Bufetes de abogados se unen a las actividades de presión empresariales a favor de la TTIP

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Al mismo tiempo que la sexta ronda de conversaciones entre los socios de la UE y EE.UU. sobre la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP) se celebraba en Bruselas recientemente, detractores del próximo tratado de libre comercio llevaron a miembros del público por el barrio de la sede de la UE “para sacar a la luz las actividades de presión relativas a la TTIP”.

El tour, organizado por Corporate Europe Observatory (CEO), desveló nuevas ofensivas empresariales, esta vez de bufetes de abogados, en forma de acciones de presión a favor de la TTIP y su cláusula sumamente polémica: la solución de controversias entre inversores y Estados (SCIE).

La SCIE ha sido tan polémica en Europa que llevó a una suspensión temporal de las conversaciones sobre la TTIP y obligó a la Comisión Europea a lanzar una consulta pública. Más de mil organizaciones, organizaciones ciudadanas, ONG y sindicatos tenían tanto interés en participar en la consulta que la Comisión tuvo que ampliar el plazo.

CEO estima que adoptando la SCIE, el número de demandas judiciales presentadas por empresas privadas contra gobiernos ante un tribunal de arbitraje “explotaría”.

Ya se han presentado más de 500 causas contra 95 países, casi siempre a expensas de los contribuyentes, lo que ha tenido un ‘efecto disuasorio’ en otros países en los que se ha firmado este tipo de cláusulas.

Para Tom Jenkins, asesor principal de la Confederación Europea de Sindicatos (CES): “No cabe duda que se están llevando a cabo actividades de presión agresivas a favor de la TTIP, en particular la SCIE. El hecho de que multinacionales europeas estén utilizando el sistema inversor/Estado para oponerse a decisiones de eliminar gradualmente la energía nuclear y aumentar los salarios mínimos debería ser un motivo de gran preocupación. No es ni transparente ni democrático y va en contra de los derechos de los trabajadores. La TTIP debe funcionar para las personas o no funcionará en absoluto”.

Si se aprobara la TTIP, “unas 75.000 empresas en la UE y EE.UU. tendrían derecho a utilizar la solución de controversias entre inversores y Estados”, dijo Olivier Hoedeman, coordinador de investigación y campañas de CEO.

 

Conflicto de intereses

Aunque ‘se espera’ hasta cierto punto que las grandes empresas privadas ejerzan presión a favor de este tipo de acuerdos, la implicación de bufetes de abogados internacionales prominentes es más sorprendente.

Uno de ellos, Sidley Austin, tiene su sede en Bruselas en el mismo edificio que Philip Morris - una empresa que demandó en el pasado a Australia y Uruguay por cigarrillos sin marca – justo frente al Parlamento Europeo y solamente a 10 minutos a pie de la Comisión Europea, que dirige las conversaciones para la parte europea.

“Sidley Austin es uno de los bufetes de abogados que ayudan a las empresas a preparar las causas y facilitan los ‘árbitros’, o los jueces de estos tribunales privados, lo que constituye un enorme conflicto de intereses porque los mismos bufetes de abogados que representan a los clientes también facilitan los árbitros”, explicó Hoedeman.

“Por supuesto, el gobierno que tiene que defenderse en estas causas también tiene que contratar a un abogado especializado”.

La tarifa media de estos bufetes es 1.000 dólares por hora, por lo que los costes para los países alcanzan niveles elevados rápidamente.

Estas partes interesadas “exigen a la Comisión que se mantenga la SCIE en su forma pura”.

Para redoblar la presión sobre las instituciones de la UE, los bufetes de abogados implicados en el “negocio del arbitraje” han unido fuerzas mediante la creación de un grupo de reflexión nuevo para “oponerse a las campañas ciudadanas”, bajo el nombre de European Federation for Investment Law and Arbitration (EFILA).

Según informes de prensa, la EFILA se estableció el 1 de julio de 2014 pero apenas existe información al respecto en Internet. La EFILA no tiene su propio sitio web; de hecho, su presencia en Internet se limita al perfil en LinkedIn de su recién elegido secretario general, Nikos Lavranos.

Para Hoedeman, el grupo de reflexión “se dedica a convencer a los encargados de la formulación de políticas de la UE de que la SCIE es indispensable y no debería diluirse”.

 

La industria agroalimentaria, el principal grupo de interés

El Corporate Europe Observatory también ha publicado cifras que revelan qué sector ha sido el más activo a la hora de ejercer presión sobre la Comisión Europea a favor del acuerdo transatlántico en la fase preparatoria.

Según la ONG, el sector agroalimentario ha sido el más activo a la hora de presionar al ejecutivo de la UE para que siga adelante con la TTIP, seguido de la industria farmacéutica y la química.

El análisis de CEO también muestra que ha habido una predominancia absoluta de reuniones con el sector privado (92 por ciento) en comparación con el sector público (4 por ciento).

Las cifras también muestran que los grupos de interés empresariales de la UE como Business Europe y los grupos de interés empresariales alemanes son los que apoyan más firmemente la TTIP. De todos los grupos que han ejercido presión a favor de la TTIP, el 30 por ciento no se encuentran en el Registro de Transparencia Europeo, que es voluntario.

A medida que aparece nueva información sobre los peligros de la TTIP, la indignación pública se está extendiendo a cada vez más países, aunque por diferentes motivos.

En el Reino Unido, por ejemplo, la preocupación principal es la privatización del Servicio Nacional de Salud. A principios de este mes, esta perspectiva provocó por primera vez protestas y acciones masivas en todas las ciudades principales del Reino Unido contra la asociación transatlántica para exigir que se “suprima totalmente”.