Según el comunicado de prensa del ACNUR, “tras los trágicos naufragios en que murieron más de 600 personas, desde que en octubre de 2013 el Gobierno italiano estableció la operación de rescate ‘Mare Nostrum’ ha rescatado a más de 20.000 personas en el mar”.

Entre los rescatados había mujeres y niños procedentes de Siria, Eritrea, Somalia, Nigeria, Gambia, Malí y Senegal que zarparon de la costa libia en embarcaciones abarrotadas.

Estos rescates reflejan el dramático aumento de los migrantes que se arriesgan a morir en el mar para intentar llegar a Europa huyendo de la guerra, la persecución y la pobreza.

Tan solo durante el primer trimestre de 2014, llegaron a Italia por mar alrededor de 18.000 personas, una cifra considerable si se compara con los 43.000 que llegaron durante todo el año de 2013.

Según el ministro del Interior, Angelino Alfano, entre 300.000 y 600.000 más están esperando en la costa libia para embarcarse en el peligroso viaje a Europa.

Sin embargo, en un país que sigue sufriendo las consecuencias de la crisis económica, los 9 millones EUR (12,5 millones USD) al mes que cuesta financiar la Operación ‘Mare Nostrum’ están siendo sometidos a una presión cada vez mayor, en especial por parte de los partidos políticos de derechas en vísperas de las elecciones europeas.

Estos partidos creen que la operación (una misión militar y humanitaria que organiza patrullas en el canal de Sicilia y ofrece comida, ropa y revisiones médicas a los migrantes rescatados) alentará a que crucen más inmigrantes.

Las organizaciones de la sociedad civil no están de acuerdo.

En una entrevista con Redattore Sociale, Christopher Hein, el director del Consejo Italiano para los Refugiados, defendió la necesidad de seguir con la Operación Mare Nostrum, haciendo hincapié en que no ha habido ni un solo naufragio en más de seis meses (la primera vez que esto ocurre desde 1998).

Un plan de emergencia tras otro

Independientemente de este debate, las cifras de migrantes que llegan a Italia por mar recuerdan a las registradas en 2011, tras la Primavera Árabe.

Entonces, el Gobierno italiano creó inmediatamente el Plan de Emergencia para el Norte de África, que duró hasta febrero de 2013 y acogió a unos 28.000 refugiados, cifra que constituye únicamente una pequeña parte de los más de 900.000 refugiados que huyeron solo de Libia

Pero Italia, en lugar de establecer y coordinar un sistema adecuado de recepción, ha demostrado su incapacidad para gestionar los flujos de migración, tropezando de una emergencia a otra.

Los fondos invertidos han cosechado pocos resultados y no han conseguido concretar un programa de asistencia social coherente, estructurado y basado en la integración laboral y la vivienda.

Incluso el Consejo de Europa ha descrito las medidas italianas como “equivocadas y contraproducentes”.

El carácter improvisado de los centros de acogida en Italia (que se abren y cierran sin un verdadero programa de gestión), la falta de un sistema nacional para la protección de menores no acompañados, las condiciones de hacinamiento en los centros de acogida y la falta de un personal cualificado ilustran bien este argumento.

Alessandra Sciurba, una investigadora sobre migración y pobreza de la Universidad de Palermo, explicó a Equal Times que “este es un método de gestión que permite el uso de fondos de la Unión Europea. Continuamente estamos hablando sobre la falta de una infraestructura de acogida en Italia; es un derroche irracional de recursos humanos”.

Trabajadores en Rosarno

El “hogar” de los migrantes que se quedan en Italia suele estar hecho de lonas de plástico o ser una chabola improvisada de madera.

Para sobrevivir, muchos de los migrantes deciden trabajar en el sector agrícola, como en la población de Rosarno, situada en el sur de Italia, cerca de la costa occidental de Calabria, que acaparó todos los titulares del mundo en 2010, cuando cientos de trabajadores/as migrantes se amotinaron contra sus duras (y a menudo explotadoras) condiciones laborales.

Cada año, alrededor de 2.000 migrantes participan en el mercado negro de Rosarno: la cosecha de cítricos.

Hassan Mamadudja, un hombre de 35 años procedente de Mauritania, trabajó en Rosarno durante tres meses, menos de tres días a la semana, por una media de 25 EUR (34 USD) al día.

Él es uno de los 28.000 migrantes que llegaron a Italia en 2011 y que fueron acogidos mediante el plan de emergencia para el Norte de África.

Ahora que ha acabado la temporada, Hassan se ha desplazado al norte en busca de trabajo. Vive en un centro de acogida de la ciudad norteña de Verona y se encuentra en la misma situación que hace tres años: buscando un trabajo y sin una vivienda real.

“En Rosarno nos explotaban. Me sentía como en Libia durante la guerra, cuando nos escondíamos”, relata Hassan a Equal Times.

Los abusos a los trabajadores/as migrantes están bien documentados: la mayoría no reciben contratos legales; sufren unos horarios laborales excesivos y malos tratos; y se alojan en lugares donde faltan servicios básicos, como la electricidad, el agua y la asistencia sanitaria.

“En estas circunstancias, las enfermedades se propagan rápidamente”, asegura Alberto Barbiere, coordinador general de Medici per i Diritti Umani (Médicos por los Derechos Humanos o MEDU).

Sin embargo, según los datos publicados por esta organización de médicos independientes, el 70% de estos trabajadores/as migrantes tienen un permiso de residencia válido y casi la mitad obtuvieron dicho permiso por razones humanitarias o de protección internacional.

MEDU ha condenado la situación y ha pedido al nuevo gobierno que facilite los recursos necesarios para luchar contra la explotación de los trabajadores/as migrantes en el sector agrícola italiano.

Marco Miccoli, del Partido Democrático, afirma: “Existe la necesidad de una intervención reguladora que debe venir acompañada de un movimiento político y cultural: ese es el esfuerzo”.

El Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), aprobado por el Parlamento Europeo en marzo, ha movilizado un presupuesto total de 3,1 mil millones EUR (4.200 millones USD) para el período entre 2014 y 2020.

Italia será el segundo mayor beneficiario de este fondo. “Ahora, el Gobierno italiano debe responsabilizarse de construir un sistema eficiente para la integración de los migrantes y solicitantes de asilo", advierte dicho organismo de la UE.