Acabemos con la violación de los derechos de los periodistas en Gaza

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Todo conflicto cuenta con víctimas entre la prensa. Los corresponsales que cubren las guerras conocen los riesgos a los que se enfrentan: pueden confundirles con combatientes; quedar atrapados entre dos fuegos; o pisar una mina antipersonal.

Sin embargo, el riesgo para los periodistas (tanto locales como extranjeros) nunca ha sido mayor que durante los actuales bombardeos y la invasión terrestre de Gaza.

Cuando el incesante bombardeo de Gaza por parte del ejército israelí alcanza ya su decimoquinto día, el Sindicato de Periodistas Palestinos (PJS), afiliado a la Federación Internacional de Periodistas (FIP), ha denunciado numerosas violaciones, incluidas las muertes de dos periodistas: Hamed Shibab y Khaled Hamad.

Asimismo, cinco trabajadores de los medios de comunicación han resultado heridos desde el 8 de julio de 2014, fecha en que se inició la Operación Margen Protector. Además, el vehículo de un periodista y cinco oficinas de medios de comunicación han sido bombardeados.

Mohammed Shibat, un fotógrafo de la Agencia de Noticias al-Watanya, resultó herido debido a los ataques aéreos a la al-Jawhara Media Tower, situada en el centro de la ciudad de Gaza.

Más de 50 periodistas se encontraban en el edificio cuando lo atacaron y, al parecer, la acción provocó graves daños en las oficinas de varios medios informativos, incluida la del PJS en Gaza.

Dichos ataques parecen ser la réplica de una ofensiva similar que tuvo lugar en diciembre de 2008 y en la que murieron cinco trabajadores de medios de comunicación y resultaron gravemente heridos hasta 15 periodistas.

Tras el ataque, la FIP envió una misión internacional de investigación a Gaza. Los datos revelaron que las tropas israelíes no disponían de normas para entablar combate y a menudo dispararon indiscriminadamente.

La misión de la FIP concluyó sin ninguna duda que la acción militar israelí contra periodistas e instalaciones de los medios de comunicación constituyó una violación del derecho internacional, especialmente del Convenio de Ginebra sobre la protección de personas civiles y periodistas en zonas de conflicto armado.

Por tanto, la FIP instó al Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, a que investigara los hechos y tomara medidas en lo relacionado con la crisis mediática y los ataques a los periodistas.

Estos datos se ven corroborados por pruebas concluyentes que obtuvo la misión y que sugieren que Israel sabía o tenía que haber sabido que las víctimas de sus ataques eran periodistas e instalaciones de medios de comunicación protegidos por el derecho internacional.

A Israel se le habían facilitado las coordenadas de las instalaciones de los medios de comunicación que identificaban claramente su ubicación. Además, los vehículos y oficinas de los periodistas ostentaban claros distintivos que rezaban “Prensa” y “TV” para que las fuerzas militares los pudieran identificar por tierra, aire y mar.

La protección de la población civil, que incluye a periodistas y trabajadores/as de los medios de comunicación, está regulada por un gran número de tratados del derecho internacional.

Según el artículo 79 del Protocolo Adicional I del Convenio de Ginebra, si los periodistas o trabajadores/as de los medios de comunicación se convierten en víctimas de un ataque intencionadamente dirigido hacia ellos, esto constituye una grave violación del derecho internacional humanitario.

Según el artículo 85, párrafo 5 del Protocolo Adicional I, dicha violación del derecho internacional humanitario se considera un crimen de guerra.

Asimismo, en su artículo 8, párrafo 2 (b) (i), el Estatuto de Roma estipula la responsabilidad por los ataques dirigidos a la población civil en virtud del derecho penal internacional.

Los bienes e instalaciones que se utilizan para ejercer la profesión de periodista son bienes de carácter civil según el artículo 52 del Protocolo Adicional I. El bombardeo de un canal de televisión o una estación de radio, incluso si este se utiliza parcialmente con fines propagandísticos, no es compatible con el derecho internacional humanitario.

Según el artículo 85 del Protocolo Adicional I, constituye un crimen de guerra.
Ya hace tiempo que acabaron los años ochenta, época en la que levantar una bandera blanca y escribir “TV” con cinta adhesiva en un vehículo podía proteger a los periodistas.

Ahora que la invasión terrestre por parte del ejército israelí está en pleno desarrollo, a la FIP le preocupa que la seguridad de los periodistas en Gaza empeore sin una voz concertada y unificada que denuncie las violaciones de los derechos de los periodistas en la Franja y movilice a la opinión pública de todo el mundo para que se produzcan cambios sobre el terreno.