Varios periodistas han revelado que más de 300 multinacionales, entre ellas Apple, Ikea y Disney, habían negociado acuerdos secretos con Luxemburgo con el objetivo de reducir drásticamente su tipo impositivo.

Estos periodistas tuvieron acceso a miles de documentos confidenciales procedentes de las cuatro mayores sociedades de auditoría del mundo, los Big Four: PricewaterhouseCoopers (PwC), KPMG, Ernst & Young y Deloitte.

Desconocidas por el gran público, estas sociedades asesoran a Gobiernos y multinacionales, dictan la ley en los paraísos fiscales y tejen su tela en los organismos internacionales con la práctica de la “optimización fiscal agresiva”.

Registran un volumen de negocios que asciende a 90.000 millones de euros (105.000 millones USD).

En el caso del LuxLeaks, el objetivo de los juristas de los Big Four era obtener un tipo de imposición inferior a los tipos establecidos por el Ducado de Luxemburgo. El resultado ha sido que las multinacionales se han “ahorrado” varios miles de millones de euros a expensas de los contribuyentes.

Son prácticas que no sorprenden a los profesionales. “En Francia, las grandes fortunas negocian su nivel de imposición directamente con el fisco”, recuerda Damien (nombre ficticio), un joven abogado fiscalista. “Lo mismo sucede en Luxemburgo – salvo que las multinacionales también negocian.”

Damien trabajó para uno de estos gigantes de la auditoría.

“Todas las multinacionales son clientes de uno de los Big Four en el que trabajan cientos de juristas. Les dicen a los abogados: “Encuentren la manera de disminuir mi TIE (tipo impositivo efectivo).” Los abogados redactan un memorando para estructurar la mejor operación posible, jugando con las lagunas y las ventajas que ofrecen los sistemas fiscales del planeta.” Las tarifas por la elaboración de esos memorandos de optimización baten verdaderos récords. “Son negociadas con el cliente, en función del tiempo invertido”, explica Damien.

“Un participante de una gran sociedad factura un promedio de 300 euros por hora, y trabaja con uno o varios directores que facturan 350 euros, y con júniors que reciben 100 euros por hora.” En un año, el asesoramiento fiscal reporta a PwC la friolera de 6.400 millones de euros (7.300 millones USD).

Cazada en flagrante delito en el caso de LuxLeaks, la sociedad PwC no se ha amedrentado lo más mínimo: “No tenemos nada que reprocharnos. Luxemburgo no tiene nada que reprocharse. Son actividades legales y legítimas”, sostiene uno de los directivos.

Es cierto que estos juegos de manos de los contables no están formalmente prohibidos. Se habla de “optimización fiscal agresiva”, para evitar la fea expresión “evasión fiscal”, pero en realidad la diferencia es mínima.

Un dirigente de Deloitte declaró ante los parlamentarios ingleses que la regla era vender operaciones financieras “que tuvieran como mínimo el 50% de probabilidades” de ser validadas por un tribunal. Sin embargo, los fiscalistas confiesan a puerta cerrada que la verdadera cifra es del 25%.

Estos malabarismos pueden salir muy caros. En 2013 Ernst & Young se vio obligado a pagar 123 millones de dólares a Estados Unidos para evitar acciones judiciales: la sociedad había vendido una serie de operaciones fiscales a 200 clientes que les permitían ahorrarse 2.000 millones de dólares en impuestos.

 

Auditoría financiera y asesoramiento fiscal – una peligrosa mezcla de estilos

La optimización no es, sin embargo, la principal misión de los gigantes de la auditoría. Su función, como su nombre indica, es “auditar” las multinacionales.

Entre los cuatro, los Big Four espulgan las cuentas anuales de las 500 mayores empresas del planeta para garantizar que no incurran en ninguna irregularidad.

Este doble mandato plantea interrogantes: por una parte, los cuatro gigantes tienen un papel de “gendarmes” encargados de controlar las empresas; mientras que, por otra, las animan a flirtear con la ilegalidad…

¡Y a las sociedades de auditoría les pagan aquellos a quienes éstas controlan!

En 2002, la quiebra de Enron deja al descubierto los límites del sistema. La sociedad Arthur Andersen, auditor y asesor fiscal del gigante de la energía, es acusada de haber encubierto las manipulaciones financieras de su cliente. Los empleados de la sociedad de auditoría no dudaron en pasar por la trituradora miles de documentos para intentar borrar las huellas.

Después de este caso, la ley decretó que los gigantes de la auditoría habrían de separar sus actividades de auditoría y de asesoramiento. Pero la mezcla de estilos no ha desaparecido.

Tomemos el caso del gigante del ketchup Heinz, citado en el LuxLeaks. Mientras que los fiscalistas de PwC ayudaban a la multinacional a esquivar el fisco, los comisarios encargados de la sociedad seguían certificando las cuentas de Heinz, como lo muestra un informe anual.

 

Gigantes que dictan la ley

A fuerza de frecuentar los paraísos fiscales, los gigantes de la auditoría han terminado sintiéndose como en su casa. Así sucede en la isla de Jersey. Los legisladores de este diminuto territorio se contentan a menudo con transcribir en la ley proyectos entregados llave en mano.

En 1995 las sociedades de auditoría consiguieron que se votara en la isla un estatuto jurídico hecho a su medida: el denominado “limited partnership” (asociación con responsabilidad limitada). Se trata de un estatuto que combina las ventajas de la escasa transparencia, de la fiscalidad reducida y de la limitación de responsabilidad en caso de quiebra.

La idea es amenazar a continuación al Reino Unido con exiliarse a Jersey si los británicos no votan un texto idéntico. Operación conseguida: una mañana, los legisladores de Jersey se encuentran con el proyecto de ley sobre la mesa, y mediante una campaña de lobbying se exhorta a los más hostiles a ceder.

En la Unión Europea, los Big Four ejercen una influencia más furtiva. Objetivo: frenar cualquier legislación que pueda importunar a las multinacionales. Ocupan puestos privilegiados en los diversos grupos de expertos.

En abril de 2013, cuando la Comisión Europea lanza una “plataforma de reflexión” para luchar contra “la optimización fiscal agresiva”, ¿a quién nos encontramos entre los participantes? A PwC – pescado 18 meses más tarde en el LuxLeaks.

La OCDE lleva años reflexionando sobre la instauración del “reporting país por país”.

Este reporting obligaría a las multinacionales a publicar numerosos datos, como por ejemplo los beneficios obtenidos por cada filial, lo cual contrariaría sin duda a los grandes grupos que alojan a sus filiales en los paraísos fiscales, y permitiría frenar los jugosos negocios de los gigantes de la auditoría.

En abril de 2014 la OCDE sugiere que determinados datos claves podrían eliminarse de estos informes – un gran alivio para los Big Four, cuyo asesoramiento fiscal representa la cuarta parte del volumen de negocios.

 

Gestionar los Estados como empresas

Los Big Four no se contentan con ejercer de expertos en las empresas y en la Unión Europea.

Desde hace 30 años han estado diversificando su clientela, captando Estados y colectividades. Su auge se inscribe en el giro neoliberal de los años 1980.

Practican una filosofía sencilla: los Estados deben ser gestionados como empresas, con la “optimización” de los costes como objetivo.

El Estado francés recurre con regularidad a los Big Four. Cuando se puso en marcha la Revisión general de las políticas públicas (RGPP) en 2007, una amplia reforma del Estado enfocada a reducir el gasto público, el Gobierno comisionó a varias firmas, entre ellas Ernst & Young. Coste de la operación, pagada por el contribuidor: 111 millones de euros.

Las colectividades locales recurren igualmente a estos gigantes de la auditoría. En Francia, KPMG asesora a 6.000 aglomeraciones urbanas, departamentos y regiones.

“Por un servicio público más sencillo, más eficiente, más responsable – en una palabra: más durable, KPMG colabora con los actores público”, proclama la firma.

Un auditor veterano que trabaja para uno de los Big Four explica:

“Cada vez hay más colectividades que vienen a vernos, porque no pueden seguir asumiendo todas sus misiones debido a la constante disminución de las dotaciones del Estado. Nuestro papel es decirles: “Va a haber que amputarle un miembro, y nosotros le vamos a explicar si es preciso sacrificar un brazo o bien una pierna.” Tras una auditoría completa del presupuesto de la colectividad, proponemos el abandono de determinadas misiones o la externalización de determinados servicios (informática, limpieza, etc.). Es eso o la bancarrota.”

La multiplicación de las “reformas estructurales” libérales en los países del Sur, bajo el impulso del FMI o del Banco Mundial, ha abierto un mercado prometedor para los Big Four.

Los países africanos, en particular, comisionan a los gigantes de la auditoría para que les asesoren sobre la privatización de sus sectores públicos.

Costa de Marfil, uno de los países más pobres del mundo, ha desembolsado 800.000 euros para permitirse contratar los servicios de PwC en el marco de la privatización de cinco bancos públicos. Durante la licitación, su rival KPMG no dudó en pedir 2 millones de euros.

A fuerza de prospectar los Estados del planeta, los Big Four terminan encaprichándose con clientes imposibles.

¿Quién hubiera podido pensar que el Papa se dirigiría un día a KPMG para poner orden en las cuentas del Vaticano? Francisco I espera así pasar página en lo que respecta los sucesivos escándalos financieros que han sacudido a la Santa Sede.

La misión de KPMG será “mejorar la transparencia” de la contabilidad del Vaticano.

Es verdad que, en materia de transparencia fiscal, a los Big Four no les falta experiencia…

 

Este artículo fue inicialmente publicado en Basta !