Los sindicatos swazis condenan el arresto de un inspector público

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Son incontables las veces que el Gobierno swazi ha protegido sus propios privilegios injustificados a costa de los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas del país.

Pero pocos casos han cautivado tanto la atención del país como la historia de Bhantshana Gwebu, inspector jefe de vehículos del Gobierno, que ha sido arrestado y encarcelado por el simple hecho de haber cumplido con su deber.

El 20 de enero de 2014, el Presidente de la Corte Suprema, Michael Ramodibedi, ordenó el arresto de Gwebu por haber puesto una multa a Vusi Tsela, un chófer del tribunal.

Tan sólo dos días antes, Tsela conducía a la Magistrada de la Corte Suprema Esther Ota a una de las escuelas de elite en la capital Mbabane, sin disponer de la autorización previa que requiere la ley.

Aquel fin de semana, de camino al tribunal donde cubría el turno de magistrada de permanencia, Ota hizo una parada en la escuela para recoger los uniformes de sus hijos.

Sin embargo, según Gwebu, el vehículo en cuestión estaba exclusivamente asignado para realizar “desplazamientos oficiales del tribunal” – y el trayecto a la escuela no formaba parte de la ecuación.

Como el trabajo de Gwebu consiste en asegurarse de que los funcionarios públicos no abusen de los vehículos del Gobierno, consideró que estaba justificado ponerle una multa a Tsela y confiscarle el coche.

El poder judicial parece que no opina lo mismo.

 

“Riesgo de fuga”

Ramodibedi dictó una orden de detención contra Gwebu, que se entregó a la policía acompañado de Quinton Dlamini, Presidente del sindicato National Public Servants and Allied Workers Union (NAPSAWU).

Se le acusaba de desacato al tribunal.

En un primer momento Ramodibedi le negó a Gwebu el derecho a una representación legal, alegando, para sorpresa de muchos, que su abogado no había estado presente en el momento de cometer la supuesta transgresión.

“Era la primera vez que oíamos hablar de semejante regla”, declaró Dlamini a Equal Times.

Gwebu presentó una solicitud de libertad bajo fianza, pero el Gobierno la rechazó alegando que “el sindicato (NAPSAWU) había interferido y politizado el caso”, y que había por tanto un riesgo de fuga del acusado.

Pero esta afirmación resultaba inadmisible ante el tribunal, puesto que NAPSAWU es una organización legal que tiene la obligación de proporcionar apoyo moral a sus miembros, tal y como lo señaló el juez Bheki Maphalala.

Gwebu recibió finalmente la libertad bajo fianza de 15.000 lilangeni (€1.000), suma que abonó el NAPSAWU.

 

 “Desesperación”

Los sindicatos swazis describen el debacle de Bwebu como otro ejemplo más del ataque abierto del Gobierno contra los trabajadores.

“Esto se inscribe dentro de la tentativa desesperada del Gobierno para acabar con el movimiento sindical del país”, afirmó Vincent Ncongwane, Secretario General del Trade Union Congress of Swaziland (TUCOSWA).

Ncongwane dice que al alegar que el NAPSAWU había politizado el asunto por el simple hecho de haber acompañado a Gwebu a comisaría, el Gobierno quería crear la impresión de que estar afiliado a un sindicato es ilegal.

No obstante, la central sindical TUCOSWA, a la cual el NAPSAWU está afiliado, sigue estando prohibida en Swazilandia.

Apenas tres meses después de que el organismo sindical matriz hubiera sido instituido por el mismo Gobierno en abril de 2012, se procedió a la anulación de su registro.

Desde entonces la policía no ha dejado de acosar a los trabajadores reunidos bajo el estandarte del TUCOSWA.

Los partidos políticos están prohibidos desde 1978, cuando el difunto Rey Sobhuza II (padre del actual monarca swazi, el Rey Mswati III) instauró el tinkhundla, un singular sistema político que prohíbe la actividad de los partidos políticos.

Los sindicatos son el único vehículo que tienen los trabajadores para luchar por sus derechos políticos.

 

“Una lección”

Pero perplejidades aparte, las organizaciones internacionales ven en el caso Gwebu una clara intención del Gobierno de dar un escarmiento a todos los que se atrevan a denunciar la corrupción del país.

Según Makbule Sahan, responsable de derechos humanos y sindicales en la Confederación Sindical Internacional (CSI), esto encaja en el patrón general de un Gobierno que sólo defiende la reforma democrática de boquilla.

“Swazilandia sigue estando sometida a la estrecha vigilancia de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), y Estados Unidos volverá a examinar la elegibilidad del país con respecto a la Ley de Crecimiento y Oportunidades para África (AGOA) a raíz de la falta de progresos tangibles en materia de derechos de los trabajadores”, ha expresado Sahan.

Por su parte, Muzi Masuku, Director del Programa de la Iniciativa de Sociedad Abierta para África Meridional (OSISA) de Swazilandia, declaró a Equal Times que el juicio de Gwebu podría establecer un precedente inquietante.

“Gwebu dijo que él no había detenido a la magistrada sino al chófer”, dijo Masuku. “¿Se puede entonces hablar de desacato al tribunal?”

Todavía no se ha fijado la fecha del juicio, pero Gwebu, que ha retomado su trabajo, vuelve a encargarse de denunciar cualquier abuso de los recursos públicos.