En la República Centroafricana (RCA) se han cometido – y se sigan cometiendo – crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
Así lo ha dejado patente el informe titulado “Tienen que irse todos o morir”, publicado ayer por nuestras organizaciones.
El informe ha sido elaborado a partir de una serie de misiones de investigación llevadas a cabo en la RCA, y establece las responsabilidades que cada una de las partes implicadas en el conflicto, a saber las milicias anti-balaka y los Seleka.
“Se trata de un conflicto político-étnico por el control del poder, que ha ido adquiriendo paulatinamente una dimensión religiosa. Los que dan las órdenes está llevando a cabo un proceso de limpieza étnica y están cometiendo crímenes internacionales por los que deberán rendir cuentas”, ha declarado Mathias Morouba, Vicepresidente del Observatorio Centroafricano de los Derechos del Hombre (OCDH).
El informe denuncia igualmente un conflicto que se origina en la impunidad de los crímenes cometidos en el pasado, debido a la incapacidad de la justicia, tanto nacional como internacional, de juzgar a los principales responsables de dichos crímenes.
Desde el 5 de diciembre de 2013, y a partir de la ofensiva contra la capital, Bangui, los anti-balaka están atacando sistemáticamente a los civiles, en particular a los musulmanes.
Más de una veintena de enclaves donde viven entre 15.000 y 20.000 musulmanes están siendo asediados por las milicias anti-balaka, que han aprovechado la retirada estratégica de los ex rebeldes Seleka al norte y al este del país, donde éstos continúan perpetrando graves violaciones de los derechos humanos así como crímenes internacionales.
Entre los Seleka, parece que los elementos recopilados en este informe han logrado establecer las presuntas responsabilidades del ex Presidente Michel Djotodia, de su Jefe de los Servicios de Inteligencia Noureddine Adam, e incluso del Jefe de las milicias sudanesas Jajawid, el General Moussa Assimeh.
En lo que respecta a los anti-balaka, las investigaciones que se han llevado a cabo han permitido establecer la presencia y el activismo de numerosos oficiales de las Fuerzas Armadas Centroafricanas (FACA) y de personalidades próximas al derrocado Presidente François Bozizé.
Las instrucciones dadas por los anti-balakas, así como sus reivindicaciones y las acciones que han llevado a cabo, están por lo general dirigidas a provocar el caos en la situación humanitaria, política y de seguridad, para facilitar así el retorno a la escena política centroafricana del antiguo presidente, con el pretexto de “el caos y yo”.
“La comunidad internacional debe apoyar a las fuerzas africanas, francesas y, en breve, de la ONU, para poner fin a estos crímenes, proteger a la población civil y llevar ante la justicia a los responsables de estos crímenes”, ha declarado Karim Lahidji, Presidente de la FIDH.
Terminar con la impunidad
La Presidenta interina de la RCA, Catherine Samba-Panza, acaba de remitir esta cuestión a la Corte Penal Internacional (CPI) y ha creado recientemente una Célula Especia de Investigación e Instrucción (CSEI, por sus siglas en francés).
La CSEI, con el apoyo de la comunidad internacional, debe investigar los abusos que se están cometiendo, establecer las responsabilidades de los autores y señalar a los responsables de los crímenes internacionales cometidos, así como instruir unos procesos penales que permitan detener a los dirigentes de los grupos armados que continúan en activo.
Por su parte, la CPI debe abrir una investigación sobre los crímenes perpetrados en la República Centroafricana, que sin duda forman parte de sus competencias.
El pasado 12 de junio, el Gobierno de la República Centroafricana remitió oficialmente a la CPI la situación de los crímenes cometidos en la RCA desde el 1 de agosto de 2012, por considerar que carece de la capacidad necesaria para perseguir a los principales responsables.
Esta decisión, que nuestras organizaciones vienen recomendando desde hace tiempo, constituye una primera etapa importante. La Fiscal deberá ahora abrir lo más rápidamente posible una investigación sobre los graves crímenes cometidos en la RCA.
”Es tal la necesidad de justicia de la República Centroafricana, que ni la justicia nacional ni la CPI estarán de más para juzgar a todos los autores y responsables de estos crímenes”, ha declarado Drissa Traoré, Vicepresidente de la FIDH.
En mayo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como el Presidente de Estados Unidos, establecieron sanciones contra cinco individuos, entre ellos el ex Presidente François Bozizé, el Coordinador de las milicias anti-balaka, Levy Yakété, y el número dos de la antigua coalición rebelde Seleka, Noureddine Adam.
No obstante, estas sanciones deben extenderse a otras personalidades y estar respaldadas por otros Estados, así como por la Unión Europea.
Joseph Bindoumi, Presidente de la Liga Centroafricana de los Derechos del Hombre (LCDH), ha declarado: “Los grupos armados, tanto los Seleka como los anti-balaka, reciben instrucciones, dinero y apoyo para llevar a cabo esta política del caos y enfrentar a unas comunidades contra otras. La justicia nacional e internacional debe apuntar a los autores de los crímenes cometidos, pero, sobre todo, debe lograr neutralizar las actividades de los responsables que dan las órdenes.”
