Un gran número de grandes distribuidores, así como muchos de sus proveedores más importantes incluyen condiciones leoninas en sus contratos con los agricultores y las pequeñas y medianas empresas: es decir, los mismos que producen (o co-producen) gran parte de los alimentos y productos que consumimos todos los días.

Estas prácticas fueron el tema de un reciente Libro Verde de la Comisión Europea, que las ha incluido en su programa político para tomar medidas futuras.

Para los ciudadanos de a pie, resulta chocante e incluso inconcebible que las asociaciones y cooperativas de agricultores tengan que pagar cientos de miles de euros para que los supermercados acepten sus productos y los pongan en sus estanterías, o que los productores de cosméticos tengan que comprar de vuelta los excedentes de sus productos no vendidos después de una determinada fecha.

A menudo, cuando los supermercados ofrecen un producto con un descuento, el costo lo paga realmente el productor, que quizás ni siquiera sea consciente de este descuento no planificado.

Los productores de hoy día no pueden interponer un recurso jurídico para corregir los abusos y las prácticas poco éticas que se derivan de los desequilibrios del poder de compra. Los códigos de conducta voluntarios de las empresas no aseguran la protección necesaria a las pequeñas empresas.

Este problema se produce cuando el comercio y la venta al por menor se concentran en las manos de unas pocas empresas que ahora son demasiado grandes, o cuando las alianzas de compra transfronteriza distorsionan el equilibrio de poder en una cadena de suministro.

Un mercado con pocos compradores y una miríada de productores de un mismo producto, permite que unos pocos impongan reglas feroces a un gran número y se embolsen una desproporcionada tajada de los beneficios totales. El desequilibrio de poder da lugar a la desigualdad en la cadena de suministro, generando a su vez la desigualdad del ingreso mundial.

Los dueños de las empresas que experimentan dificultades suelen repercutirlas en el costo de la mano de obra, o poniendo fin al contrato de los trabajadores. Los defensores del comercio y los alimentos justos han ilustrado la forma en que los oligopsonios son en gran parte los responsables de las condiciones de semiesclavitud que reinan en los sectores de la piña y el plátano en varios países, entre ellos Costa Rica, Camerún e Indonesia, así como la industria marisquera de Tailandia.

La situación de las fábricas textiles de Bangladesh y del calzado en Nicaragua es similar. Los trabajadores tienen que aceptar empleos precarios para amortiguar las fluctuaciones del mercado. A lo que se añade la exigencia de largos horarios de trabajo para poder cumplir objetivos de producción poco realistas.

La creación de un marco jurídico

Naturalmente, las asimetrías de poder entre el proveedor y el comprador no son la única causa del trabajo precario y las malas condiciones de trabajo.

Por otra parte, la acción contra las prácticas comerciales desleales no garantiza beneficios automáticos para los trabajadores y las trabajadoras, además de tener poca influencia allí donde se recurre sistemáticamente a las relaciones de trabajo indirectas y a la represión de los sindicatos.

Al mismo tiempo, estas prácticas afectan indirectamente a millones de trabajadores del sector comercial.

Se parte del principio de que si una pequeña y mediana empresa o productor estuviera protegido de las asimetrías de poder, los trabajadores podrían disfrutar de un mayor poder de negociación colectiva gracias a la mejor situación económica de su empleador, al menos a nivel de la empresa.

La inversión en investigación y desarrollo, la mejora de las cualificaciones de los trabajadores, la innovación y otros aspectos del desarrollo económico también decaen cuando los productores se ven privados de su legítimo retorno sobre la inversión.

Los gobiernos nacionales deberán crear normas de competencia en materia de adjudicación de contratos y proteger a los productores contra los cárteles y las prácticas desleales en materia de fijación de precios.

Los consumidores disfrutan de protección contra prácticas desleales similares desde hace más de un siglo. En una era de producción globalizada al extremo, las medidas nacionales han de ser seguidas con toda urgencia por la acción de las instituciones de gobernanza a escala global.

De hecho, son las empresas multinacionales las que deben asegurar directamente una aplicación firme y global de la ley a lo largo de sus cadenas de suministro mundiales.

Las empresas multinacionales y sus contratistas son igualmente responsables de la inobservancia de las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de otros instrumentos internacionales que establecen pisos universales en el ámbito del trabajo, el medio ambiente y la protección de las comunidades y los consumidores.

Ahora es más oportuno que nunca que la Comisión Europea tome la batuta y establezca un mecanismo independiente para prohibir y poner alto a las prácticas comerciales desleales a lo largo de las cadenas de suministro globales, las cuales satisfacen la demanda de unos 500 millones de consumidores europeos.

El año pasado, en una carta al presidente anterior de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, el movimiento de Comercio Justo, la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación Europea de Sindicatos (CES) le pidieron que estableciera procedimientos de denuncia anónima susceptibles de desembocar en sanciones disuasorias contra las prácticas comerciales desleales.

Además, pidieron a la Comisión que ampliara el alcance de la aplicación a toda la cadena, desde la obtención de materias primas, bienes intermedios y montaje de los productos finales hasta la venta al por menor, de modo que todo infractor en detrimento de proveedores de países no comunitarios pueda ser objeto de procedimientos disciplinarios.

La UE debe desempeñar un papel importante en la eliminación de las prácticas comerciales desleales y de sus repercusiones sobre millones de personas en las cadenas de suministro.