A pesar de las súplicas del primer ministro británico y de un grupo de influyentes musulmanes de Reino Unido y de una petición en línea con más de 29.000 firmas, el destino de un jubilado británico con problemas de salud mental, que ha sido condenado a muerte recientemente en Pakistán por blasfemia, sigue siendo incierto.
El 23 de enero de 2014, Mohammad Asghar, de setenta años y originario de Edimburgo, fue acusado de blasfemia y condenado a muerte por un tribunal de la ciudad de Rawalpindi.
Asghar, que lleva varios años viviendo en Pakistán, fue detenido inicialmente en 2010, tras haber enviado cartas en las que se autoproclamaba profeta.
Sin embargo, la familia de Asghar asegura que éste tiene un amplio historial de problemas de salud mental y que ya le habían diagnosticado esquizofrenia paranoide.
Su equipo jurídico también alega que la acusación de blasfemia la interpuso un arrendatario suyo que tenía un conflicto con él.
Al parecer, Javed Gul, un fiscal del gobierno, declaró a la agencia de noticias AFP que "Asghar afirmó que era un profeta incluso ante el tribunal. Lo confesó delante del juez’.
En Pakistán, un país en el que el 97% de la población es musulmana, la blasfemia contra cualquier religión reconocida se castiga con penas que abarcan desde una sustanciosa multa hasta la condena a muerte.
La encargada de defender a Asghar es Asma Jahangir, una destacada abogada y activista de derechos humanos que ha recurrido la sentencia alegando la deteriorada salud mental de su cliente.
En una entrevista con Equal Times, Jahangir criticó enérgicamente el sistema del poder judicial de Pakistán, en el que el sistema jurídico constitucional y el Tribunal Federal Islámico funcionan en paralelo.
Tanto los musulmanes como las minorías religiosas (en especial la comunidad ahmadí) suelen terminar siendo víctimas de las leyes pakistaníes contra la blasfemia, lo cual provoca un clima de miedo.
Los que defienden a personas acusadas de blasfemia suelen recibir amenazas de muerte y varios políticos que defendían la reforma de dichas leyes han sido asesinados.
El caso más famoso fue el de Salman Taseer, un destacado político contrario a las leyes anti blasfemia y gobernador de la provincia de Punjab, que fue acribillado a tiros el 4 de enero de 2011 por su propio guardaespaldas.
Su asesinato desencadenó protestas en todo Pakistán y campañas de condena en el extranjero.
Un par de meses más tarde, Shahbaz Bhatti, un ministro de Asuntos de las Minorías y católico, también murió a balazos por el mismo motivo.
Asimismo destaca el caso de Rimsha Masih, una adolescente católica que sufre una dolencia psíquica y posiblemente sea la única persona acusada de blasfemia que ha escapado de la posibilidad de ser condenada a muerte.
Fue detenida en agosto de 2012 en Islamabad, la capital, después de que un clérigo local asegurara haberla visto profanando el Corán. Finalmente fue absuelta de todos los cargos y solicitó asilo en Canadá, donde vive hoy en día.
El Centre for Security Studies, un laboratorio de ideas con sede en Islamabad, informa que desde 1990 al menos 52 personas acusadas de blasfemia han sido asesinadas extrajudicialmente.
Sin embargo, dicha acusación es difícil de defender, pues la blasfemia no está rigurosamente definida y los tribunales suelen ser reacios a escuchar las declaraciones, ya que temen que al reproducirlas también pequen de blasfemos.
Los intentos para cambiar la ley son raros y los partidos religiosos se oponen a ellos con violencia.
Cuando en noviembre de 2010 la antigua embajadora en Estados Unidos Sherry Rehman intentó conseguirlo en calidad de diputada del Parlamento, se vio obligada a esconderse tras recibir amenazas de muerte.
