TEstos ocho sindicalistas se enfrentan a ocho años y tres meses de prisión cada por “agresión y lesiones a agentes de la policía” y un supuesto “delito contra el derecho de los trabajadores”, por los hechos ocurridos durante una huelga que tuviera lugar el 29 de septiembre de 2010 para protestar contra las medidas de austeridad y la reforma de la legislación laboral aprobada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

En ese momento, estallaron protestas en todo el país y en el transcurso de una de ellas, varios centenares de trabajadores montaron un piquete de huelga frente a las puertas de la fábrica de Airbus en el madrileño barrio de Getafe.

“Cuando llegamos a la fábrica vimos que había policía nacional y una o dos brigadas de antidisturbios”, comentó recientemente el portavoz de los ocho de Airbus ante un grupo de periodistas de la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP).

“El ambiente estaba muy tenso, y me temía que algo malo iba a ocurrir”.

Y tenía razón. La policía antidisturbios cargó sus armas y realizó siete disparos al aire, provocando el pánico entre los manifestantes que intentaron escapar refugiándose en el interior de la fábrica. Se registraron varios heridos.

Al día siguiente, se acusó a los huelguistas de atacar a las fuerzas policiales y ocho sindicalistas fueron imputados en base al Artículo 315.3 del Código Penal español, que establece penas de prisión para los sindicalistas que organicen piquetes de huelga. Se trata de la primera vez que se aplica esta ley desde 1972, cuando España todavía estaba bajo la dictadura del General Franco.

Los ocho hombres tendrán que ir a juicio el 9 de febrero de 2016, pero en realidad son casi 300 trabajadores españoles los que se enfrentan de momento a posibles sentencias de prisión en base a la misma ley. Cinco miembros de la Unión General de Trabajadores (UGT) han sido ya condenados a prisión por su participación en una huelga.

En respuesta a este ataque sostenido contra los sindicatos, dos de las principales confederaciones sindicales españolas –CCOO y UGT– montaron una campaña denominada La huelga no es delito.

El evento organizado el 19 de enero contó con la asistencia de numerosos líderes sindicales europeos e internacionales, incluyendo a Rudy De Leeuw, Presidente de la Confederación Europea de Sindicatos (CES).

Luca Visentini, Secretario General de la CES hizo llegar también su solidaridad a través de un mensaje en vídeo. En una declaración remitida por su organización indicaba que “la huelga no solo es un derecho fundamental sino que la Constitución española lo recoge. La huelga no es delito y ser un sindicalista tampoco, entonces, ¿Por qué las autoridades españolas están actuando así? Los cargos deben ser retirados antes de que esta ridícula historia llegue a juicio”.

Visentini describió además el recurso al Artículo 315.3 como algo “inadmisible” arremetiendo contra el Gobierno español por “pedir 66 años de prisión para un grupo de trabajadores que no hacían sino ejercer pacíficamente su derecho de huelga”.

Según la ley franquista, la condena de sindicalistas imputados en base a este artículo impone su ingreso en prisión. En cambio, llama la atención el hecho de que, según la ley española, los delincuentes sexuales y aquellas personas acusadas de agresiones violentas podrían recibir sentencias de apenas un par de años de prisión o incluso a penas alternativas sin detención.

La importancia del juicio de los ocho de Airbus no pasa desapercibida para el movimiento sindical español, mucho menos para los hombres que podrían enfrentarse a penas de prisión.

“Toda Europa está pendiente de nosotros porque si perdemos, toda Europa dará un paso atrás, pero si ganamos habrá un rayo de esperanza”, comentó emocionado Alcázar ante un auditorio repleto el 19 de enero. Los asistentes respondieron con una cerrada ovación coreando: “no son delincuentes, son sindicalistas”.

Rompe-huelgas y ley mordaza

Pero “el esquirolaje y el establecimiento de servicios mínimos abusivos también cercenan el derecho de huelga”, recordó Jaime Cedrún, de CCOO.

Cedrún lidera las negociaciones en una disputa laboral en curso con Coca-Cola respecto a la eliminación de 1.230 de los 4.200 puestos de trabajo en varias fábricas españolas, particularmente en Fuenlabrada (Madrid). En junio de 2014, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de Madrid declaró nulo el expediente de regulación de empleo, considerando que se había vulnerado el derecho a la huelga.

Sin embargo, Coca-Cola continúa sin acatar la sentencia que obligaba a la compañía a “reincorporar a los trabajadores a su puesto de trabajo y en las condiciones laborales que tenían antes del despido”.

Tanto Cándido Méndez como Ignacio Fernández Toxo, Secretarios Generales de UGT y CCOO respectivamente, hicieron referencia durante el acto del 19 de enero al importante papel que tuvieron las huelgas para el retorno de la democracia en España en los últimos años de la dictadura franquista.

“Supuso una conquista fundamental para que avanzase no sólo la clase obrera, sino el conjunto de la sociedad”, afirmó Fernández Toxo. El hecho de que los sindicalistas españoles tengan que constatar el retroceso respecto a derechos tan duramente conquistados provoca rabia y frustración.

“Estamos ante una situación de emergencia económica y social”, reconoció Méndez. “Resolver esto es básico, como lo es derogar el Artículo 315.3, porque ‘huelga’ y ‘democracia’ expresan el mismo valor en torno a dos palabras distintas”.

Para Carmelo Ruiz de la Hermosa, Secretario General de UGT-Madrid, “resulta simplemente increíble que esto esté pasando en 2016”.

A continuación describió “la ofensiva mediática y legal contra el sindicalismo”, estrechamente vinculada a las políticas de austeridad y a la imposición de un modelo económico neoliberal basado “en la desigualdad y en condiciones de trabajo precarias”.

“Después de siete años de crisis, un miedo atroz se ha adueñado de los trabajadores, bien a perder su trabajo o a no encontrar ninguno”, prosiguió Ruiz de la Hermosa.

Jeffrey Vogt, Director de la Unidad Jurídica de la Confederación Sindical Internacional (CSI), considera que lo que estamos viendo en España forma parte de una tendencia global hacia el desmantelamiento de los derechos de los trabajadores.

“Con un mayor desempleo, puede resultar más arriesgado ejercer el derecho de huelga, particularmente cuando dicho derecho no esté bien protegido y pueda recurrirse a trabajadores de reemplazo. Además, el recurso por parte de los empleadores a los contratos de duración determinada o a emplear a sus trabajadores a través de múltiples subcontratistas son medios para dificultar el ejercicio del derecho de asociación, de negociación y de huelga”.

No obstante, no hay que desesperar, y se citó como ejemplo otras acciones de huelga en todo el mundo, como la de los trabajadores de la confección en Camboya, que consiguieron un incremento del 10 por ciento en el salario mínimo el pasado mes de octubre, o la campaña de los trabajadores de restaurantes de comida rápida en EE.UU. “fighting for $15”.

Pero los trabajadores españoles se enfrentan además a la siniestra “ley mordaza”, aprobada por el actual gabinete de Gobierno y que “impide a los trabajadores organizarse y luchar por sus derechos, paralizándolos con el miedo”, según Fernández Toxo, Secretario General de CCOO.

“Hasta ahora la sociedad española ha tenido una actitud defensiva ante la crisis y ya ha llegado el momento de que esa actitud sea ofensiva para defender nuestros derechos, incluyendo el de derecho a huelga”, afirmó.

Aunque el movimiento sindical internacional se ha sumado a las manifestaciones pidiendo que la fiscalía retire los cargos que pesan sobre los ocho de Airbus, ellos reconocen que “el riesgo de entrar en prisión es alto” – pese a que establecería “un precedente peligroso dentro de la Eurozona”, según Alcázar.

Pero ese precedente ha sido ya establecido, restringiendo el derecho de huelga con la propuesta de Ley de Sindicatos en el Reino Unido, que desembocaría en medidas regresivas similares también en Finlandia, la República Checa y Polonia.

“El derecho de huelga está ampliamente aceptado como derecho fundamental por la Organización Internacional del Trabajo y los tribunales regionales y nacionales, y se ha comprendido desde hace tiempo que, sin el derecho de huelga, no existe el derecho de negociación colectiva, que se convertiría más bien en mendicidad colectiva”, declaró Vogt.

“Muchos países, a instancias de los empleadores, intentan limitar el derecho de huelga en la ley y en la práctica, incluso en Europa. Para la CSI, defender el derecho de huelga a nivel nacional e internacional constituye una prioridad destacada”, añadió.