Hoy en día, la mina de Kayelekera en Karonga, ubicada en el norte del país, es la mayor de Malawi, aunque en los últimos tiempos el gobierno ha emitido nada más y nada menos que 26 licencias de explotación minera, incluidas algunas para explotar minerales de tierras raras.

La minería tiene el potencial para mejorar la economía de Malawi, un pequeño país del sur de África con aproximadamente 15 millones de habitantes y que durante los últimos 50 años ha dependido en gran medida del tabaco, el azúcar y el té como sus principales productos de exportación.

El año pasado, el Financial Times publicó que la industria minera de Malawi era tan prometedora que podía convertirse en la mayor productora africana de minerales de tierras raras.

Además, el artículo señaló que, si se gestionaban con eficacia, los ingresos de la industria podían generar importantes beneficios socioeconómicos para este país que, con un PIB de 4.264 USD, suele mencionarse como una de las naciones más pobres del continente.

Sin embargo, la experiencia con la mina de Kayelekera sugiere que a Malawi, como a otros muchos países africanos, todavía le queda un largo camino por recorrer antes de que sus recursos minerales se traduzcan en riqueza económica para el pueblo.

A principios de este año, Paladin Africa anunció la suspensión de sus operaciones en Kayelekera, aduciendo que los precios del uranio habían bajado en el mercado mundial tras el desastre nuclear de Fukushima en 2011.

Esta fue la gota que colmó el vaso del polémico acuerdo que recibió duras críticas desde sus inicios.

Además de la preocupación por la contaminación y los problemas de salud relacionados con la radiación, los activistas locales y el público en general también se indignaron porque Paladin, a la que habían otorgado una concesión de 12 años para explotar la mina, nunca había declarado ningún ingreso y, por tanto, nunca había pagado ningún impuesto.

Para la mayoría de los malauíes, es inconcebible que Paladin Africa pudiera explotar una mina tan grande generando pérdidas. Por tanto, con la suspensión de sus operaciones, simplemente parece que Paladin Africa está evitando cumplir con la totalidad de sus obligaciones contractuales.

Una ONG local, el Centre for Social Concern (CfSC), acusó al gobierno de haber orquestado lo que llamó “el saqueo de los recursos naturales de Keyelekera” y ha movilizado a la comunidad local para protestar.

Sin embargo, eso no ha evitado que más de 300 personas perdieran sus puestos de trabajo.

En un país donde el desempleo afecta extraoficialmente al 70% de la población y donde los trabajos decentesy cualificados son todavía más raros, no se trata de una cifra insignificante.

El pueblo de Malawi está indignado porque su gobierno firmó este acuerdo explotador, dejando que la gente de a pie pagara el precio.

Pero la triste realidad es que la suspensión fue totalmente legal.

Por tanto, la pregunta es “¿cómo pudo firmar el gobierno un acuerdo tan perjudicial?”.

Ni expertos ni experiencia

Parte del problema se puede atribuir al hecho de que el gobierno de Malawi carece del personal cualificado para negociar contratos y gestionar la industria minera eficazmente a nivel técnico y político.

A pesar de que hace décadas que los migrantes malauíes trabajan en las minas de Sudáfrica y Zimbabwe, estos han sido, casi en su totalidad, obreros. Asimismo, la minería es todavía una industria relativamente nueva en el país.

El pasado junio, el ex ministro de minería de Malawi, John Bande, admitió que esta falta crítica de competencia había dejado al país vulnerable ante la ‘explotación’ de las empresas mineras extranjeras.

Su solución consistía en contratar a expertos de Escocia para que vinieran a formar a los malauíes en los ámbitos de la legislación y la ingeniería minera.

Pero si el gobierno reconoce un déficit de conocimiento en los asuntos de la minería, ¿por qué sigue otorgando nuevas licencias si faltan expertos locales que trabajen para garantizar el mejor resultado posible para el pueblo?

El año pasado, un estudio conjunto realizado por la organización Norwegian Church Aid (NCA) y una ONG local católica, la Catholic Commission for Justice and Peace (CCJP), denunció que Malawi pierde al año 43,87 millones USD a causa de lo que denomina “incentivos corporativos”, también conocidos como evasión fiscal.

43,87 millones USD constituyen más del 60% del actual presupuesto de sanidad de Malawi. Son casi la mitad de los 103,7 millones USD asignados al influyente Programa de Subvenciones Agrícolas del país que ha ayudado a reducir la pobreza y la inseguridad alimentaria. Además, es una suma más que suficiente para costear los gastos de las universidades públicas del año pasado, que ascendieron a 34,98 millones USD.

Si analizamos estas cifras, se podría pensar que la minería es una de las prioridades de la agenda política en Malawi, pero este no es el caso.

De hecho, de los 12 partidos políticos que se presentaron a las recientes elecciones de mayo, tan solo el ganador, el Democratic Progressive Party (DPP), debatió en profundidad la minería en su programa electoral.

El programa electoral hacía hincapié en que las políticas sobre minería debían proteger el derecho de los ciudadanos a un acceso equitativo a los recursos naturales. Para garantizar esto, el gobierno del DPP prometió desarrollar y aplicar el uso transparente, responsable y eficaz de los recursos naturales para el desarrollo del país.

Sin embargo, las palabras se las lleva el viento. Ya es hora de pasar a la acción.

El gobierno tiene que rendir cuentas ante sus ciudadanos y las empresas mineras tienen que rendir cuentas ante el gobierno.

En Malawi, donde más del 80% de la población vive de la agricultura, esto es crucial. La minería utiliza las mismas tierras que los campesinos, por lo que la falta de una visión a largo plazo significa que las comunidades locales se ven obligadas a sufrir unas consecuencias graves a largo plazo.

Pero Malawi no es el único país que lucha para obtener beneficios de sus recursos naturales.

Lo que ocurrió en Kayelekera (el turbio contrato de explotación minera, la absoluta falta de transparencia en lo relativo al acuerdo tanto por parte de la empresa minera como del gobierno, la evasión fiscal, los precios de transferencia y, no en este caso concreto pero sin duda en otras ocasiones, la corrupción), ocurre en todo el continente. Y esto solo sirve para socavar el potencial transformador del sector de la minería en África en el ámbito socioeconómico.

En 2013, el ex Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, presentó este asunto ante la cumbre del G8 y pidió ayuda para acabar con “la explotación sin escrúpulos de los recursos africanos”.

Asimismo, hizo referencia alInforme del Progreso de África de 2013, que expone una detallada agenda para que este continente rico en recursos acabe con la pobreza.

El presidente recién elegido de Malawi, Peter Mutharika, debe tomarse en serio estas recomendaciones y no limitarse a abordar el asunto de boquilla, como hizo la administración de Joyce Banda durante los dos años que ostentó el poder.

A pesar de que el difunto Bingu wa Mutharika era su hermano y firmó el acuerdo original de Kayelekera, el nuevo gobierno parece haber empezado con buen pie.

Resulta esperanzador que Botswana, que constituye uno de los mejores ejemplos africanos en lo relativo a la gestión eficaz de sus recursos naturales para beneficiar al pueblo, haya ofrecido ayuda a Malawi en este asunto.
Mutharika debe aceptar dicha oferta.

Si el gobierno no dispone de expertos sobre minería,entonces el nuevo gobierno no debe firmar ningún otro contrato de explotación minera hasta que los tenga. Y una vez que dichos expertos estén aquí, deberían seguir el ejemplo de países como la República Democrática del Congo y Mozambique, naciones que han renegociado varios contratos perjudiciales.

La cruda realidad es que las multinacionales mineras no están en Malawi para desarrollar el país; están en Malawi para obtener ganancias.

Pero depende del gobierno el garantizar que estas empresas estén controladas para que la riqueza natural del país pueda beneficiar a su propio pueblo durante las generaciones venideras.