El informe Balancing Act presenta varias recomendaciones para conseguir una prensa libre más sólida. Concretamente, la UE debería delegar toda la responsabilidad y exigir responsabilidades a los Estados miembro por el cumplimiento de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que todos se comprometen a respetar al integrarse en la UE. Asimismo, el informe exige la aplicación del artículo 7 de la Carta, que aboga por la suspensión del derecho de voto de los Estados miembro que incumplan los compromisos relacionados con la libertad de prensa.

Jean-Paul Marthoz, corresponsal del CPP en la UE y autor del informe, explicó a Equal Times las consecuencias que acarrea el incumplimiento de dichos compromisos: “Los grupos por la libertad de prensa intentan obtener el apoyo de los gobiernos democráticos para que les ayuden a defender a los periodistas, les saquen de la cárcel, apoyen resoluciones progresistas en la ONU, etc”. Sin embargo, la capacidad de ayuda de estos gobiernos depende de su credibilidad.

“Si permiten que la libertad de prensa se debilite dentro de sus propias fronteras o si, en el caso de la UE, no llaman al orden a los Estados miembro que se alejen de los principios fundamentales, será fácil para los gobiernos autoritarios poner en evidencia o utilizar las deficiencias de los países democráticos para justificar la represión de sus propios medios de comunicación”.

Una cuestión que causa especial preocupación es la existencia de leyes penales contra la difamación en algunos Estados miembro. A pesar de que el Consejo de Europa ha recomendado que se despenalice la blasfemia, la UE no exige el cumplimiento de la Carta a aquellos países en los que todavía está penalizada.

Por consiguiente, la difamación sigue siendo un delito penal en 23 de los 28 Estados miembro de la UE y 20 países contemplan penas de prisión como posible sanción.
En Italia, las leyes penales contra la difamación se prestan a ser utilizadas indebidamente; por ejemplo, entre 2011 y 2013, más de un tercio de los procesos judiciales contra la prensa italiana se basaron en denuncias falsas.

Según la campaña End Blasphemy Laws, las leyes contra la blasfemia y las injurias están vigentes en 19 Estados miembro.

“Las leyes contra la blasfemia producen un efecto inhibitorio del habla. Impiden una discusión abierta y racional de las creencias y a menudo tienen como objetivo la protección de una religión en concreto, estableciendo la discriminación de otras creencias o de la ausencia de éstas. De hecho, aunque pretenden defender la religión, las leyes contra la blasfemia suelen socavar la libertad religiosa y de conciencia”, declaró Marthoz.

Bulgaria, Alemania, Italia, Portugal, España y los Países Bajos aplican sanciones muy severas por la difamación de funcionarios públicos, pero las injurias contra los símbolos e instituciones del Estado, los miembros de la familia real y la religión también se consideran un delito.

Chipre, Estonia, Irlanda, Rumanía y Reino Unido son los únicos países que han despenalizado la difamación.

El informe hace referencia al “turismo de la difamación”, en el que un demandante va de país en país en busca del veredicto más favorable, como consecuencia de las leyes contra la difamación contradictorias de la UE.

Por ejemplo, las protestas contra las medidas de austeridad en España hicieron que el gobierno aprobase una ley en abril de 2015 que prohíbe a los periodistas tomar fotografías de manifestaciones o policías en el exterior de edificios gubernamentales. Si infringen esta ley, los periodistas se pueden enfrentar a multas de hasta 30.000 €.

“Existe una grave inquietud por si la amenaza que suponen dichas multas provoca una autocensura que perjudicaría a la responsabilidad y rendición de cuentas por comportamientos abusivos como el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos policiales”, aseguró la ONG Human Rights Watch.

Según el informe especial, los agitadores, la policía, las bandas de delincuentes y los grupos radicales cada vez representan un mayor peligro para la salud física de los periodistas, lo que les obliga a la autocensura.

En 2015, miembros del partido ultraderechista griego Amanecer Dorado atacaron a varios periodistas, mientras en Francia miembros del Frente Nacional increparon a trabajadores de los medios de comunicación. Asimismo, el partido húngaro de ultraderecha Jobbik demandó a varios periodistas. Los trabajadores de los medios de comunicación en Bulgaria sufren continuas amenazas de organizaciones de delincuentes y han sido víctimas de varios intentos de asesinato, asaltos y atentados con bomba.

Los asesinatos de Charlie Hebdo y las amenazas de muerte diez años antes contra el caricaturista danés del diario Jyllands-Posten también pusieron claramente de manifiesto el tema de la autocensura.

“Hemos perdido una batalla. Los terroristas han ganado”, explicó a la cadena de televisión suiza RTS Philippe Val, ex editor y director de la revista Charlie Hebdo.

Periodistas vigilados y sometidos a un método “suave” de control

“No se engañen: los periodistas no pueden proteger sus datos de los servicios secretos nacionales”, advirtió un experto en inteligencia europeo que se entrevistó para el informe con el CPP con la condición de quedar en el anonimato. Además, el informe menciona documentos que sacó a la luz el informante Edward Snowden y que describen a los periodistas como “una amenaza para la seguridad”.

El autor del informe reconoce el roce que existe entre el terrorismo y la libertad de expresión, pero cuestiona si las medidas de lucha contra el terrorismo que adoptan los Estados miembro respetan la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Algunos periodistas también trabajan en un ambiente de “censura suave”, una forma indirecta de censura gubernamental que utiliza el amiguismo, la publicidad estatal y la asignación controlada por el gobierno de subvenciones y licencias y en la que oligarcas y grupos de inversión son los propietarios de los medios de comunicación para asegurarse de ejercer una manipulación editorial.

El informe menciona a Francia y a países del este de Europa como principales gestores del modelo de censura suave que amenaza a la cobertura independiente de los medios de comunicación.

Wilfried Rütten, director del Centro Europeo de Periodismo, declaró que Hungría “puso al descubierto las carencias de la UE” por primera vez en 2010, cuando el presidente húngaro Viktor Orbán reformó la Ley de Medios de Comunicación y otorgó poderes a un Consejo recién creado para multar a los medios húngaros, sin que la UE le impusiera sanciones.

Además, el informe reveló que los intereses comerciales y geopolíticos comprometen a la prensa europea mediante “directivas técnicas” definidas para proteger los secretos corporativos y que, a su vez, los Estados miembro interpretan en el ámbito nacional.

El planteamiento “a medida” de la UE para que sus 130 socios comerciales respeten los derechos humanos y su falta de transparencia dificultan aún más la profesión periodística: “Cuando solicitas información o documentos que pueden contradecir la narrativa oficial, las puertas se cierran y los portavoces no te ayudan”, denunció ante el CPP el corresponsal de Le Monde Jean-Pierre Stroobants.