En Chichiriviche, pequeña ciudad costera, el rumor se propaga como el rayo: el supermercado chino habría recibido jabón. Rápidamente se forma una cola frente a la tienda. La cortina metálica está cerrada, un guardia de seguridad vigila la entrada. A través de la reja se intercambian algunos billetes por jabones. No más de cuatro por persona, por un importe total de 100 bolívares fuertes (VEF) (15 USD).

“Hace dos meses que no hay suministro de jabón”, explica María, una de las vecinas que vino con su hija para obtener doble ración.

En cuestión de minutos, el comerciante dice que las existencias se han agotado. En ese momento, se forma otra cola frente a una farmacia. Algunas personas se apresuran a formarse. Se espera comprar pañales. Toda persona tiene derecho a un solo paquete de veinte.

En el país, hace falta principalmente leche en polvo, pañales para bebé, papel higiénico, detergente y desinfectante. En los supermercados, los anaqueles están completamente vacíos, o desproporcionadamente llenos con el mismo producto.

“No nos estamos muriendo de hambre, contrariamente a lo que se dice en el exterior. Y puede encontrarse lo que se quiera en el mercado negro, pero es más caro y contribuye a recrudecer los problemas económicos”, explica Eduardo.

Este joven de unos treinta años, abogado en Mérida, apoyó a Hugo Chávez y votó por el presidente Nicolás Maduro. Está plenamente consciente de los problemas que aquejan al país, pero sigue apoyando el ideal propuesto por el Comandante Supremo.

“Empresas asfixiadas”

Desde enero de 2014, la ley sobre “precios justos” regula el precio de venta de muchos productos. La misma ley prohíbe a los comerciantes obtener más del 30% de ganancia sobre la venta de un producto. Esta regulación económica, sumada a la política de nacionalización, ha frenado significativamente la producción en el país.

“Si un empresario no cumple con los precios impuestos por el Estado para todos los productos básicos, puede ser expropiado o encarcelado. Se está asfixiando a las empresas. La empresa para la que trabajo elabora, entre otros productos, compota. Se nos obliga a vender nuestro frasco de compota a 6 VEF (1 USD), cuando su costo de fabricación asciende a 20 VEF (3 USD). Así no se puede. ¡Una empresa tiene que ser capaz, por lo menos, de pagar a sus trabajadores! Afirma Virginia, empleada de una filial de la multinacional Nestlé con sede en Valencia, en el norte del país.

La regulación de precios ha dado lugar a otro fenómeno: el contrabando. Los productos vendidos a bajo precio en Venezuela son revendidos al triple en los países vecinos.

La gasolina es el mejor ejemplo. Llenar un tanque de 60 litros cuesta menos de 5 VEF, es decir, menos de un dólar. Un importe al borde de la indecencia, que algunos han optado por aprovechar.

En Santa Elena de Uairén, ciudad fronteriza situada a diez kilómetros de Brasil, se observa una fila de vehículos de varios cientos de metros. Todos los conductores esperan la apertura de una estación de servicio. “Todos los que están esperando no son los usuarios normales. Solamente llenan sus tanques para revender su contenido 15 veces más caro en Brasil. Esperan cinco, seis, hasta siete horas antes de ser servidos“, afirma un taxista.

Estos contrabandistas de gasolina, papel higiénico, champú o medicamentos se apodan “bachacos”, el nombre de una hormiga cortadora de hojas. Son profesionales de la cola de espera. Este tráfico genera muy buenos beneficios, ya que los productos se compran a precios regulados y se revenden en el mercado negro, en base a un tipo de cambio paralelo. Porque si, oficialmente en Venezuela, un dólar estadounidense vale 6,30 VEF, en la calle se cotiza a más de 185 VEF.

En cuanto a los salarios, están muy lejos de aumentar al ritmo de la inflación consecuencia de esta situación.

Nicolás Maduro, y su Gobierno denuncian una “guerra económica”, dirigida desde el exterior por los Estados Unidos y desde el interior por la burguesía y la oposición. Existe el temor de nuevos disturbios como los ocurridos a principios de 2014.

Estas manifestaciones, inicialmente un movimiento popular de protesta, se tornaron violentas y el Gobierno las presenta como un intento de desestabilizar al país.

En este contexto de tensión social, el pasado 27 de enero, Nicolás Maduro aprobó una resolución que autoriza a los militares a usar armas de fuego durante las manifestaciones...