Todo comenzó bajo la dictadura de Augusto Pinochet el 13 de agosto de 1981, cuando fue modificado el Código de Aguas (DFL 1122) para ceder de manera ilimitada, gratuita y a perpetuidad, el vital elemento a manos del sector privado.

Luego durante los gobiernos de la concertación y la administración piñerista, las sanitarias también correrían la misma suerte, como es el caso de Aguas Andinas, o Esval, entre otras, bajo el lema del “Golden share”, y que el Estado conserve un mísero 5%.

En Chile los derechos de aguas se dividen en consuntivos y no consuntivos. Los primeros permiten consumir totalmente el agua en una actividad y los segundos obligan a restituir lo no utilizado al afluente.

Las aspiradoras del agua son, en el norte la minería, hacia el centro la agricultura, y en el sur los monocultivos forestales junto a una serie de proyectos hidroeléctricos.

En el norte del país la escasez hídrica es extrema, como también la calidad de las aguas destinadas al consumo humano. En ellas se han detectado fuertes concentraciones de arsénico, según estudios de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS).

Dicho elemento mortal, según la norma chilena, por litro de agua debe registrar un máximo de 0,01 miligramos, sin embargo en Arica la cifra es de 0,0113 y en Pozo Almonte 0,0307.

Las empresas mineras nacionales y trasnacionales, en vez de invertir en tecnologías para una minería no química o bien para desalinizar agua de mar para sus procesos, externalizan todos los costos hacia el medio ambiente y las comunidades aledañas.

En el centro del país es el sector agroexportador el responsable. Monocultivos de paltos, que demandan mucha agua, o comisiones de regantes, que embalsan el agua en los sectores más altos, en desmedro de llano… el ciclo hídrico natural es manipulado, en beneficio de pocos y perjuicio de muchos.

Ex ministros del gobierno y otros responsables públicos han sido denunciados por las organizaciones ciudadanas que se ven afectadas por las usurpadoras medidas consagradas por el artículo heredado de una dictadura.

Financiarización de la Naturaleza

Es el caso que acontece con el estero Los Ángeles en el afluente del río Ligua, provincia de Petorca, del cual el ex ministro Pérez Yoma ha hecho aprovechamiento, denuncia tras la cual el dirigente vecinal e ingeniero agrónomo Rodrigo Mundaca hoy es perseguido con la pena de cárcel.

Hacia el sur los responsables son los monocultivos de pinos y eucaliptus, quienes secan las napas subterráneas. No obstante el gobierno sigue apoyando su plantación y modelo de expansión forestal. Para encontrar agua en lugares donde uno antes lo lograba cavando uno o dos metros, hoy se debe hacer una perforación profunda de hasta 50 metros o más para dar con el recurso estratégico del siglo XXI.

La Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN), ha denunciado que “el creciente despojo de campesinos, agricultores y pueblos originarios en el acceso al agua, genera día a día conflictos locales en aumento que en distintos niveles afecta a la calidad de vida de la población rural. Estos en su gran mayoría están invisibilizados”.

Mientras tanto, la mercantilización de la naturaleza está al orden del día en Chile. Si recordamos que el 97% del agua del mundo es salada y solo un 3% es dulce, ésta queda como un bien escaso que los especuladores han convertido en un bien económico, antes que un derecho humano.

Ciper haciendo lectura de un informe del Banco Mundial del año 2011 ha revelado que en el país entre 2005 y 2008, se realizaron casi 25.000 transacciones de compra y venta de derechos de agua entre entes privados por un valor anual cercano a los 1.200 millones USD.

Un suculento negocio al que la diputada del PPD, Cristina Girardi, quiere poner atajo. “Lo que más le preocupa al sector de la Alianza es que esto permanezca así y sea parte del mercado. Si lo regula el mercado, como quiere la Alianza, deja de ser un derecho humano”, explicó.

Por su parte según informó AIFBN “la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados comenzó la discusión de un proyecto de ley que modifica el Código de Aguas, pero no es suficiente declarar que el agua es un bien nacional de uso público, ya que si no se modifica el mecanismo para entregar y transferir los derechos de aprovechamiento de este bien común al sector privado, se sigue permitiendo que se transforme en un bien económico que se puede transar en el mercado”, puntualizó.

Mientras tanto, las ciudadanía organizada mantiene diferentes acciones en pro de recuperar el agua, el recurso estratégico del siglo XXI, como un derecho humano. Una de ellas es la “Campaña Ciudadana Por La Derogación Del Código De Aguas”, otra es la liderada por AIFBN,que ha elaborado un mapa con los principales conflictos del agua en Chile.