Ocurrió en 1984 y, desde entonces, su familia agoniza entre la escasa esperanza de volver a verlo un día y la imposibilidad de guardar luto.

“La semana pasada, mi hermana me dijo que había soñado con él. Espero que sea una buena señal. También soñó con nuestra madre, que murió de tristeza por haberlo esperado durante demasiado tiempo”, dijo Samia con la seguridad de un médico.

“Lo llamamos la ‘pérdida ambigua’. Para los padres de los desaparecidos de la guerra civil, el luto está paralizado; es mucho más duro que soportar una muerte”, afirma Fabien Bourdier, responsable del “Proyecto de desaparecidos” en el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

El 13 de abril se cumplen 40 años desde el comienzo oficial de la guerra civil en el Líbano. Durante este conflicto, que causó más de 150.000 muertes en 15 años, el secuestro fue utilizado como arma de guerra por todos los actores.

En 1992, un informe de la policía basado en denuncias oficiales estimó que el número de personas desaparecidas era de 17.415 (página 11), ya fueran asesinadas y enterradas en fosas comunes o encerradas en cárceles del Líbano, Siria o Israel. Hasta ahora resulta imposible verificar la exactitud de esta cifra.

“En general, después de un conflicto en el que se han producido desapariciones forzadas, se crea una comisión nacional o se nombra un ministerio especializado para que investigue la cuestión. Esclarecer la verdad sobre su suerte es una manera de promover la reconciliación nacional. En el Líbano no se ha hecho nada de esto”, explica Bourdier.

“Por ello, el CICR lanzó un programa sobre las personas desaparecidas en 2011, con la esperanza de que se cree una comisión nacional. Ya hemos realizado 1.800 entrevistas a las familias para recabar datos forenses que permitirán identificar a los desaparecidos el día que las autoridades emprendan la tarea de exhumar las numerosas fosas comunes dispersadas por el país”.

“Para las familias de los desaparecidos, la guerra no ha terminado todavía”.

La negación oficial

Como reconciliación nacional, el parlamento libanés adoptó el 26 de agosto de 1991 una ley de amnistía por los crímenes cometidos antes del 28 de marzo de 1991.

Sin embargo, paralelamente, no se ofreció ningún apoyo a los parientes de los desaparecidos en su búsqueda de la verdad.

Según Nizar Saghieh, un abogado libanés que apoya a las familias en la asociación Legal Agenda: “En la década de los noventa, las autoridades hicieron todo lo posible para deslegitimizar la acción de las familias de los desaparecidos. ‘¿Queréis que recomience la guerra? Renunciad a vuestros derechos, todo el mundo quiere olvidar’", les decían.

Siempre se han sentido despreciadas y algunas han interiorizado este sentimiento de ilegitimidad, lo que puede explicar que su movimiento haya seguido siendo marginal tanto tiempo”.

En 1995, incluso se llegó a adoptar una ley para permitirles declarar a su pariente como fallecido al cabo de cuatro años. “Estaba claro, incluso en su preámbulo, que esta ley tenía como objetivo archivar el expediente de los desaparecidos y cerrar el capítulo de la guerra”, recuerda Saghieh.

Las familias pobres, que no tenían nada que ganar de una partida de defunción, decidieron proseguir su lucha de todas maneras en torno al Comité de las familias de desaparecidos y de apoyo a los libaneses detenidos y en el exilio (SOLIDE).

“Nunca he esperado que las autoridades realicen esfuerzos, ya que los jefes de guerra que perpetraron este crimen contra la humanidad son actualmente los responsables políticos del país. Han hecho todo lo posible para enterrar el expediente, pero hemos defendido con uñas y dientes nuestro derecho a saber”, admite Ghazi Aad, fundador de SOLIDE, en una entrevista con Equal Times.

En 2000, una gran campaña titulada “Tenemos derecho a saber” reunió a más de 1.000 personas en las calles para reclamar la verdad sobre los desaparecidos.

Por fin se creó una comisión de investigación. Sin embargo, al igual que con las otras dos comisiones posteriores, sus resultados decepcionaron a las familias.

Su informe, cuya totalidad no se hizo pública durante mucho tiempo, menciona la existencia de fosas pero considera imposible identificar los cadáveres después de tantos años.

Las solicitudes de las familias cuyos parientes fueron trasladados a prisiones sirias fueron declaradas inadmisibles.

Al final, la comisión identificó a 2.046 desaparecidos considerados como fallecidos y el fiscal del tribunal de casación de la época llegó a recomendar a las familias que “se resignaran”.

Sin embargo, en diciembre del mismo año, unos 40 libaneses fueron liberados de cárceles sirias, prueba de que algunos desaparecidos todavía estaban vivos. Samia guarda una copia de un periódico jordano donde detenidos liberados afirman haber visto a Imad en la cárcel siria de Tadmour. “Incluso pudo enviarnos dos cartas en 2003, después de que falleciera mamá, en la que decía que estaba muy enfermo”, suspira.

El derecho gana poder

Ante la negación de las autoridades libanesas, las asociaciones de las familias de los desaparecidos inician el 11 de abril de 2005 una sentada permanente en una tienda de campaña instalada delante de la representación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Beirut.

Como cada jueves, Majida Bachaché sale de su pueblo, Barja, para ir allí. Siempre lleva consigo la foto de Ahmad, su hermano desaparecido en 1976, cuando tenía 18 años.

“Al principio mi madre fue a preguntar a todas partes en Beirut para encontrarlo. Poco a poco perdió la cabeza, antes de perder la vida. Muchas de las madres de desaparecidos murieron de tristeza”, dice.

Majida asegura que su hermano estuvo encerrado en la cárcel siria de Mazzé y que no tiene la esperanza de volverlo a ver vivo. Pero después de tres décadas de luchar por la verdad, renunciar no es una opción: “En esta tienda me siento como en casa”.

Su tenacidad acaba dando resultados. En marzo de 2014, tras una demanda interpuesta por Saghieh en nombre de las familias, el Consejo de Estado exige que las autoridades libanesas entreguen el informe completo de la comisión de investigación de 2000.

Fue una decisión tomada en nombre del derecho universal de las familias a conocer la suerte de sus parientes desaparecidos, vivos o muertos.

Desde el 6 de diciembre de 2007, la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de la ONU obliga a los Estados a hacer todo lo posible para apoyar el derecho a saber de los parientes de las víctimas de desapariciones forzadas.

El Líbano todavía no la ha ratificado.

Sus diputados y diputadas tampoco aprobaron el proyecto de ley presentado en 2012 por un colectivo de abogados, ONG y asociaciones de familias, que pedía en concreto la creación de una comisión independiente sobre las personas desaparecidas y la protección de las fosas comunes con miras a futuras exhumaciones.

Sin embargo, según Nizar Saghieh, el tiempo juega a su favor: “Por un lado, cuanto más tiempo pase, más familiares de los desaparecidos habrán muerto. Pero por otro lado, los responsables políticos directamente implicados en la guerra se jubilarán dentro de poco, lo que ayudará a descubrir la verdad. Hasta ahora, las familias no habían podido imponer su voz al poder. A partir de ahora, tienen el derecho de su lado”, asegura.

“Y el derecho empieza a ganar poder”.