La derecha estadounidense ataca a los sindicatos de trabajadores/as del gobierno

News

En su cruzada para convertirse en el mayor antisindicalista de Estados Unidos, el gobernador de Wisconsin, Scott Walker, que en 2011 acabó con el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores/as del gobierno estatal, firmó el lunes una nueva ley sobre el derecho a trabajar.

Existe una gran preocupación de que esta ley sea la nueva normativa bajo la cual deberán trabajar todos los empleados/as del gobierno. Por tanto, un caso que se está dirimiendo en el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha puesto nerviosos a los sindicatos del sector público estadounidense.

El caso Friedrichs contra la California Teachers Association podría perjudicar a las finanzas sindicales al imponer el derecho a trabajar a todos los sindicatos de trabajadores/as del gobierno.

Hoy en día, en la mayor parte de los estados en los que un sindicato del sector público tiene la representación exclusiva de los trabajadores/as de un departamento o lugar de trabajo en concreto, dicho sindicato recauda las cuotas tanto de los trabajadores/as que se afilian como miembros como de los que no lo hacen (los llamados contribuyentes no afiliados), porque aunque no sean miembros del sindicato siguen disfrutando de los salarios y prestaciones negociados por el mismo.

La imposición del derecho a trabajar impediría a los sindicatos recaudar dichas cuotas de los trabajadores/as no afiliados.

Esto no solo reduciría drásticamente los ingresos de los sindicatos, sino que también serviría para disuadir a los trabajadores/as de afiliarse, pues no estarían obligados a pagar las cuotas.

Los legisladores conservadores han promulgado leyes sobre el derecho a trabajar en el sector privado de numerosos estados, incluido el de Michigan, bastión sindical de los trabajadores/as del sector automovilístico.

El caso, presentado por la organización jurídica derechista Center for Individual Rights (Centro para los Derechos Individuales), pretende sacar provecho de la sentencia del Tribunal Supremo del año pasado en el caso de Harris contra Quinn, que impuso el derecho a trabajar a un limitado sector de trabajadores/as. Este caso alega que las cuotas violan las libertades de la Primera Enmienda de los trabajadores/as al obligarles a pagar a un grupo que promueve determinadas posturas políticas.

Los activistas sindicales temen que los abogados hayan elaborado un alegato que anime a la mayoría conservadora de jueces a fallar en contra del movimiento sindical.

Eric Fink, abogado laboralista y profesor de la Universidad de Elon en Carolina del Norte, es optimista al considerar que el tribunal no asestará un golpe mortal a los sindicatos.

“Según la legislación vigente, los sindicatos ya tienen prohibido utilizar las cuotas de los miembros no afiliados para actividades políticas. Además, el tribunal ha sostenido de manera reiterada que la Primera Enmienda no se opone al requisito de que los que se benefician de la obligación sindical legalmente impuesta de representar a todos los miembros de la unidad de negociación contribuyan al coste de dicha representación”, declaró.

“En realidad, este caso no plantea ningún argumento nuevo”.

Asimismo, añadió que imponer una prohibición tan amplia de las cuotas de los no afiliados implicaría revocar un precedente judicial de 40 años, algo que no estarían dispuestos a hacer ni siquiera algunos de los jueces conservadores del Tribunal Supremo.

 

“Un terreno complicado”

Sin embargo, otros lo consideran un ataque de la derecha al sector público. Fuera del movimiento sindical, resulta difícil ver que se apoye a las protecciones jurídicas de los trabajadores/as del gobierno, pues suelen gozar de mejores prestaciones y seguridad laboral incluso que los trabajadores/as sindicalizados del sector privado.

“Yo opino que aunque el sindicalismo en el sector público sea claramente positivo y la gente tenga derechos, los argumentos a favor del mismo no son tan sólidos, ya que en el sector privado se trata de empresas que buscan beneficios, por lo que cada dólar que se obtiene sale de sus beneficios”, afirmó James Pope, profesor de derecho laboral en la Universidad Rutgers.

“En el sector público se trata de dinero proveniente de los impuestos y ese es un terreno más complicado”.

No cabe duda de que la derecha se ha aprovechado de dicha vulnerabilidad.

Hace cuatro años, el gobernador Scott Walker de Wisconsin, quien probablemente pretende conseguir que le designen candidato republicano para las elecciones presidenciales del año que viene, logró algo hasta entonces impensable: privar del derecho a negociar colectivamente a los trabajadores/as del gobierno de su estado.

Este año, en el estado de Illinois donde los sindicatos son fuertes, el gobernador republicano Bruce Rauner ha intentado imponer el derecho a trabajar en el sector público, aunque se ha encontrado con barreras jurídicas por hacerlo unilateralmente y no a través de los tribunales o la asamblea legislativa.

Randi Weingarten, la presidenta de la American Federation of Teachers, explicó a Equal Times que:

“La negociación colectiva es la herramienta que nos permite defender, participar e incorporar la justicia, la democracia y las oportunidades en el lugar de trabajo. Nos permite proponer soluciones para crear y mantener una educación, una sanidad y unos servicios públicos de calidad, así como para unir a todas las personas a las que representamos y atendemos. Los que promueven el caso de Friedrichs y los otros ataques a los sindicatos quieren lo contrario. Su proyecto ideológico consiste en silenciar a los trabajadores/as y socavar las instituciones públicas. Su herramienta es la destrucción de los sindicatos públicos. Ellos saben bien que cuando los trabajadores/as están unidos, su voz colectiva es un arma poderosa. Por eso están organizando un ataque coordinado para intentar impedir que la usemos”.

Este ataque tiene dos motivos. Por un lado, la afiliación sindical en el sector privado estadounidense ha disminuido drásticamente desde la década de 1970.

Los sindicatos del sector público, con sus trabajadores/as a los que resulta imposible deslocalizar, siguen siendo el elemento más fuerte del movimiento sindical. Por tanto, al debilitarlos se podría perjudicar al poder económico y político del movimiento sindical estadounidense.

Como señaló Fink, una sentencia conservadora de ese tipo podría subvertir toda la estructura de las relaciones laborales en Estados Unidos.

“Obligar a los sindicatos a que representen a los trabajadores no afiliados y prohibir al mismo tiempo sus cuotas para cubrir los costes de dicha representación equivale a expropiar incondicionalmente bienes sindicales sin derecho a una indemnización. Eso podría acabar por destruir la esencia del actual sistema”.

Sin embargo, también es un ataque a los servicios del gobierno y un modo de imponer la austeridad.

Los sindicatos del sector público son los grupos políticos más organizados y mejor financiados que presionan para que se invierta más en los servicios públicos y luchan contra la privatización de las instituciones del gobierno.

Al debilitar estos sindicatos que defienden las inversiones en los servicios para los ciudadanos/as se facilita la reducción del poder de los gobiernos y la venta de bienes públicos a intereses privados.

Gary Chaison, profesor de relaciones laborales de la Universidad Clark, cree que una sentencia de ese tipo afectaría muy negativamente a los sindicatos de docentes, donde los miembros suelen adoptar posturas más individualistas en relación con sus profesiones, y a los sindicatos con miembros en la escala salarial más baja, ya que al renunciar a las cuotas sindicales se incrementarían sustancialmente sus salarios netos.

Para Chaison, el hecho de que este caso haya llegado hasta el Tribunal Supremo constituye una prueba escalofriante de la situación de dichos sindicatos.

“Es una prueba del declive del poder de los sindicatos del sector público”, concluyó.