Cuando Myanmar acudió a las urnas el 8 de noviembre de 2015, en lo que serían sus primeras elecciones casi democráticas y “libres” en más de 60 años de despiadado régimen militar, una pregunta fundamental asaltaba al país:
¿Se mantendrá y se consolidará la naciente apertura democrática del país, sea cual sea el resultado? ¿O retornará a la reclusión y al exilio este país solitario, aislado durante tanto tiempo por las políticas regresivas de una élite militar corrupta e interesada?
Myanmar, situado en el sudeste asiático, con una población de 54 millones de habitantes y una amplia diversidad étnica, es un país inmensamente rico.
Embutido entre dos gigantes asiáticos, India y China, con abundante petróleo y gas, jade, rubíes y demás piedras preciosas, teca y diversas maderas nobles, por no hablar de su mano de obra en gran medida “no explotada”, Myanmar tiene recursos en abundancia.
Desde que el Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (USDP), el último avatar gobernante de las Fuerzas Armadas de Myanmar (Tatmadaw), asumió el poder tras las elecciones trucadas de 2010, se ha venido produciendo una pugna continua por dichas riquezas.
El Tatmadaw – entre cuyos fundadores figura Aung San, padre de la premio Nobel de la Paz birmana Aung San Suu Kyi, del partido de la oposición Liga Nacional para la Democracia (LND) – ha estado gobernando Myanmar desde que el país consiguió independizarse de Gran Bretaña en 1948.
Myanmar, conocido anteriormente y hasta 1989 como Birmania, se había visto oprimido por las sanciones económicas internacionales desde finales de los 1990, y sólo contaba con China como principal inversor y soporte político.
Mientras el ejército y sus secuaces disfrutaban (y continúan disfrutando) de la enorme riqueza y privilegios derivados del comercio ilegal del jade, los narcóticos y la explotación forestal, millones de birmanos empobrecidos se han visto obligados a emigrar, principalmente a países vecinos como Tailandia y Malasia.
En 2012 el USDP, actualmente encabezado por el ex general del Ejército y Presidente Thein Sein, puso en marcha un minucioso programa de reformas políticas y económicas y aprobó una Ley de inversión extranjera (FIL) y una serie de Normas aplicables a la Inversión Extranjera (FIR).
El posterior levantamiento de las sanciones precipitó una pugna por la riqueza de Myanmar entre las poderosas corporaciones multinacionales que se ciernen sobre el país.
El auge de la IED
Para hacerse una idea de la magnitud del auge de la inversión extranjera directa (IED), hay que tener presente que entre 1988 y 2012 apenas 477 empresas extranjeras invirtieron en Myanmar, con una IED de 4.100 millones USD, mientras que en el último año fiscal la cifra se ha duplicado a más de 8.000 millones USD y un total de 895 empresas de 38 países han invertido en el país, según indica un nuevo informe de la Confederación Sindical Internacional (CSI), Foreign Direct Investment In Myanmar: What Impact On Human Rights?.
Los precios de la vivienda en el centro de Yangón compiten ahora con los de Manhattan. Y el Banco Asiático de Desarrollo prevé que Myanmar registrará uno de los índices de crecimiento más rápidos de la región, que rondará entre un 7% y 8% anual a lo largo de la próxima década.
Algunas de las empresas extranjeras que han establecido recientemente cadenas de suministro en el país son Adidas (Alemania), Gap (EE.UU.), H&M (Suecia), Marks and Spencer y Primark (Reino Unido). También están invirtiendo en el país empresas de telecomunicaciones como Telenor (Noruega) y Ooredoo (Qatar).
Los sectores del gas y del petróleo siguen siendo los principales inversores extranjeros. Los insumos energéticos ascendieron a 3.200 millones USD en el ejercicio 2014-2015. A las empresas BG Group (Reino Unido), Chevron (EE.UU.), Eni (Italia) y Shell (Países Bajos) se les han asignado nuevos bloques, mientras que la empresa francesa Total sigue operando en los yacimientos de gas submarinos de Yadana. El gasoducto de Yadana, que transporta gas desde el mar de Andamán hasta Tailandia, y que resultó ser uno de los proyectos de desarrollo de gas natural más controvertidos del mundo, constituye una clara advertencia de los peligros potenciales de la IED.
Desde principios de los 1990, Total, Chevron y sus socios tailandeses y birmanos se han visto implicados en un escándalo relacionado con prácticas de trabajo forzoso, confiscación de tierras, violaciones, torturas y asesinatos.
Efectivamente, el compromiso de Myanmar con las multinacionales no ha resultado hasta ahora especialmente agradable.
También se han producido otros casos notorios de trabajo forzoso o esclavo, entre los que cabe destacar la brutal explotación y asesinato de pescadores migrantes birmanos en la industria pesquera tailandesa, que exporta atún y gambas al Reino Unido y a los EE.UU. – un caso que salió a la luz en 2009, en un informe especial titulado Murder at Sea, elaborado para la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF).
El trabajo forzoso, al que recurre a menudo el Tatmadaw para la construcción de carreteras e infraestructura y para el desplazamiento de material militar, está al parecer disminuyendo. Sin embargo el país no ha sido capaz de cumplir el compromiso contraído con la OIT de eliminar el trabajo forzoso para finales de 2015. La campaña internacional a favor de la ratificación e implementación del Protocolo sobre trabajo forzoso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 50 países de aquí a 2018, ha situado el foco de atención sobre Myanmar a medida que la lucha para erradicar las prácticas de esclavitud moderna va cobrando impulso.
El trabajo forzoso sigue siendo un problema grave, especialmente en las zonas de conflicto étnico del país – como por ejemplo en el estado occidental de Rakhine, lugar de origen de los rohingyas, una minoría étnica musulmana perseguida en Myanmar, que ha sido privada del derecho de voto y en gran medida excluida de las elecciones del domingo. El trabajo forzoso asociado a la confiscación de tierras también está aumentando, y es probable que continúe a medida que crece la inversión.
Los críticos sostienen que los inversores extranjeros en Myanmar están únicamente interesados en hacer “dinero fácil”, igual que han hecho en países como Bangladesh y Camboya, mientras explotan una mano de obra barata y con un bajo nivel educativo.
“Siempre que un país se abre, hay gente que viene para ver qué tajada puede sacar”, señala Maung Maung, Presidente de la Confederation of Trade Unions of Myanmar (CTUM).
“Pero recuerde que hemos estado en un agujero negro y que necesitamos IED así como conocimientos técnicos.
“Hemos estado por detrás de Tailandia y de la India durante por lo menos 10 años, así que necesitamos inversión financiera. Pero al mismo tiempo también necesitamos un programa de salarios dignos”.
“Los inversores tienen que respetar el Derecho internacional”
Falsamente calificados en una ocasión de terroristas y agitadores comunistas, los integrantes de la CTUM y su líder Maung Maung regresaron a Myanmar en septiembre de 2012, después de haber pasado 24 años en el exilio.
El 23 de julio de este año, en el marco de una histórica decisión, la CTUM, anteriormente denominada Federation of Trade Unions of Burma (FTUB), fue oficialmente registrada y reconocida como la principal central sindical del país.
A partir de entonces la CTUM puso en marcha la titánica tarea de implantar el sindicalismo y los derechos laborales en Myanmar. Ya cuenta con cerca de 49.000 miembros – 16.000 de los cuales son mujeres – y aproximadamente 640 organizaciones afiliadas.
La IED y sus repercusiones para los sindicatos y los derechos de los trabajadores constituyen una cuestión fundamental para el futuro del país, considera Maung Maung.
“Los mayores desafíos que vamos a tener que afrontar estarán relacionados con las multinacionales, la globalización y la integración económica de la ASEAN. Tenemos que situarnos a otro nivel en lo que respecta a la negociación colectiva”, indica este geólogo de 63 años. “Necesitamos que los inversores internacionales respeten los convenios internacionales del trabajo y tenemos que educar al público para concienciarlo”.
Después de la Segunda Guerra Mundial, podría decirse que Myanmar era el país más avanzado de la región en términos de producción agrícola, infraestructura, comunicaciones y educación.
Hoy en día Myanmar se ha quedado a la retaguardia de otros nueve Estados miembros de la ASEAN y registra el tercer PIB más bajo de la región, de 64.000 millones de USD, frente a los 374.000 millones de USD de su vecina Tailandia y los 327.000 millones de USD de Malasia.
Por otra parte, las exportaciones anuales de Myanmar ascienden a 11.000 millones de USD, mientras que Singapur ingresa un total de 578.000 millones de USD, Tailandia 280.000 millones de USD y Malasia 259.000 millones de USD.
“Vamos a tener que trabajar duro, muy duro”, dice Maung Maung. “Myanmar había sido una de las ‘economías tigre’ desde 1948 hasta 1956-57. En aquella época éramos un eje, pero ahora nos hemos quedado muy atrás”.
Jamie Davis, Director de Programas de Myanmar en el Solidarity Center de la AFL-CIO, declara a Equal Times: “Hay un gran interés por hacer negocios en Myanmar. Pero el concepto de buenas relaciones laborales no es algo que se haya practicado en la historia del país a lo largo de los últimos 50 años.
“La verdadera cuestión es si los inversores vendrán creyendo que aquí la mano de obra es barata y el Estado de derecho endeble y que podrán hacer lo que les dé la gana, o si optarán por compartir equitativamente sus beneficios con los trabajadores”.
“En términos de salud y seguridad hemos visto los grandes problemas que han tenido países vecinos como Bangladesh y Camboya, donde es bastante habitual que se produzcan incendios y derrumbamientos estructurales de fábricas. Yo pienso que aquí tenemos que tener cuidado con eso”.
El pasado mes de noviembre, Aung San Suu Kyi, líder de la LND, advirtió acerca del “optimismo excesivo” con relación al proceso de reforma de Myanmar.
Jeff Vogt, Director de la Unidad Jurídica de la CSI, señala: “Existe un grave riesgo de que la mano de obra y los recursos naturales de Myanmar sólo beneficien a intereses nacionales privilegiados y a empresas extranjeras, mientras las comunidades desfavorecidas sufren las repercusiones negativas de unas actividades empresariales mal reguladas.
“Las empresas extranjeras tendrán que llevar a cabo un proceso de debida diligencia de los derechos humanos para garantizar que los derechos de los trabajadores que ellas y sus proveedores contraten estén completamente protegidos”.
Pero independientemente de lo que pase como resultado de las elecciones de Myanmar, la CTUM está aquí para quedarse.
“Yo no creo que se le vaya a dar marcha atrás al reloj. Los sindicatos han creado una base sólida para su organización. Están trabajando para consolidarse aún más”, explica Chris Land-Kazlauskas, Asesor Técnico Principal en la Oficina de Enlace de la OIT en Myanmar.
“Y estoy seguro de que es algo bastante definitivo”.
Este artículo ha sido traducido del inglés.
Este reportaje se ha podido realizar gracias a una subvención de Union to Union.
