El sentimiento que predominaba a la salida de la última sesión, durante la noche del sábado al domingo, era efectivamente que se había alcanzado un acuerdo consensuado.

“Ha quedado desprovisto de toda substancia para que todos los países estuviesen dispuestos a firmarlo”, subrayaba un delegado.

Una ilustración de la letanía reiterada por numerosos participantes en la sesión plenaria: “No podemos irnos con las manos vacías”.

Es así que uno a uno, los elementos claves del texto serían retirados por Manuel Pulgar Vidal, Presidente de la COP20 y Ministro del Ambiente de Perú.

A falta de un calendario claro, empieza ahora para los distintos países una carrera contra reloj.

Cada uno de ellos deberá presentar antes del próximo mes de noviembre sus “contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional” (INDC por sus siglas en inglés) con vistas a limitar las emisiones de gases de efecto invernadero.

Pero ni la cobertura ni el contenido o el modo de evaluación de estos proyectos han sido definidos.

Tampoco se tiene una idea precisa de dónde provendrá la financiación de los 100.000 millones de dólares de ayuda anual previstos a partir de 2020 para los países del sur.

Tan sólo se ha recibido confirmación respecto a 10.000 millones en cuanto a este compromiso, que data de 2009 en Copenhague.

El único punto positivo ha sido la reafirmación de una “responsabilidad común pero diferenciada”. Los países desarrollados reconocen así su responsabilidad histórica en cuanto al cambio climático.

A un año de la conferencia de París, la obtención de un acuerdo que consiguiese limitar el incremento de la temperatura a 2ºC, umbral considerado como peligroso por los científicos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIEC), constituye hoy en día un auténtico reto.

Peso preponderante de las multinacionales

Respondiendo a Equal Times en Lima, Ségolène Royal, Ministra de Ecología, Desarrollo Sostenible y Energía de Francia, anunció su intención de “implicar a la sociedad civil de manera central en los debates a través de diversos eventos”.

Proyecto confirmado en la última conferencia de prensa de la cumbre que contó con la participación de Manuel Pulgar Vidal y del Ministro de Asuntos Exteriores francés, Laurent Fabius.

En tres ocasiones, este último reiteró que hará falta una movilización “de las ciudades, regiones, empresas y organizaciones no gubernamentales”.

Pero según las organizaciones de la sociedad civil, serán sobre todo las empresas las que lleven la voz cantante en este asunto.

Pascoe Sabido, investigador de Corporate Europe Observatory indica así a Equal Times: “Estas negociaciones no son para los ciudadanos. No tienen voz alguna al contrario que las multinacionales, que están aquí como en su casa”.

Para ilustrar sus palabras, se organizó una acción para protestar por la celebración de una conferencia por parte de Chevron en el marco de la COP20. Evento en el que intervendría asimismo un portavoz de Shell.

“Se trata de dos empresas con un enorme balance negativo en términos de polución. No tienen nada que hacer aquí. Debemos crear un cortafuegos entre ellas y nuestros gobernantes” estima Sabido.

Una situación de la que tampoco se salva la Unión Europea, como reveló Libération: “La reunión organizada por la Unión Europea titulada ‘Cómo financiar un acuerdo climático’ resulta edificante. Un tecnócrata, un banquero, un financiero de un fondo sueco y el vicepresidente de una firma (Alstom) discuten sobre la importancia de los mecanismos de mercado y las inversiones en la energía baja en carbono, con vistas a la mitigación”.

Movilización ciudadana

“No me siento representado por la COP20. Necesito hacer oír mi voz, defender mi pueblo, mi territorio, mi forma de vida”.

Sixto, miembro del pueblo de los Paltas en Ecuador, vocifera durante la manifestación organizada el 10 de diciembre, con ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos, por laCumbre de los Pueblos.

Como él, entre 15.000 y 20.000 personas se desplazaron para intentar impulsar las negociaciones que parecían condenadas al fracaso.

Ruth Buendía, dirigente de la Central Asháninka del Río Ene, condecorada con el premio Goldman por el Medio Ambiente este año, no pudo ocultar su decepción: “Prácticamente no hemos podido participar en los debates. No era para nosotros y no tenemos esperanzas de que de aquí salga algo positivo para los pueblos indígenas”.

Su única satisfacción ha sido poder “transmitir las demandas y las necesidades de las comunidades nativas”.

La constatación de un resultado insatisfactorio es compartida por los sindicatos.

“Hemos realizado un trabajo de fondo durante varios meses con las centrales sindicales afiliadas, pero también con otras organizaciones. Los sindicatos peruanos lograron realmente movilizar a sus bases”, subraya Iván González, coordinador de política en la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), tras su paso por el podio del evento, en que se sucedieron dirigentes indígenas, sindicales, estudiantiles y de organizaciones no gubernamentales.

Según Anabella Rosemberg, responsable de medio ambiente en la Confederación Sindical Internacional (CSI): “No nos hacíamos ilusiones respecto a Lima, pero el texto carece totalmente de ambiciones, no sólo medioambientales sino también sociales.

Hay una total falta de compromiso por parte de los Estados respecto a la idea de una transición justa, que el movimiento sindical viene reclamando desde hace tiempo”.

Stéphane Aguitton, miembro fundador de la organización altermundialista Attac, concluye:

“En París, esperamos que cientos de miles de personas salgan a las calles. Será el único medio de presionar a los Gobiernos y hacerles comprender que no es el clima lo que hay que cambiar. Es la sociedad”.