Periodistas tailandeses sometidos a crecientes presiones

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Desde el golpe de Estado militar perpetrado el pasado mes de mayo, las niveles de libertad de los medios de comunicación tailandeses han caído en picado, y el 25 de marzo de 2015 el líder de la Junta, Prayuth Chan-ocha, consiguió llamar la atención del mundo entero al anunciar de pasada que “es probable que simplemente ejecute” a los periodistas que “no comuniquen la verdad.”

La declaración, que la Federación Internacional de Periodistas y el National Union of Journalists Thailand (NUJT) ha calificado de “deplorable”, es una clara ilustración de la ofensiva desplegada por los militares contra los disidentes y contra la libertad de expresión.

Hace poco, Prayuth dijo a varios reporteros: “Cerraré los medios de comunicación que no digan cosas buenas... Todavía no he cerrado ninguna publicación, pero les ruego que escriban correctamente. Si lo que escriben no es bueno, entonces tendré que hacer eso”.

El levantamiento de la ley marcial el 1 de abril, casi un año después de que el ejército derrocara a la ex Primera Ministra Yingluck Shinawatra el 22 de mayo de 2014, sirvió de poco para suavizar las tensiones: los críticos sostienen que la nueva Constitución provisional otorgará a los militares poderes ilimitados y permitirá la prohibición de cualquier publicación considerada “perjudicial para la paz y la estabilidad nacional”.

A nivel local, la Thai Journalists Association (TJA), el National Press Council of Thailand, la Thai Broadcasting Journalists Association (TBJA) y el News Broadcasting Council of Thailand han expresado serias preocupaciones en una declaración conjunta y han invitado a la Junta a “establecer reglas, pautas y procedimientos claros que las fuerzas de seguridad deberán seguir a la hora de desempeñar sus obligaciones”.

Pero los periodistas de Tailandia estaban caminando por la cuerda floja incluso antes del golpe, atrapados entre las grandes empresas y el complejo panorama político del país formado por populistas, monárquicos y militares.

El Gobierno electo antes del golpe ya había estado cerrando medios de comunicación de la oposición, y en un informe del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) se señalaba que la explicación oficial para justificar las restricciones es que los medios partidistas pueden incitar a la violencia.

Shawn Crispin, alto representante del CPJ en el sudeste asiático, declaró a Equal Times que “la anulación de la libertad de prensa en Tailandia coincidió con la elección del ex Primer Ministro Thaksin Shinawatra [hermano de Yingluck], el cual, durante sus seis años de mandato (de 2001 a 2006), presionó y amenazó a los medios de una forma nunca vista. La tendencia ha continuado durante las sucesivas Administraciones alineadas con y contra Thaksin”.

La Ley de delitos informáticos de 2007, por ejemplo, contemplaba la imposición de penas de cárcel por la publicación de información que pusiera en peligro la seguridad nacional o denigrara a la monarquía.

El CPJ ha documentado asimismo el encarcelamiento de periodistas y el asesinato de por lo menos cuatro reporteros entre 2010 y 2012.

Por su parte, Sumeth Somkanae, presidente del NUJT, lamenta que no se lleven a cabo más consultas con las organizaciones mediáticas nacionales a la hora de elaborar informes internacionales sobre la libertad de prensa.

“A escala internacional, la atención se centra mucho en la lesa majestad. Hay veces que efectivamente se cierran sitios web que han insultado a la realeza, pero también se cierran sistemáticamente por divulgar información sexualmente explícita o algún otro tipo de información ilícita”, añade, indicando que, a nivel internacional, se debería prestar más atención a las presiones que funcionarios y empresas ejercen sobre los periodistas

Crispin añade que la derrocada Thaksin y los posteriores Gobiernos fueron “especialmente abusivos” al utilizar la publicidad de empresas estatales como instrumento para mantener la complicidad de los medios de comunicación.

Si bien las asociaciones de periodistas protegen a los profesionales de los medios de comunicación bien establecidos, amenazados principalmente por funcionarios locales, parece ser que los medios semiprofesionales o partidistas, así como los blogueros, son el blanco principal de las medidas punitivas del Gobierno central.

 

Salir del paso con los procesos legales

Chutima Sidasathian, reportera del periódico local de habla inglesa Phuketwan, se enteró, a fuerza de golpes, de las limitaciones impuestas a los medios.

A raíz de su trabajo de investigación sobre los vínculos entre la Marina tailandesa y la trata de personas de los botes rohingya, fue detenida. Aunque posteriormente ha sido liberada bajo fianza, Chutima está siendo procesada.

“Lamento encontrarme en esta situación, pero tengo que defender a mi país”, expresa. “Yo le digo a otros compañeros: ‘¡Oye, que tú eres periodista, tienes que ser valiente!’”.

La TJA enumera muchos otros ejemplos parecidos utilizados para intimidar a los periodistas, como la bomba lanzada contra el edificio de una redacción o el incendio provocado del coche de un periodista – actos por los cuales nadie ha sido todavía condenado.

“Desgraciadamente los procesos legales en Tailandia son muy lentos”, dice Pramed Lekpetch, vicepresidente de la TJA, “pero al menos la TJA puede proporcionar visibilidad y apoyo jurídico a los periodistas afectados”.

Rangsee Limpichotikul, periodista del Daily News que cubrió exhaustivamente el caso de un activista de la etnia karen que desapareció el año pasado, dice que está preocupado por su propia seguridad.

“Tengo que cambiar de coche cada vez que voy a reunirme con mis contactos, para estar seguro de que nadie me siga”, explica a Equal Times.

Para Niramol Prasansuk, directora de la TBJA, las amenazas telefónicas, el seguimiento de periodistas y los propietarios de medios intimidatorios son los principales tipos de presión que sufren los periodistas que cubren temas de corrupción, derechos humanos y medio ambiente.

“El periodismo de investigación es costoso y arriesgado”, afirma Prasansuk, pero su asociación apoya a los periodistas de investigación proporcionándoles la poderosa arma de la publicidad – premios, declaraciones de apoyo y oportunidades de establecimiento de redes.

También hay una preocupación generalizada por la creciente autocensura y sesgo político entre periodistas locales, algunos de los cuales no trabajan como periodistas a tiempo completo y podrían estar utilizando fuentes de información cuestionables.

Un informe de la Southeast Asian Press Alliance explica que muchos periodistas están sumidos en la polarización política entre el Gobierno y la oposición.

El presidente del NUJT piensa que la lenta sindicalización, obstruida por los propietarios de los medios, representa también un obstáculo clave para la libertad de prensa.

De momento las asociaciones sólo pueden ofrecer beneficios a periodistas bien establecidos que trabajan a tiempo completo, y prosiguen su labor para el establecimiento de un marco que pudiera ofrecer asistencia a los periodistas autónomos y menos establecidos.

 

El viaje de cobertura informativa de Daiva Repeckaite a Tailandia fue patrocinado por Minority Realities in the News, un programa financiado por la UE.

Este artículo ha sido traducido del inglés.