Aunque el gobierno de EEUU y la Comisión Europea predicen que el acuerdo podría generar cinco billones de dólares y que incrementará un 0.5% el PIB de los participantes del acuerdo, el gobierno francés, entre otros, ya ha anunciado que no firmará ningún acuerdo donde se incluya el sistema de resolución de conflictos Inversor contra Estado (ISDS, según sus siglas en ingles).

La negociación tiene aún más importancia debido a que su resultado final serviría como molde para el resto de acuerdos de libre comercio a lo largo y ancho del mundo.

Las posturas más enfrentadas al TTIP, provenientes de la izquierda europea y organizaciones de la sociedad civil, califican al ISDS como un nuevo sistema de corrupción institucionalizada que permitiría a las grandes corporaciones eludir el escrutinio democrático de millones de ciudadanos e ir en contra de los propios Estados de los que extraen sus beneficios.

Por otro lado, desde los sectores más liberales se destacan la imparcialidad de este sistema de resolución de conflictos, necesario para incentivar y proteger la llegada de inversiones y comercio.

Esta misma semana, el secretario de estado francés para el comercio exterior Mathias Fekl declaró ante el senado de su país que "Francia no quiere que el ISDS sea incluido en el mandato de negociación, tenemos que preservar el derecho del Estado de establecer y aplicar sus propias normas, para mantener la imparcialidad del sistema de justicia y para permitir que el pueblo de Francia y el mundo, haga valer sus valores", añadió.

De cualquier modo, el Investor State Dispute Settlement (ISDS) se define como un sistema que permitiría a las empresas inversoras de ambas regiones, evitar los tribunales de justicia Europeos y nacionales para desafiar e intentar gravar a los Estados ante arbitrajes internacionales privados, en caso de que los sistemas legales -protección del consumidor, medio-ambiente o trabajadores entre otros- interfiriesen en las previsiones de beneficios.

La situación en Francia podría ser comparable con la experiencia de Quebec. La empresa estadounidense Lone Pine Resources, usó el ISDS para demandar a la provincia de Quebec a cambio de compensaciones por una moratoria que aprobó dicha región sobre la fractura hidráulica. Gane Lone Pine o no, la factura para los ciudadanos Canadienses será como mínimo de 8 millones de dólares, que es el precio medio para contratar asistencia legal adecuada en aquel país.

Hace poco, Schuepbach pidió compensaciones en los tribunales franceses después de la decisión francesa de prohibir la fractura hidráulica. El Consejo Constitucional de Francia decidió que Francia tiene el poder de seguir el interés general de protección del medio ambiente….

La experiencia demuestra que este mecanismo de arbitraje socializa incluso las previsiones de pérdidas de inversión y que hace tornar a gobiernos débiles en contra de los derechos de sus propios ciudadanos.

Dentro de las fronteras de España y la UE y teniendo en cuenta las recientes reformas en materia de negociación colectiva, derechos civiles y laborales, el riesgo de los Estados deberían a perder su propia soberanía parece inasumible, incluso para los pilares de la Unión.

Este articulo es una versión revisada de un artículo publicado en El Pais.