Aunque el Presidente Kabila asegure que la paz se ha restablecido en todo el territorio congolés y que la reconstrucción del país puede llevarse a cabo a marchas forzadas, en la zona oriental la situación sigue siendo muy inestable y los logros de la victoria militar conseguida en noviembre de 2013 contra los rebeldes tutsis del M23, todavía no se han consolidado definitivamente.

En efecto, la suerte que les espera a los combatientes del M23 dista mucho de estar resuelta: 1.700 de ellos permanecen acantonados en Uganda, exigiendo beneficiarse de la ley de amnistía que les permitiría regresar al país sin ser importunados, y otros 600 se encuentran en Ruanda reclamando lo mismo.

Aunque a los ojos de los observadores las cifras citadas parecen excesivas (teniendo en cuenta las pérdidas sufridas durante las batallas que tuvieron lugar en Kivu del Norte), la mera existencia de esos centenares de combatientes experimentados y decididos no deja de representar una amenaza para el ejército congolés, a pesar de los progresos logrados por éste en términos de formación y de armamento.

Por otra parte, la principal razón que (en teoría) había imperado en el momento de establecerse el M23 – a saber, la necesidad de luchar contra los rebeldes hutus de las FDLR (Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda) y de impedirles amenazar Kigali – continúa siendo válida: 1.500 rebeldes hutus permanecen en el este del Congo y la ofensiva que debía neutralizarlos definitivamente todavía no ha comenzado.

Imposible olvidar todas las promesas que llovieron al día siguiente de la victoria obtenida contra el M23: tanto el ejército congolés como la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (Monusco) y la Brigada de Intervención Africana, compuesta por 3.000 hombres procedentes de Sudáfrica, Tanzania y Malawi, repitieron una y otra vez, habida cuenta de las inquietudes de Ruanda en materia de seguridad, que se daría prioridad absoluta a la neutralización de las FDLR.

Pero nada más lejos de la realidad: las fuerzas congolesas y las fuerzas de la ONU atacaron con éxito a los rebeldes ugandeses de las ADF-Nalu (Fuerzas Democráticas Aliadas del Ejército Nacional para la Liberación de Uganda), que fueron expulsados del territorio; además varios grupos congoleses armados fueron enérgicamente perseguidos y centenares de hombres aceptaron entregar las armas.

Sin embargo eso no significa que el problema se haya solucionado: el acantonamiento en campamentos de desmovilizados se está llevando a cabo en unas condiciones deplorables y se han registrado numerosas deserciones.

En cuanto a las FDLR, consideradas como las más peligrosas y las más dañinas de todos los grupos armados, y a quienes se responsabiliza, entre otras cosas, de la proliferación de la violencia sexual, se han beneficiado de unos aplazamientos inquietantes. Las autoridades congolesas, asegurando que darían prioridad a la opción pacífica, les concedieron varios períodos de gracia con la esperanza de que el desarme fuera voluntario.

En consecuencia, se han abierto varios campos de reagrupación en Kivu del Sur, cerca de Kaniola, y en Kivul del Norte, cerca de Kanyabayonga, a fin de que los desmovilizados puedan aguardar a ser transferidos a otras provincias, Équateur o Kisangani, antes de su eventual acogida de terceros países.

Pero nada ha ocurrido como estaba previsto. Al parecer, entre los cientos de desmovilizados que habían aceptado entregar las armas no se encontraban los jefes.

Por otra parte, acantonados en el seno mismo de las poblaciones de Kivu, que llevan 20 años aterrorizadas, los combatientes ruandeses se han negado a desplazarse a otras provincias más apartadas de la frontera, aduciendo, entre otros, la hostilidad de las poblaciones locales.

Efectivamente, la sociedad civil de Équateur y de la Provincia Oriental ha protestado enérgicamente contra la llegada de esos hombres de reputación execrable.

Por último, sus portavoces han desafiado a Martin Kobler, dirigente de la Monusco, sin dudar en plantear como condición sine qua non la apertura del espacio político en Ruanda y un diálogo con Kigali, a lo cual las autoridades ruandesas se niegan rotundamente.

Dicho de otro modo, la operación “desarme voluntario” parece estar definitivamente bloqueada.

Queda por ver si las fuerzas gubernamentales y la Monusco tienen el valor de pasar al plan B: decidir emprender operaciones militares contra unos hombres que, después de 20 años de violencia, se han convertido en unos combatientes aguerridos que además conocen perfectamente el terreno y mantienen numerosos vínculos en el seno del ejército congolés.