Por un lado, está el trabajo de servicios generales. En este caso, los reclusos, llamados “auxiliares”, son empleados por la administración penitenciaria y participan en el mantenimiento y funcionamiento de la prisión, así como en la distribución de las comidas o las tareas de cocina.

Por otro lado, está el trabajo productivo. En este marco, los reclusos, designados “operadores” trabajan por cuenta de la Gerencia Industrial de Establecimientos Penitenciarios (RIEP) o por cuenta de una compañía privada.

Aunque trabajar para la Gerencia precisa algunas competencias, la mayor parte del tiempo, los trabajos son no cualificados y se limitan a tareas sencillas, repetitivas, sin gran valor añadido, como trabajos de acondicionamiento, ensamblaje, corte y plegado.

Según el Observatorio Internacional de Prisiones (OIP), para los reclusos, «la experiencia durante el encarcelameniento no hace sino reforzar su imagen negativa del trabajo”.

“La mayoría de los trabajos carecen de la dimensión de reinserción. Es más ocupacional que otra cosa», denuncia.

Ahora bien, para el recluso, el ejercicio de una actividad profesional constituye una fuente de ingresos y un elemento fundamental para que los órganos jurisdiccionales de ejecución de las penas le concedan una rebaja de la condena.

Además, si observamos las estadísticas, constatamos que sólo un cuarto de los reclusos se benefician de un trabajo.

Según el informe de 2011 del Controlador General de Centros de Privación de Libertad (CGLPL), autoridad administrativa independiente encargada de garantizar el respeto de los derechos fundamentales de la población reclusa, 17.497 personas encarceladas realizaron en 2011 una actividad remunerada, es decir, el 27,7% de las 63.000 personas privadas de libertad ese año.

«Si todas las personas encarceladas obtuvieran un trabajo, entonces sí, sería una herramienta de apaciguamiento, pero no es el caso», lamenta Marie Crétenot, abogada de la OIP, en una entrevista con Equal Times.

Una mano de obra barata

Además de los servicios generales y de la RIEP, muchas empresas privadas recurren a la administración penitenciaria, aunque con total discreción ; la mayoría se niega a identificarse claramente.

«Sencillamente, las compañías no quieren ver su imagen comercial asociada a la delincuencia o a la explotación de una mano de obra mal pagada”, dice en su informe de 2011 el controlador general de prisiones.

Para conservar su anonimato, algunas compañías no dudan en recurrir a subcontratas con las que, a veces, firman cláusulas de confidencialidad para que su nombre no sea divulgado.

Para convencer a las empresas de que recurran a la mano de obra carcelaria, los 191 centros penitenciarios franceses esgrimen la flexibilidad y lo económico de la mano de obra como uno de sus principales activos.

De hecho, en su sitio de internet, la administración penitenciaria —que no respondió a nuestra petición de una entrevista—, subraya las «ganancias económicas», pero también la «ligereza» y la «reactividad» que permiten “movilizar con rapidez un gran número de operadores para responder a los pedidos».

A pesar de estos tentadores argumentos, el sector presenta estos últimos años un crecimiento alicaído. En efecto, el trabajo penitenciario compite con las economías de los países del Este y del Magreb, donde las empresas deslocalizan su producción.

“Y como la administración penitenciaria invierte poco en el sector terciario, la oferta de trabajo, baja», explica la OIP.

Como indica el artículo 717-13 del Código Penal que rige la vida en la cárcel, «las relaciones del laborales de las personas encarceladas no tienen naturaleza de contrato de trabajo».

Sólo se imponen las normas de salud y seguridad.

Imposible, pues, que los presos disfruten de vacaciones remuneradas, derechos sindicales o dietas en caso de enfermedad.

«El no reconocimiento de la aplicación del derecho del trabajo conlleva un sentimiento de explotación para las personas encarceladas», denuncia Marie Crétenot.

Por contra, los presos sí adquieren derechos de pensión abonando las cotizaciones sociales.

Pero, teniendo en cuenta la escasa remuneración que reciben, les cuesta muchísimo validar sus trimestres. Si un asalariado que recibe el salario mínimo interprofesional (SMIC) completa cuatro trimestres al año, un preso solo valida uno.

Dado que no existe contrato de trabajo, el artículo 33 de la Ley Penitenciaria de 2009 prevé la firma de un “acto de compromiso” entre el director del establecimiento y el recluso. Dicho acto enuncia los derechos y obligaciones profesionales del preso, así como las condiciones de trabajo y de remuneración.

En 2010, entró en vigor el decreto que precisa las modalidades salariales: un 45% del SMIC por hora para el trabajo productivo (es decir, 4,05 euros la hora — 5,04 USD), entre el 20% y el 33% para los servicios generales (es decir de 1,80 euros a 2,97 euros la hora — 2,24 USD a 3,50 USD).

Pero, como observa el controlador general de prisiones, en la realidad, las remuneraciones suelen ser «inferiores a los mínimos fijados por el decreto».

«Las remuneraciones resultantes son de un nivel muy bajo y con importantes variaciones de un establecimiento a otro», lamenta.

Algunos presos cobran incluso por pieza, lo cual contraviene la ley. Pasan toda la jornada en su celda, saltándose el resto de las actividades y trabajando incluso después de cenar y, eventualmente, durante la noche, para cumplir el objetivo fijado por la compañía.

Según la OIP, el salario mensual medio de un recluso en Francia es de 200 euros (239 USD), cifra que corresponde al costo de la vida en prisión — a saber, el alquiler de una televisión, de un refrigerador, de las comunicaciones telefónicas y las compras en la cantina: tabaco, alimentación, productos de higiene—.

¿Qué recursos tienen los reclusos?

Estos últimos años, varios reclusos decidieron emprender acciones legales.

Su objetivo es que se respete la tarifa de remuneración por hora y transformar el «acto de compromiso” en un contrato de trabajo.

En 2011, una presa que trabajaba en una central telefónica fue apartada de sus funciones por haber realizado llamadas telefónicas de personales.

Para compensar la remuneración que recibía, calificada de “irrisoria”, el Tribunal de Apelación de París le concedió una indemnización por valor de 2.358 euros (2970 USD) en concepto de atrasos salariales, aunque precisando que el compromiso que la ligaba a su empleador no constituía un contrato de trabajo.

Dos años más tarde, dos reclusos de la prisión de Metz, situada al Este de Francia, dirigieron al Consejo del tribunal de asuntos laborales francés, el Conseil des prud’hommes, una Cuestión de Constitucionalidad Prioritaria (QPC), un procedimiento que permite controlar la constitucionalidad de las leyes ya promulgadas.

La pregunta trataba sobre las condiciones de trabajo en prisión y la ausencia de contrato de trabajo. En junio de 2013, el Consejo constitucional finalmente rechazó la rechazó la QPC.

«La cancillería acepta que la administración vulnera las normas. En dos años, se han presentado una decena de recursos, cifra insuficiente para que las cosas cambien», opina Crétenot.

“La administración es condenada regularmente por problemas de remuneración», revela a Equal Times Sylvain Gaucher, abogado especializado en derecho penitenciario.

«Como muchos detenidos jamás recurren, la administración considera que le cuesta más barato no respetar la ley».

Aunque los recursos por los bajos salarios prosperan, hasta la fecha, la justicia no parece dispuesta a permitir que entre el derecho del trabajo en las cárceles.