En 1979 EE.UU. empezó a retirar sus tropas de la Zona del Canal, y las bases fueron ‘revertidas’ al territorio panameño.

En Arco Iris, que es una de las ‘áreas revertidas’ de la provincia de Colón, residen muchos descendientes de trabajadores negros del Canal de Panamá, a quienes separaron de sus homólogos blancos, pagándoles menos que a estos, a raíz de una versión de las leyes de segregación racial de Jim Crow aplicadas por EE.UU.

Los residentes de este barrio alegan que el Gobierno panameño está prolongando el racismo de EE.UU. al tratar de forzarles a abandonar sus tierras para venderlas a propietarios particulares.

Afirman que se les están denegando los títulos de propiedad de sus hogares y que están viéndose obligados a cubrir los gastos de importantes reparaciones necesarias, de las cuales el Gobierno debería hacerse cargo en tanto que propietario actual.

Durante los últimos meses, aproximadamente 200 residentes de Arco Iris han decidido presentar una denuncia ante la Corté Suprema contra el Gobierno de Panamá, reclamando indemnizaciones por toda una serie de reparaciones pendientes así como el derecho a sus tierras.

La suya no es más que una de las numerosas campañas populares que se están llevando a cabo con relación al derecho a las tierras en un país donde una pronunciada tasa de crecimiento del 8,4% está generando una gran afluencia de promotores e inversores internacionales.

El lunes 31 de marzo de 2014, multitudes de residentes y activistas locales se manifestaron a lo largo de la carretera que separa el barrio de la Zona Franca Industrial de Colón, reclamando justicia.

Pero el Gobierno rechaza las acusaciones de racismo.

“Nosotros hemos estado administrando todo lo que concierne áreas revertidas independientemente de qué barrio o qué zona sea”, afirmó Juan Carlos Orillac, Secretario Ejecutivo de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR), encargada de supervisar la transferencia de áreas revertidas en las provincias de Panamá y Colón.

La Ciudad de Arco Iris está formada por tres secciones; la más nueva, creada en 1983, no forma parte de la denuncia. Las dos secciones más antiguas, establecidas respectivamente en 1919 y 1945, están principalmente habitadas por funcionarios del Gobierno Federal de EE.UU. jubilados y por viudas de pensionistas, que temen no llegar nunca a adquirir sus títulos de propiedad.

Los demandantes se dividen en diferentes categorías: algunos pertenecen a familias que han vivido en las tierras durante décadas, mientras que otros se mudaron en el período posterior a la reversión; algunos deben los pagos mensuales de antiguos préstamos hipotecarios, mientras que otros han efectuado todos los pagos y están esperando recibir una confirmación de propiedad.

Josefa Barrios, Catedrática de la Universidad de Panamá en Colón, encabeza la lucha en nombre de su difunta madre, viuda de un trabajador de la Zona del Canal, que nunca vio la escritura de su casa a pesar de repetidas tentativas para comprarla a lo largo de casi 30 años.

Algunos residentes creen que el Gobierno alberga la esperanza de agregar sus tierras a la Zona Franca Industrial de Colón, uno de los mayores puertos francos del mundo. “Es como si estuvieran pensando ‘todo el mundo tiene que morirse tarde o temprano’”, afirma Barrios.

Pero los delegados del Gobierno dicen que no van a separar a los residentes de sus tierras. “La ley decía que tenía seis meses para poder optar por comprar, o si no tendrá que empezar un nuevo arrendamiento; no que iba a sacar a las personas”, dice Orillac.

 

Desalojos

Con todo, el Gobierno panameño no es ajeno a las acusaciones de tentativas de desalojo injusto, indica Esteban Lam, historiador y periodista residente en Arco Iris.

A medida que los promotores acuden en tropel a las costas del país, las comunidades negras e indígenas protestan continuamente por la confiscación de las tierras donde viven.

A finales de 2012, en la ciudad de Colón, los residentes terminaron por llevar a cabo revueltas mortales en respuesta a una ley que habría permitido al Gobierno vender tierras propiedad del Estado en la Zona Franca Industrial. Poco después, el

Presidente Ricardo Martinelli decidió desechar la propuesta.

A principios de octubre de 2013, los residentes de Arco Iris bloquearon una de las carreteras principales para protestar contra una propuesta de decreto que incrementaría el precio de la tierra en Arco Iris de 20 a 60 USD por metro cuadrado. Una persona sujetaba un cartel que decía: “Somos personas, no monederos”.

En respuesta a esto, Roderick Rivera, administrador regional de las zonas revertidas, declaró a la prensa que el Gobierno no estaba vendiendo propiedades en Arco Iris.

Todos los ciudadanos que han pagado son propietarios de sus hogares, y los que todavía no han pagado están siendo notificados, dijo.

Tras una reunión celebrada con los manifestantes a principios de noviembre, el Gobierno nacional prometió frenar el aumento de los precios, pero los residentes de Arco Iris dicen que desde entonces no han vuelto a oír nada más.

Orillac dice que el principal problema es que los residentes de Arco Iris quieren obtener sus títulos de propiedad de forma gratuita, mientras que la mayoría de los residentes de otras comunidades de las zonas revertidas han aceptado pagar precios más elevados por sus hogares.

Pero los manifestantes de Arco Iris argumentan que el Gobierno ha modificado el destino de las transacciones a lo largo de los años, modificando y ampliando cada vez los requisitos. Algunos llevan décadas pagando, y consideran que no tienen por qué pagar más.

 

Arrendador negligente

Durante la ocupación de la Zona del Canal, EE.UU. asignó a los trabajadores negros una nómina ‘plateada’, inferior. Pero tras las presiones locales en la década de 1950, el ejército estadounidense introdujo mejoras en las condiciones de los trabajadores de nómina plateada, añadiendo zonas recreativas y ampliando las áreas de alojamiento.

El Gobierno panameño, por su parte, es un arrendador todavía más negligente.

Cuando Yolanda Corinealdi y su marido se mudaron a la sección Coiner de Arco Iris en 1988, la casa de cemento de una habitación estaba valorada en aproximadamente 6.000 USD. “Cuando falleció mi esposo, yo hice un préstamo para comprar la casa. Cuando fui, me dicen que yo no puedo comprar la casa porque la casa estaba a nombre de mi esposo”, explica.

Ahora la casa está valorada en el triple de la cantidad original. Los promotores privados de la Zona Franca Industrial han invertido fuertemente en la periferia.

Corinealdi está pagando un crédito por la casa, al tiempo que ahorra para poder eventualmente comprarla.

El mes pasado se vio obligada a cobrar un cheque por su valor original para poder cubrir los gastos de las reparaciones urgentes – el tejado se está cayendo y el baño se inunda cada vez que llueve.

En las reuniones quincenales del comité, la mayoría de los asistentes cuentan historias parecidas: tejados dañados, viviendas inundadas y cimientos hundidos.

Orillac dice que el Gobierno sólo repara las propiedades cuando es “inminentemente necesario”, puesto que un porcentaje importante se ha deteriorado considerablemente a lo largo de las últimas décadas.

Dice que no le habían informado sobre los planes que tiene la comunidad de presentar una denuncia.

Con las elecciones generales previstas para principios de mayo, es probable que el actual Gobierno en funciones no tome ninguna decisión importante sobre esta situación.

Los asistentes esperan que el inicio de los procedimientos judiciales consiga que preste más atención a su caso e incite a los políticos entrantes a tomar medidas.

Pero a Barrios le preocupa que el grupo no esté lo suficientemente comprometido como para superar las dificultades que entraña una batalla legal.

Nadie quiere abandonar Arco Iris, pero la presión está aumentando rápidamente.

La familia de Miguel Critchlow ha vivido en la misma casa en Arco Iris desde la década de 1970. Ingeniero industrial de la Universidad de Panamá en Colón, el propio Critchlow ha realizado una serie de renovaciones en su casa, incluyendo una ampliación.

Entre las ampliaciones y las reparaciones necesarias, considera que ha invertido demasiado trabajo en la casa como para abandonarla sin batallar.

Y las condiciones en el barrio son mejores que en el centro ciudad de Colón, donde algunos residentes carecen de acceso a servicios básicos como agua potable y electricidad.

A pesar de la historia de la región, los residentes de Arco Iris siguen perteneciendo a Colón. Critchlow dice que el Gobierno de Panamá debería tratar Arco Iris como parte del país, en lugar de prolongar una historia de segregación.

“Prometieron al Gobierno de EE.UU. que se harían cargo de nuestros problemas. Pero de lo único que se hacen cargo es de las rentas.”