China, y en especial la ciudad de Shenzhen en la provincia de Cantón, se conocen hoy en día como la fábrica del mundo.
Miles de fábricas, que emplean a millones de trabajadores y trabajadoras, producen todo tipo de artículos a un ritmo vertiginoso.
El sector de la electrónica es uno de los que impulsan a la economía china. Además, es una de las industrias de más rápido crecimiento del mundo, con una previsión de crecimiento anual del 7% entre 2013 y 2015.
El sector se caracteriza por la externalización de sus marcas a fabricantes por contrata como Foxconn, que emplea a unos 1,4 millones de trabajadores/as.
A pesar de su imagen moderna y limpia, en esta industria las condiciones laborales suelen ser terribles y los trabajadores/as no disponen de posibilidades para organizarse con el objetivo de mejorar su situación.
En la última década, las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos y los trabajadores/as han estado haciendo campaña a favor de los derechos laborales en la cadena mundial de suministro de productos electrónicos y apelando a la industria a que demuestre su responsabilidad corporativa.
Para concienciar y exigir mejoras en las condiciones laborales de los que producen artículos de tecnología de la información y la comunicación se han aplicado numerosas estrategias: informes de investigación, campañas para los consumidores, diálogo con las empresas y presión para que se regule y sindicalice más el sector.
Un reciente informe, publicado por un grupo de ONG europeas (SETEM, Danwatch, Centrum CSR, People & Planet, Südwind y Weed) en colaboración con la ONG China Labor Watch, se centra en las condiciones laborales existentes en cuatro fábricas de producción de artículos electrónicos que abastecen a varias empresas importantes de todo el mundo.
El informe hace hincapié especialmente en la empresa estadounidense de ordenadores Dell debido a su posición crucial en el mercado, ya que abastece al sector público europeo, así como al hecho de que es una de las empresas de tecnología de la información y la comunicación que han denunciado las ONG por violar los derechos laborales y por no hacer gran cosa para mejorar las condiciones laborales.
En 2013, varios agentes encubiertos de China Labor Watch se infiltraron en dos fábricas (Mingshuo y Hipro Electronics) y las investigaron.
Mientras trabajaban allí recopilaron información a través de entrevistas informales, documentos escritos como nóminas, cámaras ocultas de vídeo y las propias experiencias de los agentes.
En septiembre de 2013, otras dos fábricas fueron investigadas por agentes de DanWatch que entrevistaron a trabajadores/as fuera del lugar de trabajo y examinaron documentos escritos.
Las principales revelaciones del estudio demuestran que, a pesar de que la semana laboral es oficialmente de 40 horas, los empleados de las fábricas trabajan entre 60 y 74 horas a la semana.
Eso significa que trabajan hasta 136 horas extra, lo cual supera con creces el límite legal chino de 36 horas extra por mes.
Para la mayoría de los trabajadores/as, las horas extra son obligatorias y si no las cumplen se exponen al despido.
Aparte, el salario mínimo para 40 horas de trabajo a la semana no es suficiente para subsistir.
Durante el montaje y soldadura de las placas de circuitos, los trabajadores y trabajadoras están expuestos a gases tóxicos y no disponen de la protección adecuada.
Asimismo, el ambiente de trabajo es psicológicamente duro y los trabajadores/as suelen sufrir abusos verbales, aunque está prohibido por el código de conducta de Dell y por las normas del Código de Conducta de la Industria Electrónica (EICC).
En el código de conducta de la empresa, Dell declara su apoyo y respeto a los principios proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Además, Dell es miembro del EICC, una coalición de empresas del sector electrónico que aplican un código de conducta común y comparten herramientas para fomentar la responsabilidad social y medioambiental en la cadena de suministro de productos electrónicos.
Por tanto, Dell suscribe estas normas. La empresa también afirma que cumple las leyes locales relativas a los derechos de empleo y las condiciones laborales y que obliga a todos los proveedores a rendir cuentas en lo que concierne al respeto de sus normas, incluidos los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Aunque Dell no lleva a cabo inspecciones sin previo aviso, sigue encontrando infracciones considerables de sus propias normas.
Por ejemplo, en su último informe sobre responsabilidad social corporativa, Dell asegura que se notificaron horas de trabajo excesivas en el 61,7% de las inspecciones y que el 18,1% de los trabajadores/as inspeccionados estaban expuestos a riesgos.
Como demuestran estos ejemplos, los métodos actuales como las inspecciones de empresas y las iniciativas (como el EICC) no están dando resultados positivos en la lucha contra los salarios de pobreza y las violaciones de los derechos humanos en la industria de los productos electrónicos.
Las empresas están permitiendo los abusos generalizados con el objetivo de ofrecer productos baratos y obtener pingües beneficios. Los códigos de conducta de las empresas y las inspecciones sociales no ofrecen muy buenos resultados en materia de transparencia y eficacia.
Los gobiernos, tanto de los países productores como de los compradores, deberían desempeñar un papel crucial en el establecimiento y respeto de las leyes que protegen a los trabajadores/as y en la promoción del consumo ético. Sin embargo, debido a los intereses políticos y comerciales y a pesar de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU, no lo están consiguiendo.
El poder del sector público
El sector público es un enorme consumidor institucional de tecnología de la información y la comunicación.
Muchos de sus contratos son enormes; a veces ascienden a más de mil millones de €.
Con frecuencia los firman con el mismo grupo de empresas y dichas marcas suelen abastecerse en las mismas fábricas. Esto indica que existe una importante influencia que se puede ejercer sobre los proveedores y que en gran parte aún no está explotada.
Numerosos organismos del sector público tienen políticas sobre la contratación pública socialmente responsable, pero carecen del conocimiento, la influencia y los mecanismos legales para obligar a las empresas a rendir cuentas y mejorar las condiciones de los trabajadores/as.
No saben qué fábricas abastecen a sus proveedores ni si se están respetando los derechos de los trabajadores/as. Y aunque lo supieran, no disponen de las condiciones o sanciones contractuales para obligar a las empresas a cumplir.
Si los organismos del sector público colaboran obligando a las empresas a rendir cuentas serán más fuertes.
Pero para marcar la diferencia necesitan información sobre lo que está sucediendo.
Actualmente no existe ningún sistema exhaustivo, creíble e independiente de control de la industria electrónica que involucre a los trabajadores/as y organizaciones de la sociedad civil de los países productores como China ni que ofrezca una imagen precisa de la situación real.
Lo que se necesita es una infraestructura internacional que permita al sector público, las organizaciones sindicales de los países productores de artículos electrónicos y a otros organismos usar su influencia para reformar las condiciones laborales en la industria electrónica.
Se trata de dejar de luchar para conseguir victorias aisladas y empezar a construir una infraestructura que haga posibles las mejoras estructurales al cambiar las ’reglas del juego’.
Electronics Watch
Para satisfacer esta necesidad, las organizaciones responsables de dicho informe, junto a organizaciones de la sociedad civil del sur (como SACOM en China, CEREAL en México, Cividep en India, el Workers Assistance Centre en Filipinas) y un grupo asesor de expertos procedentes de los sectores de las ONG, académico y público, tanto de Europa como de países productores, se están embarcando en la formación de Electronics Watch, una organización independiente que controla las condiciones laborales en la industria electrónica mundial para facilitar las compras socialmente responsables en Europa.
Para esta iniciativa es crucial la voz mayoritaria de los trabajadores/as y de las organizaciones que les representan.
Electronics Watch reunirá a compradores afiliados del sector público y a organizaciones locales de control para obtener una información actualizada sobre los proveedores, controlar las condiciones laborales locales y proponer formas estructuradas de responder ante las infracciones.
Según el programa y el código de conducta de Electronics Watch, las inspecciones deben realizarse por terceros sin previo aviso y los compradores deben comprometerse por escrito al requisito de la divulgación de los proveedores de todos los niveles y al acceso a las instalaciones de las fábricas.
Importantes compradores, tanto de las administraciones públicas como de las universidades de Reino Unido, Alemania, España, Austria y Polonia, han manifestado su entusiasmo por esta iniciativa y se han inscrito para participar en el grupo asesor.
Electronics Watch tiene como objetivo implicar a un consorcio de 60 organizaciones ’afiliadas’ del sector público de toda Europa.
Dichas organizaciones incluirán en sus contratos requisitos para la divulgación de la ubicación de las fábricas, el acceso a las inspecciones de Electronics Watch, las normas laborales y las sanciones para los infractores. Asimismo, estas condiciones contractuales se impondrán a los productores de segundo y tercer nivel.
A continuación, el personal de campo de Electronics Watch trabajará con redes de organizaciones afiliadas para recopilar información, llevar a cabo programas de educación sobre los derechos de los trabajadores, elaborar estudios y aplicar programas de mejoras en las fábricas como la supervisión de las elecciones de representantes sindicales.
Además, Electronics Watch pretende trabajar con grandes compradores específicos, quizá de entre 750 y mil millones de €, para explorar modos de incorporar en las cadenas de suministro reformas de estos contratos, como la garantía de los tiempos mínimos de entrega (entre el pedido y la entrega) que se ha identificado como uno de los principales asuntos que se deben abordar para garantizar unas condiciones laborales decentes.
Asimismo, quiere garantizar mejores precios para las fábricas, dividiendo este coste entre la empresa y el gran comprador y creando la demanda de artículos electrónicos producidos de un modo socialmente responsable.
Lo que nos depara el futuro constituye un enorme reto para todas las partes interesadas, especialmente en el marco del actual clima económico.
Los compradores del sector público tienen límites presupuestarios y órdenes de las instancias superiores de no gastar más de lo absolutamente necesario en equipamiento.
Sin embargo, con el compromiso político que esta iniciativa quiere crear implicando a las entidades públicas en la formación de la organización parece que puede existir una forma de conseguirlo.
