La acción se organizó para protestar contra la draconiana Ley de Seguridad Ciudadana, adoptada por el Gobierno de derechas el 26 de marzo de 2015, que entrará en vigor a partir del 1 de julio de 2015.

La denominada Ley Mordaza prevé la imposición de fuertes multas en caso de “infracciones administrativas” y el mantenimiento de un registro de los ciudadanos que cometiesen tales infracciones.

Aunque esta amplia ley amenaza toda una serie de posibles usos de los espacios públicos y legaliza prácticas de control fronterizo prohibidas hasta ahora, como las devoluciones sumarias, es su agresivo ataque contra las protestas ciudadanas lo que ha sido el principal foco de atención por parte de los medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos.

La ley apunta especialmente al tipo de protesta y de desobediencia civil promovido por el movimiento de los indignados, como las protestas no autorizadas, bloquear los desahucios o la obstrucción de altas instituciones del Estado.

También afecta a la protesta sindical, al prohibir esencialmente la formación de piquetes y cualquier acto que obstaculice la prestación de servicios. María José Saura de la central sindical CC.OO. declaró a Equal Times que “la Ley Mordaza convierte los conflictos laborales en una cuestión de orden público. Al no dejar ninguna alternativa para organizar acciones no autorizadas, el tipo de protesta que nos queda no es sino una farsa”.

La Ley Mordaza va de la mano con una nueva reforma del código penal español, que criminaliza cualquier acción transgresiva en los espacios públicos con sanciones administrativas, dejando por tanto a la discreción de los agentes de la policía la imposición inmediata de multas.

Las multas van desde 600 EUR por dormir en la calle hasta 600.000 EUR por cualquier acción frente al Congreso de los Diputados que no hubiera sido comunicado previamente a las autoridades.

Tal como indica el secretario general de la CGT en Cataluña, Ermengol Gassiot, con esto se pasa de utilizar el sistema judicial para reprimir a la disidencia –lo que sobrecarga a los tribunales con casos pocas veces susceptibles de finalizar en penas de prisión– a utilizar a la policía para ahogar económicamente los movimientos laborales y sociales.

División de opiniones

La brecha entre la escalada de los ataques por parte del Gobierno español contra las libertades públicas y la densidad real y física de la respuesta en las calles ha ocasionado frustración entre numerosos comentaristas de izquierdas.

Algunos aducen que la centralidad emergente de los nuevos partidos políticos y la adopción de reivindicaciones potencialmente radicales por parte de los partidos tradicionales (la independencia catalana, por ejemplo) ha trasladado la atención, el tiempo y la energía de los activistas al terreno espectacular de los debates políticos electorales y televisivos, o al terreno especulativo de las encuestas de opinión.

Otros van algo más lejos, sugiriendo que es la propia esperanza de que los nuevos partidos asuman el poder y eliminen la legislación vigente lo que frena la acción.

Por otro lado, también se arguye que el techo de cristal institucional que encuentran los movimientos sociales ha empezado a erosionar el apoyo o a disuadir a la gente de implicarse en las políticas más arriesgadas saliendo a la calle.

Para muchos de estos comentaristas, la naturaleza espectral de la protesta holográfica ha venido a ser la gota que colma el vaso.

En una reciente columna, Natasha Lennard llegó incluso a calificar la protesta de “patética” y “peligrosa”, considerando la acción como una muestra de aceptación de la voluntad represiva de un Gobierno autoritario.

Sin embargo, tales argumentos derivan de un enfoque excesivamente centrado en los signos superficiales de la forma de protesta, ignorando tanto su contexto como su contenido, por lo que se desnaturaliza su significado.

En el caso de Lennard, esto queda claramente patente cuando sugiere que la legislación ha sido una “respuesta directa” a determinadas protestas como la movilización masiva convocada en enero de 2015 por Podemos, el partido de izquierdas en alza, lo que es sencillamente falso.

En todo caso, considerando que nada menos que el 82 por ciento de la población está en contra de la nueva ley, las medidas probablemente no reforzarían su apoyo y minarían al Partido Popular en el Gobierno.

Represión del Estado

En realidad, la Ley Mordaza no es sino una más de una serie de acciones represivas por parte de instituciones del Estado contra los movimientos sociales autónomos en España.

Recientemente, ocho manifestantes fueron condenados a sentencias de tres años de prisión por haber participado en una protesta bloqueando el acceso al Parlamento catalán el 11 de junio de 2011.

Y durante varios meses, la policía ha venido persiguiendo a docenas de anarquistas, como parte de la siniestra Operación Pandora, acusándolos de terrorismo basándose exclusivamente en criterios ideológicos, estéticos o en la lista de lecturas de los sospechosos.

Ambas acciones fueron ordenadas por la Audiencia Nacional, sucesor institucional en España del Tribunal de Orden Público del régimen franquista, que era a su vez la continuación del Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo creado durante la dictadura.

No sería una exageración llegar a sugerir que la tradición data incluso de los tiempos de la Inquisición.

En los últimos años, las protestas en las calles se han convertido en algo habitual en la vida cotidiana de los españoles, por lo que empieza a ser difícil que destaquen.

Aquellas que consiguen ocupar los titulares de la prensa suelen ser diseccionadas y explotadas de manera muy diferente por un número cada vez mayor y diverso de actores políticos con argumentaciones especializadas.

En un contexto desfavorable como éste, lo que hace falta es una anomalía, un momento de la verdad que, al confrontarnos con los espectros que acechan nuestra realidad presente, provoque la novedad y la perplejidad necesarias para desestabilizar nuestros esquemas hegemónicos, introduciendo uno emancipador.

En última instancia, es una tarea artística, y es como un gesto artístico que debería interpretarse la protesta holográfica.

Y como tal, fue todo un éxito.

Queda por ver lo que pasará el 1 de julio de 2015, fecha de entrada en vigor de la nueva legislación.

¿Se producirá una desobediencia generalizada? O, por el contrario, ¿hará el país la vista gorda mientras cualquier esperanza de una democracia real es enterrada viva?