A medida que un número cada vez mayor de eritreos huye del país, el régimen del Presidente Isaias Afwerki toma cada vez más represalias contra sus familiares. El gobierno exige a las familias cuyos hijos han escapado hasta 50.000 nafkas (3.333 USD) por hijo o una pena de prisión. Ahora está demoliendo casas y confiscando bienes.

“Quieren castigar a la gente,” dice su hermano, Fikru, de 31 años, que acaba de llegar a Ginebra después de siete años saltando de un país a otro como refugiado eritreo. Fue Fikru quien me contó la historia de Aster y quien me dice que el resto de sus hermanos ya enviaron dinero desde el extranjero para pagar la construcción.

Los expertos dicen que Afwerki necesita un suministro constante de jóvenes para mantener su estado policial. En junio de 2015, una Comisión de Investigación de la ONU sobre los derechos humanos en Eritrea documentó detalladamente el servicio militar forzoso indefinido que impone el régimen. El ejército recluta niños menores de 15 años, tortura a sus propios miembros y perpetra sistemáticamente abusos sexuales contra las mujeres.

Lamentablemente, a pesar de que el informe concluye que es posible que algunas de esas violaciones constituyan ‘crímenes de lesa humanidad’ y de la reciente admisión por parte de un funcionario del gobierno eritreo a un periodista del Wall Street Journal de que en el país existe la tortura, algunos países y partidos políticos de la derecha en Europa se están apresurando a enviar un mensaje a los eritreos: no sigan viniendo aquí.

Después de los atentados de París, muchos partidos europeos de derechas no tardaron en insinuar la culpabilidad de los refugiados sirios y en reclamar controles migratorios y fronterizos más estrictos. Pero incluso antes de los atentados, algunos gobiernos europeos ya estaban maniobrando para frenar la entrada de refugiados a sus países.

Los eritreos —que representan uno de los grupos más numerosos de refugiados que buscan la seguridad en Europa en los últimos años— son uno de los principales objetivos de quienes quieren cerrar las puertas de Europa.

Un informe falaz como pretexto

Los esfuerzos por excluir a los refugiados eritreos de Europa comenzaron hace alrededor de un año en Dinamarca. A mediados de 2014, el Servicio Danés de Inmigración, envió una misión de investigación Eritrea al comprobar el drástico aumento del número de eritreos solicitantes de asilo. Dicha misión elaboró un informe —basado principalmente en entrevistas anónimas realizadas en Asmara— que concluía una mejora en la situación del país suficiente para que Dinamarca no tuviera que reconocer a los eritreos la condición de refugiados.

Varias organizaciones de derechos humanos denunciaron este informe y los dos hombres que lo elaboraron dimitieron alegando presiones para que su informe favoreciera la adopción de medidas más estricta a la hora de conceder asilo en Dinamarca. Después de un periodo de presiones públicas, el gobierno danés anunció que continuarían concediendo asilo a los eritreos en Dinamarca, pero el informe continúo siendo público.

Pero en marzo de 2015, el Ministerio del Interior británico cambió su política de asilo hacia los eritreos utilizando como fuente el informe danés. El número de concesiones de asilo a eritreos descendió del 73 % al 29 %.

El profesor Gaim Kibreab, Director de Estudios sobre Refugiados de la London South Bank University fue el único académico entrevistado en el informe danés y no dudó en denunciarlo públicamente: “¿Qué otra cosa se puede hacer si el gobierno se desentiende de los principios y los derechos?”, explica Gaim en una entrevista telefónica.

“En la UE hay una competición por quienes esgrime más dureza en la concesión de asilo político”, explica Gaim y añade que la mayoría de los eritreos a los que se ha denegado el asilo recientemente en el Reino Unido están hoy apelando la decisión.

El 6 de noviembre de 2015, el Ministerio de Justicia noruego anunció en Facebook un endurecimiento de la política de asilo del país. Advirtió a los solicitantes de asilo afganos que se les podría negar la protección y ser deportados a Kabul y, a continuación, mencionó los esfuerzos para “proceder a un diálogo con las autoridades eritreas a fin de obtener de las autoridades las garantías diplomáticas que permitan el retorno a Eritrea”.

La mayoría de los países justifican su nueva voluntad de colaborar con el régimen eritreo en indicaciones no confirmadas de que el gobierno de Afwerki podría poner fin al servicio militar indefinido. Pero los expertos afirman que no hay pruebas que apoyen esta afirmación.

“No hemos recibido información alguna procedente del gobierno de Eritrea de su intención de acabar con la práctica de ‘reclutamiento indefinido’,” afirma la Relatora Especial de la ONU en Eritrea, Sheila B. Keetharuth, a través del e-mail.

“Otras fuentes, incluidas fuentes diplomáticas, me dicen que el gobierno eritreo ha indicado que licenciará a los reclutados recientemente al servicio militar luego de 18 meses. Sin embargo, nadie ha informado a los afectados ni a sus padres sobre dicho futuro licenciamiento”.

Keetharuth señala también que nada se ha dicho sobre la desmovilización de quienes sirven en la actualidad en el ejército —algunos de ellos desde hace más de 15 años—. Keetharuth ha solicitado al menos cuatro veces el permiso para entrar en Eritrea, la más reciente en agosto de 2015, y valorar independientemente la situación del país. En cada ocasión se le deniega su solicitud de visado.

Noruega retira la alfombra de bienvenida

El anuncio publicado en Facebook el 6 de noviembre por el Ministerio de Justicia de Noruega es el último de una serie de iniciativas adoptadas por este Ministerio, encabezado por un representante del derechista Partido del Progreso. En la actualidad 13.246 eritreos han solicitado asilo en Noruega, el mayor grupo de solicitantes de asilo hasta este año, en que los sirios les han sobrepasado. El procedimiento para solicitar asilo en Noruega aún no ha cambiado: el 99 % de los eritreos que lo solicitaron hasta ahora en 2015 recibieron protección.

Pero en junio, Jøran Kallmyr, Secretario de Estado del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Noruega, visitó Asmara para discutir un “acuerdo de retorno”, después de comentar públicamente que Noruega podría cambiar su política de asilo hacia los eritreos.

Kallmyr afirmó que “Eritrea ha perdido gran parte de su población joven debido a las políticas de asilo europeas”. Su comentario se hace eco de lo que Afwerki lleva tiempo argumentando públicamente: que su régimen no es culpable de este éxodo.

“Las declaraciones públicas del gobierno se hicieron sin duda para enviar a los solicitantes de asilo eritreos el mensaje de que no vengan a Noruega”, afirma Florentina Grama, de la Organización Noruega de Solicitantes de Asilo en Oslo. Grama, nos dijo en una conversación telefónica que la mayoría de los eritreos solicitan asilo alegando el servicio militar indefinido, y algunos que son víctimas de persecución religiosa.

El gobierno eritreo sólo reconoce cuatro religiones: la Iglesia Ortodoxa de Eritrea; el Islam Suní; la Iglesia Católica Romana, y la Iglesia Evangélica de Eritrea. Quienes practican otras religiones tienen que dar cuenta de sus actividades al gobierno y son víctimas de torturas y detenciones.

Desde hace un año, la Unión Europea lleva también trabajando calladamente con el gobierno eritreo para cortar de raíz la migración y abogando, entre otras cosas, “por la promoción del desarrollo sustentable en países de origen… Para abordar las raíces que provocan la migración irregular”.

Este octubre, el Fondo de Desarrollo de la UE anunció la reanudación de la ayuda a Eritrea y la posible concesión de un paquete de 229 millones de USD de ayuda al desarrollo económico, en parte para ofrecer a la gente alternativas a la migración.

Según fuentes oficiales de la UE, estos fondos ayudarán a atajar la pobreza y “beneficiarán directamente a la población”. Esta lógica parece ignorar que la mayoría de los eritreos indican que abandonan su país para evitar los abusos contra los derechos humanos perpetrados por el régimen —aunque fuentes oficiales afirman que esta cooperación permite “a la UE reforzar un diálogo político que destaque la importancia de los derechos humanos”.

Sin embargo, un nuevo estudio revela que la ayuda no erradica la migración de los países pobres — de hecho tiene el efecto contrario—. Michael Clemens, investigador del centro de investigación sobre el desarrollo Center for Global Development, en Washington DC, concluyó en un reciente estudio que cuanto más gana la gente, más emigra.

“La conclusión unánime, después de medio siglo de investigación, es que un mayor desarrollo económico está asociado con mayor tasa de migración, no inferior, hasta que un país sobrepasa la condición de país de medianos ingresos”, afirma Clemens en una entrevista por teléfono. “Es conveniente políticamente tener un discuros alternativo y decir que el dinero de las ayudas logrará de alguna manera que Eritrea sea un lugar más deseable para vivir, pero es algo que va contra todas las pruebas que poseemos”.

“Una crisis de la política, no de cifras”

La reciente cumbre de la Valletta sobre migración evidenció que la UE continuaría esta vía y que intentaría también influir a través de los fondos para el desarrollo obligar a los países africanos como Eritrea a permitir que los países de la UE devuelvan a los solicitantes de asilo rechazados.

Clemens argumenta que los países europeos tienen una alternativa a su actual estrategia hacia los eritreos y otros refugiados: flexibilizar las normas y acoger a los recién llegados.

“Cuando se invierte en refugiados éstos se convierten en un recurso extraordinario”, afirma. “Suponen un recurso económico —que se pierde si se les prohíbe trabajar o se les confina en campamentos—. Pero que se gana se les da formación profesional, se les enseña el idioma y se invierte en ellos. La crisis actual es política, no de cifras”.

En octubre, hablé con Hayat (nombre ficticio para proteger su identidad), un joven eritreo de 16 años recién llegado a Suiza. Para llegar hasta aquí tuvo que viajar durante días cruzando el Sáhara, embutido en la parte trasera de un camión. Dos personas de su grupo fallecieron cuando su camión volcó; una de ellas era una chica de 16 años embarazada. El accidente dejó al grupo abandonado durante cuatro días bajo un calor sofocante. Más adelante, Hayat se tuvo que ocultar en cuevas subterráneas, en Libia, mientras los miembros de su grupo eran comprados y vendidos por distintos contrabandistas.

“Tuve mucho miedo,” confiesa Hayat. “Pero los más mayores me cuidaban. Compartían conmigo su comida, su agua y su esperanza. Ahora echo de menos a mi familia, pero estoy feliz con mi vida aquí”.

Cuando los países europeos ayudaron a establecer la Convención de los Refugiados de 1951, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se dieron cuenta de que la gente que huía de la persecución merecía ser protegida. Además, reconocieron el derecho a no devolverles al lugar donde su vida o libertad estaban amenazadas.

Durante los últimos meses, los países europeos han puesto en tela de juicio ese derecho porque están manipulando sus sistemas de asilo para que importe más hacia donde huyen que de dónde están huyendo.

Este artículo ha sido traducido del inglés.

Este artículo se publicó originalmente en The Nation, y lo publicamos de nuevo aquí, con el permiso de Agence Global.