Una reciente votación en el Parlamento Europeo respaldó una resolución no vinculante que invita a los Estados miembro a criminalizar a los clientes y no a las trabajadoras del sexo.

Alrededor de 343 eurodiputados de diferentes grupos políticos respaldaron un informe de la eurodiputada laborista de Londres Mary Honeyball, que recomienda la adopción del ‘modelo nórdico’ para reducir la demanda de prostitución en Europa.

Los que votaron a favor consideran el trabajo sexual como “una violación de los derechos humanos y una forma de violencia contra las mujeres”.

Para ello se basan en datos de la Comisión Europea que vinculan directamente el trabajo sexual con la trata de seres humanos.

Según estas cifras, el 62% de las víctimas de la trata lo son con fines de explotación sexual y el 96% de las víctimas, tanto presuntas como identificadas, son mujeres o niñas.

Honeyball, que presentó el informe, declaró en un comunicado: “El resultado en el Parlamento representa una llamada de atención fundamental por parte de los eurodiputados: no podemos seguir tolerando la explotación de las mujeres”.

Asimismo, elogió a los diputados por haber mostrado su apoyo a “un enfoque más matizado” hacia el trabajo sexual.

“Los recientes cambios en Francia e Irlanda sugieren que soplan vientos innovadores cuyo origen está en Suecia [país que aplicó primero la criminalización del cliente y no de la trabajadora del sexo]. La postura del Parlamento Europeo al respecto es importante y el resultado de la votación simboliza el cambio en las actitudes de los países de la UE sobre este tema y el deseo de los Estados miembro de aprender los unos de los otros”.

“Potencialmente peligroso”

Sin embargo, no todo el mundo apoya la resolución.

Aproximadamente 560 ONG y organizaciones de la sociedad civil, a las que se unieron 86 intelectuales, enviaron una carta a los eurodiputados antes de la votación, pidiéndoles que rechazaran el informe.

En ella aseguraban que dicho informe no conseguía “abordar los problemas ni los daños que pueden rodear al trabajo sexual y en cambio presenta datos sesgados, imprecisos y refutados”.

Varios eurodiputados se han hecho eco de estas inquietudes.

Françoise Castex, una eurodiputada francesa del Partido Socialista, fue una de los 139 eurodiputados que votaron en contra de la resolución (otros 105 se abstuvieron).

Según explicó a Equal Times: “Estoy firmemente convencida de que tenemos que luchar contra la trata y la explotación de seres humanos. Sin embargo, la criminalización de los clientes constituye un enfoque hipócrita que solo provocará más inseguridad para las trabajadoras del sexo y el deterioro de su seguridad y salud”.

Marisa Matias, una eurodiputada portuguesa del grupo Izquierda Unida Europea / Izquierda Verde Nórdica, está de acuerdo.

“En realidad, lo que esta recomendación aporta al debate es una dimensión moralista que equipara la prostitución con la trata de seres humanos. Pero no son lo mismo”, afirmó.

“La prostitución puede ser el resultado de una elección libre, consentida y consciente tomada por adultos. Esto se llama trabajo sexual, no trata de seres humanos. Mezclar ambos no es una solución, sino parte del problema”.

Luca Stevenson, coordinador del Comité Internacional para los Derechos de las Trabajadoras Sexuales en Europa, afirma que el motivo principal de su oposición al ‘modelo nórdico’ es que criminalizar al cliente no da resultados, pues “la policía sigue teniendo como objetivo a las trabajadoras del sexo”.

“El modelo sueco, que consiste en criminalizar a los clientes, no solo es poco eficaz en la reducción de la prostitución y la trata de seres humanos, sino que también es peligroso para las trabajadoras del sexo”, aseguró.

“Aumenta el estigma que constituye la principal causa de la violencia contra nosotros. Se trata de una política fracasada que han denunciado todas las organizaciones de trabajadoras del sexo y muchas de mujeres, LGBT y migrantes, así como numerosos organismos de la ONU”.

En diciembre, la red La Strada International contra la trata de seres humanos, junto a siete ONG asociadas, adoptó una declaración que exige la protección y promoción de los derechos humanos de las trabajadoras del sexo y la disociación del trabajo sexual de los asuntos relacionados con la trata de seres humanos.

En dicha declaración también instaron a que se consultara a las trabajadoras del sexo antes de diseñar políticas nacionales e internacionales relacionadas con la prostitución.