Se ratificó así la sentencia de la Audiencia Nacional de junio de 2014 que obligaba a la compañía a “reincorporar a los trabajadores a su puesto de trabajo y en las condiciones laborales que tenían antes del despido”.

Coca-Cola anunciaba entonces la reapertura de la fábrica de Fuenlabrada.

Al grito de “sí se puede” y “que viva la lucha de la clase obrera” los trabajadores y sus representantes ponían fin a quince meses de intensa lucha.

Pronto la alegría se convirtió en ira al descubrir los planes de la compañía para convertir la planta en un “centro logístico y de operaciones, no de producción”. Trabajadores y sindicatos se han negado a aceptar esta propuesta, calificándola de “trampa”.

Además de CASBEGA en Fuenlabrada (Madrid), en enero de 2014 Coca Cola cerró las plantas de Alicante, Colloto (Asturias) y Palma de Mallorca durante su proceso de reestructuración en España que fusionó las ocho embotelladoras del país en una nueva marca, Coca Cola Iberian Partners.

El resultado fue el despido de 1.230 personas de una plantilla de 4.200 “para eliminar duplicidades e ineficiencias y unificar criterios en las actividades y procedimientos,” aseguraba en un comunicado la compañía.

Sin embargo CASBEGA en Fuenlabrada generaba unos beneficios de 900 millones de euros al año.

Un proceso judicial plagado de irregularidades

A pesar de llevarlo ante los tribunales y buscar su amparo, el conflicto laboral entre Coca-Cola y sus trabajadores ha sido largo e irregular.

En junio de 2014 la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de Madrid declaraba nulo el ERE por la vulneración del derecho a la huelga mediante el uso de esquirolaje (la sustitución de las y los huelguistas con otros trabajadores/as), entre otros motivos y solicitaba la readmisión de los despedidos. Coca-Cola recurrió entonces al Tribunal Supremo.

Seis meses después y a instancias de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, la Audiencia Nacional dio un plazo de cinco días a la compañía para cumplir la sentencia.

El auto advertía a Coca-Cola Iberian Partners de que sería sancionada si “obstaculizaba la labor de los representantes de los trabajadores”.

La empresa anunció entonces que “respetaba y acataba” el auto pero que la sentencia de la Audiencia Nacional “no obliga a la reincorporación efectiva de los trabajadores, que depende exclusivamente de la voluntad de la empresa, ni a la reapertura de ningún centro de trabajo”.

En enero de 2015, apenas un mes después de estas declaraciones, la empresa desmanteló la fábrica de Fuenlabrada con trabajadores externos para evitar cumplir con la sentencia que declaraba nulo el ERE.

Esta acción fue llevada a cabo con un fuerte dispositivo policial (diez furgones de antidisturbios) ordenado por el Ministerio de Interior español que impidió la entrada en las instalaciones de los representantes sindicales y golpeó a varias personas que protestaban atrincheradas en Campamento Dignidad, a las puertas de CASBEGA.

La diputada de la Asamblea de Madrid por Izquierda Unida, Ascensión de las Heras, presente en la concentración, denunciaba la “ilegalidad” de estas acciones.

Finalmente, en abril de 2015 el Tribunal Supremo ratificaba la sentencia de la Audiencia Nacional declarando nulos los despidos.

Conflicto laboral y social

José Antonio Asenjo, trabajador de la planta y portavoz de Comisiones Obreras en Campamento Dignidad –el asentamiento levantado por los trabajadores y sus familias a las puertas de la fábrica– declaraba que “no nos han doblado, no nos han domesticado.”

”La empresa busca confundir a quienes nos apoyan y limpiar su imagen de marca” señalaba Asenjo en relación a Si Madrid no produce, Madrid no consume, la campaña de boicot a los productos de Coca-Cola lanzada por los trabajadores.

Solo en 2014 las ventas en la región madrileña y alrededores descendieron un 49% y la imagen de marca de la compañía, vinculada a la idea de “felicidad”, se ha visto seriamente comprometida.

Paco Bermejo, portavoz de la Plataforma Coca-Cola señala que este es “un conflicto social, no solo laboral e inicia una pelea contra la reforma laboral del gobierno de Rajoy y contra un modelo determinado de negocio.”

“Un país no puede avanzar si en los centros de trabajo no se respetan los derechos de los trabajadores ni los de sus representantes” añade Bermejo en referencia a la gestión que la empresa ha hecho del conflicto laboral.

“Plantarle cara a una multinacional a lo largo de quince meses no es tarea fácil. Le estamos diciendo a Coca-Cola que sus formas prepotentes no sirven en un país democrático. Primero intentaron comprar a los trabajadores, luego trataron de reventar la huelga y finalmente aplicaron el ERE y los dejaron sin trabajo. Este conflicto rebasa a la sociedad madrileña para convertirse en global. Esta empresa se ha reído de la justicia española, con malas artes procesales” denunciaba Jaime Cedrum, secretario general de Comisiones Obreras de Madrid, durante la manifestación previa a la lectura de la sentencia del Supremo el pasado 15 de abril.

El caso de la planta de Coca-Cola en Fuenlabrada conecta con la oscura negociación del Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversión entre la UE y Estados Unidos (TTIP, en sus siglas en inglés), que plantea la posibilidad de limitar la acción sindical y demandar a los gobiernos mediante tribunales privados ad hoc.

Por ejemplo, la multinacional francesa Veolia demandó a Egipto por subir el salario mínimo de 41 euros mensuales a 72 mediante este procedimiento.

Los trabajadores de Coca-Cola y sus familias se han manifestado en varias ocasiones en Madrid. También han participado en la mayoría de las manifestaciones celebradas en la ciudad en los últimos meses, como las Marchas de la Dignidad o el Primero de Mayo incorporando su reivindicación a las muchas surgidas en España a lo largo de la brutal crisis económica, política y social desde 2008.

El 22 de mayo de 2015 Coca Cola Iberian Partners se dio por vencida y reabrió la planta de Fuenlabrada, aunque como centro logístico de apoyo a la red nacional de distribución.

Los trabajadores y trabajadoras continúan su lucha para recuperar sus puestos de trabajo anteriores al ERE.