Las críticas reflejan las crecientes preocupaciones con respecto a la eficacia de las duras condenas impuestas a raíz de las revueltas, después de que la semana pasada saliera a la luz que solamente los amotinados de Londres habían cometido 6.000 nuevos delitos a lo largo de los tres últimos años.

Investigadores de la Universidad de Manchester alegan que el sistema de justicia penal “estuvo a punto de perder el control” en respuesta a las jornadas de saqueo, incendios provocados y violencia de que fueron presa algunas de las principales ciudades inglesas, entre ellas Londres, Birmingham y Manchester.

La revuelta del verano comenzó después de que Mark Duggan, de 29 años, residente en Tottenham, al norte de Londres, falleciera al recibir varios disparos de la policía.

Los disturbios fueron calificados como los peores que se recuerdan, y más de 3.000 personas fueron procesadas.

El estudio, titulado The 2011 English ‘Riots’: Prosecutorial Zeal and Judicial Abandon, analiza una serie de datos para explicar detalladamente cómo los tribunales prescindieron de las directrices habituales que se aplican para dictar sentencias.

“Normalmente los jueces y magistrados tienen que seguir unas directrices muy estrictas, pero desde el comienzo de este caso, arrojaron todo eso por la borda”, explica la Dra. Hannah Quirk, coautora del estudio y profesora de Criminología y Justicia Penal en la Universidad de Manchester.

“Se sacaron las cifras de la manga. Y se dictaron unas sentencias verdaderamente escandalosas.”

El informe cita varios ejemplos, como el de Ursula Nevin, madre de dos hijos, que fue condenada a cinco meses de cárcel después de admitir haber aceptado unos pantalones cortos que un amigo suyo había robado en una tienda de Manchester. La sentencia fue posteriormente reducida en la apelación a 75 horas de trabajo comunitario.

A pesar de no tener antecedentes penales, Nicolas Robinson, estudiante de Londres, de 23 años de edad, fue encarcelado durante seis meses por haber robado un paquete de agua mineral embotellada por valor de 3,50 GBP (4,70 EUR) durante una noche de disturbios en el sur de Londres.

“Normalmente la policía no arrestaría a una persona por semejante delito. Ni la mantendría detenida. Ni la llevaría a los tribunales”, afirma la Dra. Quirk.

“Nosotros no aprobamos de ninguna manera lo que la gente hizo. Pero las condenas han sido absolutamente desproporcionadas.”

El estudio utiliza cifras procedentes del Ministerio de Justicia del Reino Unido y de informes de prensa.

Aproximadamente dos terceras partes de los acusados que comparecieron ante los tribunales por delitos relacionados con los disturbios recibieron penas inmediatas de privación de libertad de un promedio de 17,1 meses, frente a los 3,7 meses que se impusieron de media en casos similares en 2010.

Más del 80% de los sospechosos que comparecieron ante el Tribunal Superior fueron condenados a penas privativas de libertad inmediatas.

Esto contrasta con la tercera parte en casos similares registrados en 2010 – y el promedio de las condenas aumentó de 11,3 meses a casi 20 meses.

Los sospechosos fueron en su mayoría acusados de robo, lo cual conlleva condenas mucho mayores que el hurto.

Dos de cada tres personas acusadas en relación con los disturbios permanecieron detenidas durante su procesamiento, mientras que esto sólo sucedió con una de cada diez personas acusadas de delitos graves en 2010. Los infractores juveniles también fueron citados con regularidad.

“Casi todo el proceso fue un castigo”, dice la Dra. Quirk. “Aunque en última instancia fueran condenados a realizar trabajos comunitarios, tuvieron que pasar un par de noches en la cárcel, lo cual es espantoso. Sobre todo en aquella época, cuando las cárceles estaban abarrotadas y los presos eran trasladados a otras zonas del Reino Unido.

“Tenían motivos de preocupación obvios con relación a sus perspectivas de empleo en el futuro; podrían haber perdido la custodia de sus hijos. Es imposible realizar un trabajo de rehabilitación en semejante entorno.

“Hemos tenido que pagar por personas encarceladas que no deberían haber estado presas. Y si salieron de la cárcel y perdieron su empleo o su casa, es más probable que sigan cometiendo delitos.”

Ninguna sorpresa

El abogado Franklin Sinclair, cuya firma defendió a los sospechosos en Manchester después de los disturbios, dice que para él las conclusiones del estudio no fueron ninguna sorpresa. Añade que las sentencias fueron exageradas, y la libertad bajo fianza fue “llanamente denegada a todo el mundo, independientemente de los cargos”.

“Argumentando que todos los delitos se habían visto enormemente agravados por los antecedentes de los disturbios, y so pretexto de que era preciso imponer unas sentencias disuasorias, se decidió dejar las directrices de lado. Fueron tiempos tristes para la imparcialidad del sistema judicial.”

Andrew Neilson, Director de campañas de la Howard League for Penal Reform, acogió favorablemente el estudio, confirmando que la actuación de los tribunales había sido desproporcionada.

“En el momento de las revueltas resultaba difícil no sentir que la histeria se estaba trasladando de las calles a los tribunales.

“Sabemos que la gente tenía casi cuatro veces más de probabilidades de ir a la cárcel que en una situación normal por delitos similares, y las penas de cárcel fueron de aproximadamente el doble de duración.

“Llenar las cárceles durante varias semanas con personas atrapadas en los disturbios, algunas de las cuales carecían de antecedentes penales, era innecesario y no sirvió para responder a preguntas del tipo: ¿por qué se produjeron los disturbios de 2011?”

La Dra. Quirk sugiere que tanto los políticos como el Crown Prosecution Service, la fiscalía independiente del Reino Unido, influenciaron a los tribunales.

“Oficialmente no debería mezclarse la política con la justicia. Pero parece que desde el principio se tomaron ciertas decisiones a nivel central.”

Sin embargo el Ministro de Justicia Mike Penning insiste en que los magistrados y jueces son independientes del Gobierno, y que deciden sus sentencias basándose en las circunstancias individuales de cada caso.

“Los tribunales, los departamentos encargados de la libertad provisional, los equipos especializados en delincuencia juvenil y los servicios de prisiones trabajaron intensamente para asegurarse de que las personas que habían agredido a sus propias comunidades durante las revueltas fueran entregadas rápidamente a la justicia.

“Desempeñaron un papel clave para impedir que los disturbios se extendieran administrando una justicia rápida y firme.”