Cuando el año pasado fui al municipio de Bekkersdal para visitar a la comunidad agredida y para tratar de entender qué es lo que estaba provocando toda aquella cantidad de protestas violentas, llegué a una conclusión.

Sudáfrica arde mientras nuestros políticos se miran el ombligo vanagloriándose.

Bekkersdal, uno de los asentamientos urbanos creados en tiempos del apartheid para gente de raza negra en Sudáfrica, representa un microcosmos de lo que está sucediendo en nuestros municipios.

El Jefe de Policía en funciones de Gauteng, el Lugarteniente General Lesetja Mothiba, dijo hace una semana que a lo largo de los últimos tres meses se habían llevado a cabo en la provincia un total de 569 protestas.

Una de cada cinco de estas protestas terminó en incidentes violentos, lo cual es una acusación escandalosa.

¿Pero qué es lo que realmente entendemos sobre el descontento que reina en el país? ¿Somos realmente conscientes, en tanto que ciudadanos, del verdadero debacle que se está produciendo ante nuestros ojos?

Visite usted Bekkersdal, porque le partirá el corazón. Reúne todos los atributos de los conflictos y las luchas de la década de 1980.

Carreteras sembradas con los escombros de barricadas improvisadas. Policías acampados a las afueras del municipio con toda una batería de vehículos blindados.

Todo aquello me trajo recuerdos dolorosos de los días en que las armas imponían la voluntad del abominable régimen del apartheid.

Al igual que sucedió en el pasado, la letanía de problemas de la comunidad no es una “cuestión” policial o de seguridad que pueda resolverse por la fuerza.

Es un problema político que define el actual malestar que impera en Sudáfrica.

 

Traicionados por la democracia

Los residentes me explicaron que se sentían traicionados por la democracia.

Dado que no tienen ningún acceso al tipo de servicios básicos municipales que los barrios residenciales del norte de Johannesburgo dan por sentado, los residentes de Bekkersdal sienten que les han abandonado.

Y me consta de hecho. Imagínese lo que sería ver aguas residuales y montañas de basura podrida en los impolutos barrios residenciales de Sandton.

He aquí un ejemplo de unas autoridades municipales culpables de una negligencia sistémica y corrosiva en el cumplimiento del deber.

La mala administración y la corrupción han despilfarrado las finanzas públicas que estaban destinadas al pueblo. A finales de 2013, el municipio era un completo desastre.

Volví en enero de 2014 para reunirme con la Asociación de Vecinos, con la esperanza de constatar alguna mejora, por pequeña que fuera. Pero nada había cambiado.

Pelotones de niños y niñas salían en tropel de unas escuelas atroces, abriéndose camino por las calles que seguían repletas de basura.

No había ningún indicio de progreso. Un impasse eterno de las negociaciones con los funcionarios municipales, el alcalde y el Miembro del Consejo Ejecutivo provincial de la vivienda; ni siquiera la reunión celebrada después de las violentas protestas con el Ministro nacional Lechesa Tsenoli, que en una declaración conjunta prometía: “Esto es un esfuerzo conjunto. Ni el Ministerio Nacional, ni la provincia tolerarán el fraude ni la corrupción.

Cooperaremos con los vecinos de Bekkersdal para erradicar la corrupción y garantizar el suministro de servicios”, ha dado ningún resultado.

Estando yo allí, llegó un sheriff para atender un interdicto. Era la 1:45 p.m., y los activistas citados tenían que presentarse en la Audiencia Nacional a las 3:00 p.m. —algo imposible para la gente pobre que no tiene acceso a un transporte privado ni a una máquina del tiempo.

Leí el documento de la municipalidad. Era exhaustivo. Recababa declaraciones juradas y presentaba un caso irrefutable.

Al proteger los derechos legales de la municipalidad y la empresa minera privada contra la comunidad, los funcionarios han demostrado ser altamente eficientes.

 

Corrupción

Me encontré con otro ejemplo de corrupción del mismo corte que la mayoría de la crisis de la vivienda que se está dando en nuestro país.

Miles de ciudadanos de Bekkersdal viven en chozas y patios. Muchos de ellos llevan años en las listas de solicitantes de viviendas.

Mary Thabile Nhleko presentó en 1996 una solicitud para una casa del Programa de Reconstrucción y Desarrollo (PRD).

A lo largo de los años ha vuelto una y otra vez a las oficinas del Ministerio de Vivienda quejándose de que otras personas que presentaron su solicitud después de ella se han saltado las listas del PRD.

Los funcionarios locales y provinciales no han dejado de marearla, enviándola de un lado para otro.

Ha vivido en su propia carne el comportamiento indiferente y arrogante de un gobierno al que sus ciudadanos le importan un comino.

Nhleko, al igual que otros muchos habitantes de su comunidad, decidió emprender acciones que no sólo eran ilegales sino en ocasiones también violentas.

Todos ellos reclamaban terrenos en la periferia del municipio —tierras a las que no tenían derecho, y que no se podían apropiar.

Lo que es peor, cada paso que daban iba en contra de sus mejores intereses. Como tantos otros ciudadanos del país, Nhleko, desestimada legalmente la petición de reparación por derecho propio, porque la confianza entre la comunidad y los funcionarios públicos se había roto, considera que no le queda otra opción.

La comunidad cree que la ley está de parte de aquellos que les niegan sus derechos constitucionales más básicos.

Lo único que queda es una comunidad frustrada, un caldero de rabia en ebullición por los agravios legítimos y un liderazgo comunitario debilitado, que el fin de semana pasado explotó con la quema de las cabinas de inscripción de votantes.

 

Frustraciones

Y aquí se origina el desafío de las protestas en Sudáfrica.

En la mente del público, los dirigentes locales se han convertido en una jauría de elites predatorias, más socavados aún por la incompetencia y un capitalismo de connivencia.

Con el fin de proteger los intereses de estas elites, policías y tribunales están siendo desplegados cual ariete.

Y los ciudadanos no están convenientemente equipados para cuidar de sí mismos, porque han dependido de otros durante demasiado tiempo.

Pero la cosa se complica aún más, porque los servicios de la propia policía están al borde de una crisis total.

Por increíble que parezca, hay muchos agentes de policía buenos, y vale la pena considerar la situación desde su perspectiva.

Miles de agentes viven en las propias comunidades que tienen que patrullar.

Muchos comparten las frustraciones que estas comunidades se ven obligadas a soportar.

Sus hijos van a unas escuelas reprobadas. Sus familias tienen que vérselas con un sistema sanitario en crisis.

Y perciben la indecencia de la creciente desigualdad. La perciben en los sofisticados coches que conducen sus dirigentes.

Están al corriente de los miles de millones de rands que se despilfarran. Han leído acerca de Nkandla y las oleadas de escándalos de corrupción. Y están indignados.

Tarde o temprano, hasta los policías buenos van a empezar a hacerse preguntas: “¿Por qué disparo yo contra la gente que comparte mis propias inquietudes legítimas? ¿Y por qué protejo a estos políticos corruptos que me roban a mí, a mi familia y a mi comunidad?”

Ahí es cuando tendremos una revolución en nuestras manos.

Una revolución que irrumpirá en las burbujas de las elites que gobiernan nuestro país en el universo paralelo de los barrios metropolitanos.

Necesitamos acciones decisivas por parte de nuestro Gobierno para poder extirpar a los funcionarios corruptos.

Necesitamos partidos políticos que tengan el valor de situarse en el centro de la lucha por una buena gobernanza y una prestación eficaz de servicios.

Tenemos que recuperar la confianza en la policía y en los servicios públicos.

Tenemos que retornar a los fundamentos de la organización de nuestras comunidades en unos movimientos de ciudadanos fuertes e independientes que no teman desafiar el abuso del poder.

La otra alternativa es la destrucción del tejido social de nuestras comunidades, lo que dará lugar a un mayor ciclo de violencia y de represalias.

Aquí reside nuestro Rubicón – y ahora mismo la población está aprobando una moción de censura contra los políticos, los dirigentes sindicales y los líderes comunitarios, por no hablar de las empresas.

Y en consecuencia Sudáfrica arde. La mayoría de nuestros políticos se esconden detrás de la policía, de las leyes y de los procesos burocráticos del Gobierno.

Pero no podrán esconderse por mucho más tiempo, porque las llamas van a envolvernos a todos.