Veinte años de un acuerdo pernicioso para los trabajadores

 

En México, Canadá y Estados Unidos, los trabajadores/as y sindicatos están celebrando el 20º aniversario del tratado comercial que ha fijado gran parte de los modelos de la economía globalizada.

Sin embargo, no se trata de un aniversario alegre. El 31 de enero de 2014 se llevarán a cabo numerosas manifestaciones y acciones que tienen como objetivo protestar contra el modo en que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha socavado los trabajos, derechos y calidad de vida de numerosos trabajadores y trabajadoras en los tres países.

Este modelo se va a reproducir a mayor escala a través del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (AETAE), que actualmente están negociando doce países de la cuenca del Pacífico, incluidos los miembros originales del TLCAN.

Richard Trumka, presidente de la central sindical American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL–CIO), describió al TLCAN como "tan solo el primero de una serie de tratados comerciales que han socavado millones de trabajos de la clase media estadounidense y debilitado nuestras estructuras democráticas".

Según afirmó, el AETAE "reforzará el poder de las grandes empresas y aumentará los beneficios de los directivos, mientras ejerce una presión a la baja sobre los salarios y oportunidades para el resto de la sociedad".

Sharan Burrow, la secretaria general de la Confederación Sindical Internacional (CSI), advirtió que los defensores del AETAE "intentarán desmantelar a toda costa las protecciones sociales que mantienen cohesionadas a nuestras comunidades y sociedades".


Pérdida de empleo en Estados Unidos

El registro de la pérdida de empleo en Estados Unidos debida a la aplicación del TLCAN se documentó durante años gracias a una disposición de la legislación estadounidense. Dicha disposición garantizaba la ampliación de las prestaciones por desempleo a los trabajadores/as que pudieran demostrar que sus empleadores habían trasladado sus puestos de trabajo a México.

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DoL) se encargaba de dar seguimiento a estas solicitudes.

Sin embargo, cuando el total superó los 500.000, el presidente estadounidense George W. Bush ordenó al Departamento de Trabajo que dejara de recopilar datos tan embarazosos.

Según Robert E. Scott, del Instituto de Política Económica: "Para 2010, los déficits comerciales con México habían eliminado 682.900 buenos puestos de trabajo en EE.UU., la mayor parte (60,8%) en el sector de la manufactura. Los trabajos de manufactura de automóviles, productos electrónicos y otros artículos se trasladaron a México y la pérdida de empleo aumentó en Estados Unidos, en especial en el Medio Oeste, donde solían fabricarse dichos productos".

Asimismo, Jeff Faux, ex director del Instituto de Política Económica, denuncia: "El TLCAN reforzó la capacidad de los empleadores estadounidenses para obligar a los trabajadores a aceptar salarios y prestaciones más bajos".

En 1997 (tres años después de que entrara en vigor el TLCAN), la profesora de la Universidad de Cornell Kate Bronfenbrenner descubrió que uno de cada diez empleadores que se habían enfrentado a una campaña sindical afirmaron que se trasladarían a México. En 2009, aseguró que el 57% de los empleadores que se habían enfrentado a una elección sindical amenazaron con cerrar el lugar de trabajo.

En Canadá, a los trabajadores/as tampoco les fue mucho mejor. El tratado "claramente no ha cumplido con lo prometido", concluyó Bruce Campbell, del Centro Canadiense de Alternativas Políticas. "Ya es hora de reconsiderar si el TLCAN es contrario al bienestar de los trabajadores y trabajadoras canadienses (y de los trabajadores de los otros dos países miembros del TLCAN)".

 

Devastación para los trabajadores y agricultores mexicanos

El hecho de vincular las economías de Estados Unidos y México tuvo unas consecuencias devastadoras para los trabajadores y trabajadoras mexicanos.

Según Martha Ojeda, de la Coalición pro Justicia en las Maquiladoras, cuando se inició la actual recesión en Estados Unidos, alrededor de 400.000 trabajadores/as que producían para el mercado estadounidense en fábricas de la frontera mexicana (maquiladoras) perdieron sus puestos de trabajo.

El TLCAN creó un incentivo para que el gobierno mexicano mantuviera los salarios bajos con el fin de fomentar las inversiones empresariales en las fábricas que producen para la exportación.

"Los funcionarios [del gobierno] y los empresarios promocionan a México como una ’potencia exportadora’, pero esto no ha aumentado los bajos salarios ni disminuido la desigualdad social”, advierte Arturo Ortiz Wadygmar, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. "En cambio, los beneficios están concentrados en 500 empresas transnacionales.

Dicen que México ofrece mano de obra a precios muy competitivos, pero eso es solamente un modo elegante de decir que es barata".

Desde que se firmó el TLCAN hace 20 años, las protecciones laborales en México se han visto reducidas.

El ex presidente Felipe Calderón obligó a legitimar el trabajo de contingencia y a debilitar los derechos de los trabajadores/as mediante sus "reformas laborales".

Tanto el gobierno como los empleadores han atacado sin tregua a los sindicatos que se han opuesto a dichas reformas.

El dirigente del sindicato de mineros mexicanos, Napoleón Gómez Urrutia, se vio obligado a huir a Canadá tras describir una explosión acaecida en una mina propiedad de una de las familias más ricas de México como "un homicidio industrial".

Asimismo, 44.000 miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas fueron despedidos y la empresa propiedad del Estado en la que trabajaban fue disuelta.

El actual presidente, Enrique Peña Nieto, ha aprobado una "reforma energética" que apunta a la privatización de los sectores nacionales del petróleo y la energía eléctrica.

En el ámbito rural mexicano, el impacto que ha tenido el TLCAN ha sido aún mayor.

Fernando Ortega, del Frente Democrático Campesino en Chihuahua, acusa al TLCAN de obligar a los pequeños productores agrícolas a competir con enormes empresas agroindustriales en México, Estados Unidos y Canadá que reciben grandes subvenciones.

Como resultado, alrededor de ocho millones de mexicanos emigraron a Estados Unidos en busca de trabajo.

Sin embargo, los movimientos en contra del tratado han unido a trabajadores/as y sindicatos de los tres países.

María Elena Durazo, secretaria ejecutiva de la central sindical del condado de Los Ángeles, recalca que "hoy en día, la solidaridad internacional está compuesta por algo más que sindicatos y organizaciones de trabajadores. Se ha convertido en un movimiento de ciudadanos".