Justicia para los 72 trabajadores/as que murieron en el incendio de la fábrica de Kentex

Los trabajadores y trabajadoras en Filipinas tienen que superar infinidad de problemas y cuentan con numerosos frentes abiertos: salarios bajos o inestables, unas prestaciones escasas o insuficientes, empleadores abusivos o insensibles, falta de contratos y seguridad laboral, una legislación y políticas que perjudican a los trabajadores/as y son antisindicales, un fuerte acoso a los sindicatos y unas condiciones laborales injustas que pueden incluir un ambiente laboral inhumano o un lugar de trabajo donde se violan flagrantemente las normas obligatorias de salud y seguridad en el trabajo.

Por eso hacemos hincapié en una tragedia industrial más, horrible y sin sentido, que sucedió el 13 de mayo y que podría haberse evitado si las normas de salud y seguridad en el trabajo y otras medidas relacionadas con la seguridad se aplicaran rigurosamente, se revisaran con regularidad y se promovieran con simulacros constantes.

El balance de víctimas del incendio de siete horas que destruyó la fábrica de calzado de la empresa Kentex Manufacturing Inc. en Valenzuela (un suburbio al norte de Manila) asciende ya a 72 trabajadores/as.

Lo que la mayoría considera el desencadenante del incendio debería ser el elemento fundamental de la investigación. ¿Por qué permitió la empresa, de forma imprudente e incluso estúpida, que se llevara a cabo un trabajo de soldadura en la puerta delantera, lo cual generó chispas cerca de un lugar donde se almacenaban productos químicos combustibles que podían fácilmente provocar un incendio?

Asimismo, ¿eran suficientes la puerta delantera y trasera, así como las supuestas salidas de emergencia? ¿Estaban correctamente ubicadas?

Y teniendo en cuenta el número de trabajadores y trabajadoras que quedaron atrapados en la segunda planta de la fábrica, ¿se violó de alguna manera el límite de capacidad máxima del edificio?

Un trabajador empleado en la fábrica durante cinco años admitió que “nunca jamás he participado en un simulacro de incendio”. De hecho, numerosas empresas en el país ignoran en gran medida las normas de seguridad contra incendios, que forman parte del amplio marco de las normas de salud y seguridad en el trabajo.

 

“La cultura abominable de la indiferencia”

La central sindical Sentro ng mga Nagkakaisa at Progresibong Manggagawa (SENTRO) quiere hacer llegar su más profundo pesar y su más sentido pésame, así como su firme solidaridad, a las familias y seres queridos de todos los trabajadores y trabajadoras que fallecieron y resultaron heridos en el incendio de Kentex.

Las vidas y las graves lesiones de los trabajadores/as de Kentex constituyen el alto precio que hemos pagado por el colapso total en la aplicación de la legislación laboral y por el claro incumplimiento por parte de los empleadores de las leyes sobre salarios, las prestaciones de protección social y las directrices básicas de seguridad en el lugar de trabajo.

Todo esto es un reflejo de la cultura abominable de la indiferencia que impera entre los empleadores orientados únicamente a la obtención de beneficios y entre numerosos servidores públicos (incluido el mismísimo Presidente Aquino, quien todavía no se ha dignado a rendir homenaje a todos los fallecidos y fallecidas). Todos ellos se niegan a aplicar las directrices existentes que protegen los derechos fundamentales de los trabajadores, así como su bienestar.

La SENTRO y sus aliados del movimiento sindical, en especial la coalición NAGKAISA, instan enérgicamente a los gobiernos nacional y local a que apliquen plenamente las normas de salud y seguridad en el trabajo, así como el resto de las leyes y normativas relacionadas con las mismas, y a que castiguen con determinación a todos los infractores, incluidos los implicados en el incidente absolutamente repugnante de la fábrica de Kentex.

Asimismo, instamos a Rosalinda Baldoz, Secretaria del Departamento de Trabajo y Empleo, a que forme un grupo de trabajo tripartito que lleve a cabo inspecciones sin previo aviso en las fábricas y talleres de la ciudad de Valenzuela con el objetivo de combatir las maquilas.

A la luz de la tragedia que ha golpeado a nuestros compañeros/as trabajadores de Kentex, creemos que ahora es más indispensable que nunca verificar si los empleadores aplican plenamente todas las leyes laborales, normas de seguridad existentes, normas contra incendios y normas de construcción de los lugares de trabajo y si cumplen con el resto de los requisitos municipales para la concesión de permisos empresariales y licencias de funcionamiento.

No se debe hacer justicia tan solo a las víctimas de Kentex y sus familias, sino también a los innumerables compañeros y compañeras del país que trabajan bajo el mismo sistema llamado pakyawan (a destajo) o mediante agencias de empleo sin regular ni registrar.

Estos trabajadores y trabajadoras son empleados sin ninguna de las prestaciones establecidas por la ley y ni siquiera tienen salarios mínimos. Además, tienen que trabajar en trampas mortales en caso de incendio donde se sacrifican sus vidas en aras de los beneficios.

Creemos firmemente que en realidad las actividades inmorales e ilegales de los dueños de Kentex están muy extendidas en Valenzuela y que las inspecciones deberían iniciarse en la zona industrial donde se produjo el incendio y en aquellas empresas a las que también prestan servicios dichas agencias de empleo sin registrar.

Asimismo, las inspecciones deberían centrarse en aquellas empresas que emprendieron autoevaluaciones voluntarias de sus normas laborales. Las mejores opciones para el cumplimiento de las normas de seguridad nunca se han basado en el simple visto bueno de los empleadores y dueños de fábricas que actúan únicamente en interés propio.

Estas enérgicas medidas en Valenzuela tendrán una gran resonancia a nivel nacional y esperamos que al ejemplarizar a los infractores se garantice un mayor cumplimiento de las normas laborales.

Instamos al gobierno a que aproveche esta oportunidad histórica para hacer justicia, no solo a los trabajadores/as de Kentex, sino con el objetivo de acabar de una vez por todas con la cultura y las prácticas generalizadas de irresponsabilidad corporativa que convirtieron la muerte de estos trabajadores/as en un acto no solo inmoral, sino también perverso y criminal.