Ha propuesto en su Programa de Gobierno una serie de reformas para el mundo del trabajo, pero debe hacer frente a un empresariado que ha sido reticente a estos cambios por más de cuatro décadas y que por la prensa del duopolio ya ha señalado que la inversión privada podría disminuir si Bachelet decide llevar adelante su programa.

“Hay que nivelar la cancha entre empleadores y trabajadores”, ha expresado Bachelet. No obstante hay cifras alarmantes que atender, entre ellas que sólo un 8 por ciento de los contratos laborales en Chile se negocian colectivamente, 600.000 jóvenes no trabajan ni estudian, la brecha de la desigualdad entre los que más ganan y los que menos sigue en aumento (pueden existir diferencias salariales de 1 a 140) y el salario promedio de los chilenos no supera los 251.600 pesos mensuales (435 USD).

A lo anterior se suma que el trabajo tercerizado ha crecido en Chile, siendo de un 17,3 por ciento para agosto del 2013, y si bien la subcontratación o el trabajo temporal aumentan, con vistas a mostrar mejores cifras de empleabilidad, también crece la posibilidad de tener trabajos menos dignos.

Otro hecho para tener en cuenta, para agosto del mismo año, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en un informe de la Fundación Sol, nos indica que sólo el 56 por ciento de los trabajadores cuenta con un contrato indefinido, pago de cotizaciones, salud y seguro de cesantía.

Lo que deja a un gran número de chilenos y chilenas en una situación laboral precaria.

Otro hecho grave y que no podemos dejar de atender es la facultad que aún tienen los empleadores para reemplazar a los huelguistas, previo el pago de 4 UF (164 USD) por trabajador reemplazado, lo que entorpece los procesos de negociación colectiva y el poder de los sindicatos.

Las propuestas

Las propuestas del Bachelet, que apuntan a emparejar la cancha entre los actores sociales, son básicamente tres:

La primera es ampliar la sindicalización y la negociación colectiva.

Un segundo grupo de acciones busca aumentar la participación laboral, la calidad del empleo, los salarios (salario mínimo y pago de gratificaciones) y aumentar la productividad.

Y el tercer grupo de lineamientos tiene la finalidad de fortalecer y mejorar la institucionalidad laboral del país.

Hay que tener en cuenta que el aumento de las remuneraciones de los trabajadores está puesto por el programa de Gobierno de Bachelet en estrecha relación y casi condicionado al aumento de la productividad, algo para ser analizado con mayor atención.

Como indica la OIT en su libro “Las Reglas del Juego”: “el trabajo no es como una manzana o como un aparato de televisión, no es un objeto inanimado que puede negociarse para obtener el mayor provecho o conseguir el más bajo precio”, por lo que seguir viendo el desarrollo económico como el objetivo de un Gobierno, es un error siendo que la meta debería ser mejorar la calidad de vida de las personas.

Los retos

Para llevar adelante su programa lleno de buenas intenciones, Bachelet tendrá que hacer frente a un empresariado nacional y trasnacional acostumbrado a operar en Chile con reglas a su medida y no de la clase trabajadora.

Tendrá que lidiar con el poder de los grandes medios de comunicación, cuya agenda responde a intereses del empresariado, y tendrá que saber dialogar y concitar el apoyo popular de los estudiantes y trabajadores cuya protesta social ha crecido en los últimos años.

Por su parte, vendrá a apoyar las demandas de los trabajadores en Chile la campaña por la Libertad Sindical, acción impulsada por la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA).

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) tiene una gran responsabilidad que asumir para hacer respetar los Convenios Internacionales ratificados por Chile a la fecha, frente a su interlocutor directo en la Moneda, Javiera Blanco, la Ministra del Trabajo, quien proviene de la dirección de la Fundación Paz Ciudadana, entidad ligada a Agustín Edwards, propietario de El Mercurio, medio masivo con fuertes lazos y compromisos con el empresariado.