“Mi vida cambió para siempre la mañana del miércoles 14 de agosto de 2013. Estaba tomando fotografías de las personas que protestaban en las calles de El Cairo, cuando llegó la policía y cerró las calles. Miles de personas fueron inmediatamente detenidas, no solo los partidarios de Morsi, sino también decenas de personas atrapadas simplemente por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado”.
Estas líneas fueron tomadas de una carta enviada en abril a diversos medios de comunicación y grupos pro derechos humanos por Mahmoud Abou Zeid, conocido como Shawkan, desde su celda de la prisión.
La historia de este reportero gráfico egipcio de 27 años no es única en Egipto: es la historia de muchos periodistas que cada vez más se convierten en blanco del Gobierno debido a su trabajo, y que están a punto de experimentar nuevas medidas de silenciamiento mediante la ley de lucha contra el terrorismo que entró en vigor el lunes.
El proyecto de ley, que ya había sido aprobado en julio por el Gobierno egipcio, fue aprobado como reacción al asesinato del fiscal Hisham Barakat así como una serie de mortíferos atentados perpetrados en el norte del Sinaí, afirma el Gobierno.
Sin embargo, los profesionales de los medios de comunicación han manifestado su profunda preocupación por la que consideran una mayor censura en un país en el que reina un severo clima de represión en contra de todo aquel que critique el Gobierno de Abdel Fattah al-Sisi.
En junio, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) reveló que por lo menos 18 periodistas se encuentran tras las rejas debido a su labor de información: el número más alto registrado en Egipto desde que el CPJ empezó a recoger este tipo de datos en 1990.
“La amenaza de encarcelamiento en Egipto forma parte de un clima en el que las autoridades presionan a los medios de comunicación para que censuren las voces críticas y ordenen no abordar temas delicados. [...] Las detenciones de periodistas en Egipto son a menudo violentas e implican palizas, violación de sus derechos y redadas en sus casas, así como la confiscación de sus bienes”, relata el CPJ.
El sindicato oficial de periodistas, Syndicate of Journalists, se muestra especialmente preocupado por cinco artículos de la ley.
El más polémico es el artículo 33, destinado a castigar con un mínimo de dos años de cárcel la publicación de “noticias o datos falsos” que contradigan la información oficial sobre las “actividades terroristas”. Sin embargo, a raíz de las críticas formuladas por las organizaciones sindicales y pro derechos humanos, el Gobierno retiró la pena de prisión y la reemplazó con una multa de 200 a 500 mil libras egipcias (25,000-64,000 USD).
Los otros cuatro artículos controvertidos siguen vigentes. Según éstos, todo tipo de “crimen terrorista” cometido mediante la palabra, la escritura o cualquier otro medio, será castigado con un mínimo de cinco años de prisión.
Todo aquel que proceda a la creación o utilización de un sitio web para promover ideas u opiniones que insten a cometer “actos terroristas”, a engañar a los servicios de seguridad, que afecten el “curso de la justicia” en el caso de un “crimen terrorista” o intercambien mensajes entre “grupos terroristas” serán sancionados con un mínimo de cinco años de cárcel.
La legislación también prohíbe fotografiar o grabar sesiones de los tribunales en los casos relacionados con la lucha contra el terrorismo sin el permiso del tribunal.
“Las autoridades quieren controlar toda la información y ser la única fuente de noticias para los egipcios. Esta ley es una medida para incrementar la censura de los medios de comunicación”, comentó Khaled El-Balshy, jefe del comité de libertades del sindicato de periodistas a Equal Times.
“Esta ley contradice la Constitución y los derechos que reconoce”, agregó, prometiendo que su sindicato continuará protestando contra la ley y defendiendo a los periodistas encarcelados.
“Estamos asistiendo a la peor época que ha vivido la libertad de prensa”.
En una entrevista con el canal de televisión Sada El-Balad, el primer ministro de Egipto, Ibrahim Mahlab, afirmó que la ley “no está dirigida contra el periodismo” y que no interfiere con la libertad de expresión. Su objetivo es coartar a aquellos que publican “información falsa” sobre el ejército.
Mahlab comentó la cobertura de los medios de comunicación después de los mortíferos atentados en el norte del Sinaí la cual, a su juicio, tuvo “un impacto negativo en la moral de los soldados en un momento crítico”.
Subrayó además que el Gobierno respeta los medios de comunicación, y que no tiene la menor intención de imponer ningún tipo de censura.
Sin embargo, los medios de comunicación no es el único sector al que preocupa una ley considerada por muchas organizaciones como una amenaza para los derechos humanos en general.
Hace ya un mes, Amnistía Internacional indicó en un comunicado que la ley “debe ser descartada inmediatamente o ser fundamentalmente revisada”.
“La ley antiterrorista propuesta amplía considerablemente los poderes de las autoridades egipcias y amenaza los derechos fundamentales a la libertad de expresión, de reunión y de asociación pacífica. En caso de aprobarse, se convertirá en una herramienta más para que las autoridades aplasten toda forma de disensión”, señaló Said Boumedouha, Director Adjunto del Programa para Oriente Medio y Norte de África de Amnistía Internacional.
Diecisiete grupos pro derechos de los egipcios también emitieron una declaración conjunta condenando la ley porque “sacrifica los derechos humanos y el Estado de Derecho en aras de la lucha contra el terrorismo”.
