El pasado 1 de julio, las organizaciones sindicales españolas convocaban en la céntrica plaza del Callao en Madrid una importante concentración en solidaridad con representantes sindicales perseguidos por ejercer el derecho a la huelga.

Con la concentración del 1 de julio de 2014 en Madrid, los sindicatos españoles y la CSI, representada por su Presidente João Felicio, mostraban así su apoyo a las más de 260 personas encausadas en nuestro país para las que el Ministerio Fiscal pide en conjunto un total de 120 años de cárcel por su participación en huelgas.

En total se trata de 81 procedimientos abiertos y más de 260 trabajadores y sindicalistas procesados.

La concentración denunciaba públicamente ese día la ofensiva penal contra los sindicatos en España y el derecho a la huelga, reconocido en la Constitución española.

Con este ataque sin precedentes a las libertades en España se quiebra una larga tradición, de casi 40 años, durante los cuales los trabajadores y trabajadoras españoles hemos venido ejerciendo el derecho a la huelga de manera democrática y dentro de nuestro marco constitucional.

No es únicamente el derecho a la huelga lo que se corre peligro, sino la esencia de la democracia española.

El Gobierno pretende acabar con un derecho, utilizando la vía penal para reprimir el sindicalismo y limitar derechos; pero es además, una sistemática e implacable campaña que no repara en medios y que apunta al corazón mismo de las relaciones laborales y los derechos fundamentales.

No es algo nuevo.

Desde hace unos años, el sindicalismo en España se enfrenta a una poderosa campaña mediática que ha cobrado fuerza a partir del triunfo de la derecha política en las elecciones generales del año 2011.

En la estrategia informativa de descrédito del proyecto sindical, no se cuestiona una u otra actuación de los sindicatos. O al menos, no sólo eso.

Se ataca la propia existencia del sindicalismo democrático en España y su función constitucional, lo que nos sitúa ante una ofensiva conservadora que en ocasiones avanza fuera de los cauces del Estado de derecho.

Es un ataque que tiene todos los ingredientes de una acción coordinada, con instrucciones desde la fiscalía, en un contexto de acusada involución en determinados sectores de la judicatura.

En España, durante más de 35 años, los trabajadores y trabajadoras hemos venido ejerciendo democrática y constitucionalmente este derecho que ahora está siendo cuestionado por las autoridades públicas, como se deduce de las múltiples causas y actuaciones penales desarrolladas contra trabajadores que habían participado legítimamente en las huelgas convocadas por los sindicatos para protestar contra las reformas laborales o los recortes en el Estado Social y de Bienestar, por supuestas actividades delictivas durante el desarrollo de las mismas.

Nunca antes en la historia de nuestra joven democracia se había vivido una situación como la que atravesamos en nuestro país, para amedrentar a los trabajadores y criminalizar el derecho de huelga, y recurriendo a una ofensiva penal contra los sindicatos en España.

Ante ello, Comisiones de Obreras de España, junto con el resto de las organizaciones sindicales en el país, ha activado una agenda de contactos y reuniones con la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial, las organizaciones profesionales de la justicia, el Comité de Libertad Sindical de la OIT y los grupos parlamentarios, para trasladarles la situación que ya denunciamos el pasado 1 de julio. CCOO establecerá también un calendario de movilizaciones contra la vulneración de los derechos sindicales.