se creía que los derechos sindicales eran sacrosantos.

El informe del Instituto de Política Económica (EPI), con sede en Washington D.C., reveló que en ese lapso de tiempo cuatro estados aprobaron leyes que restringían los salarios mínimos y otros cuatro anularon los límites impuestos al trabajo infantil.

Además, según el informe, “los estados también aprobaron leyes que despojaron a los trabajadores/as de los derechos a horas extraordinarias, revocaron o limitaron el derecho a las bajas por enfermedad, socavaron las medidas de seguridad en los lugares de trabajo y dificultaron aún más el demandar a un empleador por discriminación por motivos de raza o género”.

Asimismo, el informe destaca que desde hace mucho tiempo, los agentes republicanos saben que los sindicatos constituyen una parte importante de las bases demócratas, especialmente en el sector público, y que los “los estados azules” (los que votan de forma fiable a los demócratas en las elecciones nacionales) están asegurados por las altas tasas de afiliación sindical.

Según el informe, grupos como la Cámara de Comercio de Estados Unidos y la organización Americans for Prosperity, avalada por los millonarios hermanos Koch, se centraron en los estados para elegir a defensores de las medidas antisindicales con el objetivo de establecer más adelante una agenda de ataques a los derechos de los trabajadores/as.

Drásticas

Entre algunas de las medidas más drásticas a nivel estatal durante dicho lapso de tiempo destacaron las leyes contra los empleados públicos en Wisconsin (el primer estado de EE.UU. en el que se fundaron sindicatos gubernamentales) y la aplicación de leyes del “derecho al trabajo”, que prohíben que los lugares de trabajo sindicalizados impongan obligatoriamente la afiliación sindical en estados como Michigan, sede del sindicato de los trabajadores de la automoción del país.

El autor del informe, el economista de la Universidad de Oregón Gordon Lafer, afirmó que los grupos de acción de la derecha se han aprovechado de dos cosas: la sentencia del Tribunal Supremo en 2010 que permite el gasto ilimitado de las empresas en campañas electorales y la menor tasa de participación de los ciudadanos en la política a nivel estatal.

Las consecuencias derivadas de la inyección de tanto dinero en las campañas electorales fueron enormes para la derecha en 2010.

“Once estados se convirtieron en estados ‘completamente rojos’, es decir, en los que los republicanos controlan los tres poderes del gobierno, ambas cámaras legislativas y la oficina del gobernador”, explicó el señor Lafer a Equal Times en un correo electrónico.

“En concreto, entre esos once se encuentra un cinturón de estados del Medio Oeste que contaban tradicionalmente con una fuerte presencia sindical y eran disputados en las elecciones nacionales (Pennsylvania, Ohio, Indiana, Michigan y Wisconsin)”.

Además, como se ha prestado tanta atención a la política nacional, estos grupos tuvieron una ventaja para redefinir a los gobiernos estatales a su imagen.

“La mayoría de la gente no sabe quiénes son los legisladores de su estado y muchas elecciones legislativas estatales se pueden comprar a precios muy bajos: por unos 50.000 US$”, denunció el señor Lafer.

Los críticos republicanos y conservadores han alegado que las concesiones de los sindicatos son necesarias para que los estados hagan frente a sus déficits presupuestarios y estimulen el crecimiento empresarial.

Desconexión

Sin embargo, el informe del EPI no solo alega que los sindicatos no son responsables de estos déficits, sino también que estas leyes se propusieron después de que el movimiento sindical trabajara con los gobernadores para hacer frente a los déficits presupuestarios.

“Por desgracia, la desconexión entre el acoso a los sindicatos y la necesidad fiscal quedó clara durante el debate sobre la propuesta presupuestaria del gobernador”, destaca el informe.

Cuando los sindicatos de Wisconsin anunciaron que habían aceptado todas las propuestas económicas del gobernador Walker (incluidas las considerables reducciones de las prestaciones), éste declaró que, a pesar de que le habían concedido todo lo que él creía necesario para subsanar el déficit presupuestario, ningún acuerdo sería aceptable mientras los trabajadores conservaran el derecho legal a negociar.

“Dos meses más tarde, en el interrogatorio efectuado por los congresistas estadounidenses, el gobernador Walker reconoció que algunas de las disposiciones más drásticas incluidas en su legislación no supondrían ningún ahorro para el estado”.

Aunque la sentencia judicial de 2010 también elimina el límite máximo de lo que pueden gastar los sindicatos en las elecciones, los analistas políticos destacan que las empresas superan a estos en lo relativo a los gastos para las campañas políticas.

Aun así, los sindicatos también han invertido en las elecciones estatales, logrando algunos resultados positivos.

Tras el ciclo electoral de este año, Richard L. Trumka, el presidente de la AFL-CIO (la principal central sindical de Estados Unidos), declaró: “En Nueva York, los votantes eligieron a un alcalde demócrata por primera vez en décadas. En Nueva Jersey, los votantes apoyaron a la legislatura del estado y aprobaron un aumento sin precedentes del salario mínimo. Y en la ciudad de SeaTac [en el estado de Washington], los votantes también están a punto de aprobar un aumento sin precedentes del salario mínimo”.

Obama

A estos problemas se suma la falta de acción del gobierno federal, a pesar de la esperanza del movimiento sindical de que la administración de Obama anulara con firmeza las medidas antisindicales impuestas por el ex presidente republicano Ronald Reagan y las dos administraciones de Bush.

El Congreso controlado por los demócratas en los primeros días del reinado de Obama no tomó medida alguna en relación con la Ley de Libre Elección del Empleado, la principal prioridad legislativa del movimiento sindical, que facilitaría el que los trabajadores/as se afiliaran a los sindicatos e impondría sanciones más duras a los empleadores que interfieren en las campañas de sindicalización de los trabajadores/as.

 En su segundo y último mandato, durante el cual los presidentes estadounidenses pueden asumir más riesgos políticos, los nombramientos políticos de Obama han sido muy criticados por el movimiento sindical.

Por ejemplo, su nueva Secretaria de Comercio es Penny Pritzker, propietaria de parte de la fortuna de la cadena hotelera Hyatt Hotel y una figura prominente en la lucha contra el sindicato de los trabajadores/as hoteleros en Chicago, la ciudad natal del presidente.

Los tribunales federales tampoco lo han hecho mucho mejor; por ejemplo, hace poco un tribunal dictaminó que los empleadores no estaban obligados a colocar un aviso en el lugar de trabajo para informar a los empleados de que tienen derecho a afiliarse a los sindicatos, aunque sí están obligados a informar a sus trabajadores y trabajadoras de sus otros derechos laborales.

Incluso si la administración quisiera tender una mano a los trabajadores/as en los estados en los que han sufrido más derrotas mediante la aprobación de nuevas normas laborales a nivel federal, el presidente se enfrenta a una oposición en el Congreso que se dedica a impedir la aprobación de cualquier medida que presente.

“Políticamente, parece imposible imaginar que en los próximos dos años salga alguna política económica seria del Congreso”, concluyó el señor Lafer.