En la medida en que los recortes y las reformas a la seguridad social por parte del Gobierno afectan a un número cada vez más importante de personas en el Reino Unido, los que trabajan en las oficinas públicas de empleo y de seguridad social se están convirtiendo en el blanco de la creciente ira de los solicitantes de prestaciones.
“Efectivamente, tengo que decir que la situación ha empeorado desde hace más o menos un año”, afirmó un empleado del Jobcentre Plus en West Yorkshire, que pidió no ser identificado.
“Siempre hemos sido objeto de amenazas e insultos, pero ahora cada vez es más frecuente, y también de agresiones físicas.”
Una empleada, que trabaja en el Jobcentre Plus desde hace cuatro años, comentó a Equal Times que recientemente una solicitante intentó agredirla después de enterarse de que sus prestaciones habían sido suspendidas por un mes.
“Trató de golpearme, pero otro solicitante la retuvo. Gritaba que iba a matarme.
“La mayoría de mis compañeros de trabajo han tenido este mismo tipo de experiencias, y hay personas que nos dicen que cuidemos nuestras espaldas cuando salgamos del trabajo.
Afortunadamente nadie ha resultado herido hasta ahora, pero sé que en otros lugares ha habido heridos.”
Durante el último año se ha observado un aumento dramático en el número de incidentes violentos que se producen en las oficinas de empleo de todo el país.
Entre las recientes noticias de los medios locales sobre incidentes violentos de este tipo se dio la de un desempleado en Lincolnshire, en el este de Inglaterra, que fue acusado por la policía de amenazar al personal del Jobcentre Plus con un cuchillo de carnicero.
Los vecinos que lo conocían dijeron que sus prestaciones habían sido suspendidas, sin previo aviso, debido a las controvertidas normas que ahora sancionan estas prestaciones.
En los últimos meses se han producido otros dos incidentes, también bajo la amenaza de un cuchillo, en las oficinas de empleo de la zona.
“Escandaloso, pero nada sorprendente”
Un reciente informe del Ministerio de Trabajo y Pensiones (DWP), responsable de la seguridad social y del funcionamiento de la oficina de empleo Jobcentre Plus, mostró que los incidentes de agresiones reales contra el personal se incrementan cada año un 45%, un aumento que el sindicato de servicios públicos y comerciales (Public and Commercial Services - PCS) del Reino Unido ha descrito como “escandaloso, pero nada sorprendente”.
De acuerdo con las cifras del Ministerio de Trabajo y Pensiones, se produjo un aumento del 45% de casos de agresiones físicas, totalizando 672 incidentes durante el año 2012-2013, en comparación con los 465 casos en 2011-2012.
En el mismo período, los incidentes de insultos y amenazas verbales se incrementaron en un 53%, es decir, de 22.928 a 35.161, mientras que el número de “otros” incidentes, incluyendo daños a la propiedad o riñas que no afectaron al personal, se han duplicado para alcanzar el número de 6399.
El Ministerio afirma que el aumento se debe en parte a los cambios realizados en el modo en que se registran los informes de algunos incidentes.
Sin embargo, muchos insisten en que la verdadera razón es la cólera cada vez mayor que los cambios en el sistema de seguridad social están generando en la vida de las personas.
Después de los recientes incidentes en Lincolnshire, el Secretario de la sección local del sindicato PCS, Nick Parker, instó a las personas a dirigir su ira contra los políticos, no contra el personal de la oficina de empleo.
“Desde 2010, el sindicato PCS ha advertido de que la austeridad pondría a nuestros miembros en situación de riesgo, y lamentablemente se ha demostrado que teníamos razón”, afirmó en una comunicación.
“Queremos dejar claro que los miembros del sindicato PCS son funcionarios públicos, no políticos, y que su trabajo consiste en aplicar las políticas gubernamentales, no en hacer las leyes."
“Son los políticos los que votaron estas leyes en el Parlamento, y que ahora prevén un 11% de aumento salarial, quienes deben considerarse los principales responsables de las condiciones de pobreza que están causando este aumento de comportamientos inaceptables”, añadió.
Sin embargo, algunos solicitantes frustrados tienen la impresión de que el personal de la oficina de empleo tiene parte de la culpa.
“Ya sé que el personal no dicta las normas, pero tienen que saber que no está bien empobrecer a la gente”, afirmó un solicitante al exterior del Jobcentre Plus en Rochdale, Lancashire, quien indico que deseaba permanecer en el anonimato ya que tenía miedo a las sanciones [que le retiren sus prestaciones].
“Si los asesores no están de acuerdo con sancionar a la gente, deben negarse a hacerlo”, continuó.
"Deben buscarse otro trabajo. Mi asesor sigue diciéndome que hay un montón de puestos de trabajo.”
Otros medios locales informan que los últimos incidentes en las oficinas de empleo incluyeron agresiones tanto verbales como físicas, vandalismo contra los coches del personal así como intentos de incendio.
En una audiencia judicial, un desempleado de Manchester detenido por intentar prender fuego a un Jobcentre Plus tras la suspensión de sus prestaciones, explicó al tribunal que no había comido durante tres días y esperaba poder comer algo mientras se encontraba detenido.
“Medidas draconianas”
Después del incidente de las roturas de ventanas en la oficina de empleo Sparkhill, en Birmingham, un portavoz del grupo local anti-austeridad, el Birmingham Against the Cuts (BTAC), dijo a Equal Times que el aumento de incidentes violentos en las oficinas de empleo es el “resultado directo de las medidas cada vez más draconianas” aplicadas por el ministro conservador de Trabajo y Pensiones Iain Duncan Smith.
“Las sanciones en materia de prestaciones son esencialmente la causa, ya que se utilizan con más frecuencia, se alienta su aplicación y se impone a los asesores cuotas concretas.”
“Nos sentimos frustrados ante la falta de ayuda o apoyo de la oficina de empleo, y de aquellos asesores que están muy contentos con imponer sanciones”, afirmó.
“No es de extrañar que, en un entorno cada vez más hostil, algunas personas se vean en situaciones extremas y tengan reacciones violentas.”
Este nuevo y más estricto régimen de sanciones, que entró en vigor a finales de octubre de 2012, significa que las prestaciones de los solicitantes pueden suspenderse por completo entre cuatro semanas y tres años.
Las sanciones tienen por objeto reprimir a aquellos solicitantes que no hacen lo suficiente para encontrar trabajo, sin embargo, BTAC y otros creen que las sanciones se aplican a menudo de forma inapropiada.
Bev, una solicitante de prestaciones de Liverpool, contó a Equal Times cómo había sido sancionada cuatro veces en 2013 de uno a tres meses por no haber recibido las cartas donde le informaban de las citas a las que supuestamente debía asistir como parte del programa de trabajo.
Bev cree ahora que el personal del Jobcentre Plus está tratando intencionalmente de “poner trampas” a las personas para luego sancionarlas.
“Este año son muchas las veces que no he tenido nada en mi despensa, ni tampoco electricidad, porque tengo un medidor de pago previo”, señaló.
“A menudo no tengo idea de lo que la oficina de empleo espera de mí, lo que, por supuesto, me tiene preocupada ante la posibilidad de tener otra sanción.”
“Cambian las reglas con demasiada frecuencia como para que la gente pueda estar al tanto, el personal incluido.”
Negativa
El Ministerio de Trabajo y Pensiones ha negado constantemente que se tengan establecidos objetivos internos para eliminar las prestaciones de las personas, a pesar de las repetidas acusaciones de antiguos empleados y de los grupos anti-austeridad.
En diciembre, un ex empleado del Jobcentre Plus que se decidió a dar la alarma dijo a la diputada Debbie Abrahams y a The Guardian que el personal recibía determinados objetivos para reducir el número de solicitantes.
Este antiguo empleado afirmó que todo el personal de una oficina de empleo había sido amenazado con medidas disciplinarias internas si no lograba reducir el número de solicitantes en el registro.
“La verdad es que deliberadamente hacen que los solicitantes de prestaciones no cumplan los requisitos con el fin de cumplir las cuotas de sanción sin tener en cuenta las razones evidentes de justicia o su bienestar.”
“Se pide al personal que actúe de una manera que va en contra de los valores [del Ministerio de Trabajo y Pensiones] de integridad y honestidad.”
El sindicato PCS señala que cabe esperar mayor cólera de parte de los desempleados en la medida en que las reformas a la seguridad social continúan, y exige que el Ministerio de Trabajo y Pensiones respalde mejor al personal que se encuentra en primera línea para la introducción del sistema de crédito universal.
El sistema de crédito universal, diseñado por Duncan Smith, integra los seis tipos existentes de prestaciones en un solo pago y cabe esperar que represente los mayores cambios realizados en el sistema de seguridad social desde la Segunda Guerra Mundial.
Los ministros admitieron el mes pasado que el nuevo sistema se sale de presupuesto y está retrasado con respecto al calendario, y ha sido blanco de muchas críticas, las cuales afirman que cualquier retraso de pago o error podría dejar a las personas sin recibir absolutamente nada.
“El problema con el sistema de crédito universal es que está basado en la mentira de que las personas optan por vivir de las prestaciones o de empleos mal pagados”, afirmó a Equal Times un portavoz del sindicato de funcionarios públicos PCS.
Además de estas presiones, el PCS afirmó que los bajos salarios en el sector público hacen que el 40% del personal de Jobcentre Plus que va a administrar el crédito universal va a recibirlo también a su vez.
“Esta situación demuestra lo increíblemente bajos que son los salarios de muchos miles de empleados del Ministerio de Trabajo y Pensiones y muestra en qué medida los trabajadores dependen de las prestaciones del Estado para sobrevivir”, afirmó el portavoz del PCS.
“En lugar de recortar los salarios año tras año, y luego penalizar a las personas por estar mal pagadas, el Gobierno debería impulsar los salarios en el sector público y obligar a los empleadores del sector privado a aumentar los ingresos mediante un incremento significativo del salario mínimo.”
