Egipto da nuevos pasos para reprimir la disconformidad de los funcionarios

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El Alto Tribunal Administrativo de Egipto (ATA) ha declarado como huelgas ilegales las sentadas de funcionarios en instalaciones municipales.

En su decisión del 28 de abril, el tribunal dijo que los funcionarios que participen en sentadas en un lugar de trabajo serían jubilados por dificultar los servicios municipales.

El tribunal también ratificó la decisión de la dirección de imponer la jubilación obligatoria a tres empleados en la gobernación de Menoufiya por ir a la huelga y detener las operaciones municipales donde trabajan. También aplazó el ascenso y los aumentos de sueldo de otros 14 trabajadores por ir a la huelga e impedir a su institución que sirva al público.

El razonamiento del veredicto, como declaró el tribunal, es que una sentada no debería ser tratada como una protesta, reunión o asamblea, sino que debería considerarse una huelga ilegal de los empleados que interrumpen servicios sin declarar oficialmente un paro completo del trabajo.

El tribunal dijo que su decisión se basaba en una norma islámica que antepone evitar daños a obtener beneficios. La causa se remonta a junio de 2013, cuando los empleados de un departamento de servicios provinciales en un pueblo de Menoufiya organizaron una sentada para exigir el despido de su jefe.

Fatma Ramadan, una dirigente sindical de la administración pública, contó a Equal Times que este veredicto se debería considerar como parte de un esfuerzo más amplio contra los funcionarios en Egipto.

“El régimen actual tiene la intención clara de detener todo tipo de protestas organizadas por funcionarios. Recientemente se aprobó una nueva ley que regula el trabajo de los funcionarios. La ley sobre la función pública entrará en vigor el próximo julio. Básicamente, amenazará su seguridad laboral, por lo que se podría utilizar para ejercer un mayor control sobre ellos”, dijo Ramadan.

 

“Ninguna huelga, más producción y trabajo”

Se calcula que Egipto tiene 5 millones de funcionarios y, según un informe reciente elaborado por el Egyptian Center for Economic and Social Rights, fueron los que realizaron el mayor número de protestas en 2014 y el primer trimestre de 2015.

En 2014 hubo un total de 1.655 protestas de trabajadores, de las cuales el 63 por ciento fue realizado por funcionarios. En el primer trimestre de 2015, el informe contó 276 protestas, 69 por ciento de ellas de funcionarios.

La mayoría de los funcionarios son miembros de la Federación Sindical Egipcia (ETUF, por sus siglas en inglés), que está alineada con el gobierno. Antes de las celebraciones del Día del Trabajo, la ETUF emitió un "código de conducta" que pedía "ninguna huelga, más producción y trabajo".

Por lo tanto, Ramadan prevé que la ETUF se opondrá a cualquier protesta organizada por funcionarios y utilizará el veredicto del ATA para intimidarlos.

Sin embargo, Ramadan espera alguna resistencia de los propios funcionarios al veredicto, especialmente con la aplicación de la nueva ley sobre la función pública que reformará la contratación y las prácticas salariales en las instituciones gubernamentales.

“Tradicionalmente los funcionarios han sido muy pasivos, pero con el inicio de la revolución de enero las cosas cambiaron y empezaron a participar activamente en huelgas. El contexto político les animó a exigir mejoras en sus condiciones de trabajo”, dijo Ramadan.

Añade: “También depende del grado de represión que el Estado utilice para combatir las huelgas y la oposición política; si el grado de represión aumenta, esto hará más difícil que los empleados protesten”.

Khaled Aly, un abogado laboralista prominente, explicó a Equal Times que el veredicto va en contra del derecho nacional e internacional.

“Este veredicto contradice el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, del cual Egipto es signatario”, dijo, señalando que incluye el derecho de huelga de los trabajadores.

“Además, hacer huelga es un derecho constitucional en las constituciones de 2012 y 2014”.

Según Aly, los empleados a los que se obligó a jubilarse recurrirán, aunque se estima que las posibilidades de ganar un caso como éste son de tan solo 5 por ciento.

“No existe una ley que rija u organice el derecho de huelga de los funcionarios. Se necesita una ley que equilibre el derecho de huelga y la necesidad de contar con servicios públicos”, añadió Aly.

Hasta la fecha los funcionarios no han reaccionado al veredicto, pero es demasiado pronto para decir que no se cuestionará.

“La aplicación de la ley sobre la función pública podría desencadenar una oleada de protestas contra la ley y el veredicto”, dijo Ramadan.

Sin embargo, más de una docena de ONG han protestado contra la decisión, puesto que dicen que una huelga pacífica “no es un delito”.