Ya es hora de poner fin a la privatización de la agenda de desarrollo

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En 2000, Naciones Unidas anunció ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) destinados a reducir la pobreza en el mundo.

Dado que estos objetivos “expiran” el próximo año, se están definiendo otros nuevos en las asambleas y los pasillos de la ONU.

Algunas puertas en la ONU estarán cerradas a un escrutinio de la opinión pública, pero abiertas de par en par a las corporaciones.

“Esta cuestión será determinante para el futuro de la ONU”, comentó recientemente un miembro de la delegación brasileña ante la ONU, Guilherme Patriota.

La ONU se está concentrando cada vez más en las asociaciones para el desarrollo con el sector privado, como quedó demostrado en la idea de Ban Ki-moon sobre una nueva facilidad de la ONU sobre asociación con el sector privado.

No obstante, durante las negociaciones sobre “asociaciones para el desarrollo”, la información va resultando cada vez menos accesible a las organizaciones de la sociedad civil, debido a la presión de las empresas.

El margen de oportunidad ofrecido a las grandes empresas en la ONU ha dado ya más peso al discurso corporativo… y a sus intereses.

La ayuda al desarrollo está siendo progresivamente privatizada: una cantidad cada vez mayor de ayuda, de dinero de los contribuyentes, está siendo encauzada hacia compañías privadas o instituciones financieras, principalmente en los países desarrollados, en lugar de destinarse a organizaciones caritativas o Gobiernos en países en desarrollo.

Las corporaciones han creado un conflicto de intereses en la agenda del desarrollo.

Desde 2007, instituciones de financiación al desarrollo, particularmente en Europa, han incrementado sus flujos financieros al sector privado en casi el 200 por ciento.

No obstante, algunos estudios encontraron que en los flujos de ayuda al sector privado del Banco Europeo de Inversión y el Banco Mundial, prácticamente la mitad del dinero desembolsado para la ayuda se destinó a apoyar a compañías basadas en países desarrollados y en paraísos fiscales, mientras que apenas el 25 por ciento de las compañías asistidas estaban domiciliadas en los países menos desarrollados, a los que se destina la ayuda.

Gracias a esto, los Gobiernos de países desarrollados pueden “subcontratar sus responsabilidades respecto al desarrollo”, señala Guilherme Patriota.

Según Jens Martens, del Global Policy Forum, este creciente poder de las empresas a la hora de establecer la agenda redunda en detrimento tanto del sistema multilateral como de los propios Estados.

“Cuando son las empresas las que las fijan la agenda para los Gobiernos, se socava su responsabilidad y la transparencia y en última instancia el poder de los Gobiernos”, comentó.

Durante el reciente Congreso Mundial de la CSI, Roberto Bissio de Social Watch recordó a los asistentes que las “empresas no rinden cuentas a los ciudadanos. Cuanto más poder tengan las empresas en el sistema multilateral de la ONU, más desigualdades veremos entre los países y dentro de un mismo país”.

El desarrollo atañe a las personas y a sus derechos. Las empresas buscan beneficios. Ya es hora de recordar a Naciones Unidas que hay que poner a las personas por encima de los beneficios.