Condenan los sindicatos estadounidenses las deportaciones de familias centroamericanas

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Las agrupaciones de defensa de los derechos de los migrantes y sindicatos han condenado los inminentes planes de la administración Obama para la deportación en masa de familias centroamericanas indocumentadas que han llegado a los EE.UU. en los últimos dos años.

Richard L. Trumka, Presidente de la federación sindical del país, la American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO) señaló que los sindicatos han instado, desde un principio, a que se conceda a estas familias la condición de refugiadas y se les permita permanecer en el país.

“En cambio, la respuesta vergonzosa de nuestro Gobierno ha sido a erosionar las protecciones procesales debidas para agilizar los procedimientos judiciales y encerrar a las familias en centros de de internamiento distantes con poco acceso a un abogado”, afirmó en un comunicado.

“Ahora, en una escalada inexcusable y sin ningún tipo de transparencia, el Departamento de Seguridad Interior ha empezado a allanar viviendas armados con el fin de expulsar a mujeres y niños vulnerables hacia algunos de los países más peligrosos del mundo”.

Para el primer fin de semana del programa de internamiento, en diciembre de 2015, se detuvieron 121 personas para ser deportadas. Para justificar esta medida, el Secretario de Seguridad Interior, Jeh Johnson, afirmó: “Esta medida no debería ser una sorpresa. He dicho públicamente durante meses que las personas que constituyen prioridades en el cumplimiento de la reglamentación, incluidas las familias y los niños no acompañados, serán expulsadas”.

La crítica de Trumka a un Gobierno que los sindicatos ayudaron a elegir en 2008 (y de nuevo en 2012) no solamente traduce la decepción ante esta medida en particular. Refleja un desacuerdo más amplio con la política del Gobierno tanto en lo relativo a la inmigración como al comercio, y a que el movimiento sindical reconoce cada vez más que la migración a los EE.UU. está vinculada al desplazamiento de las personas en sus países de origen.

A su vez, este desplazamiento se debe en gran parte a las políticas económicas, políticas y militares de EE.UU.

La decisión de la deportación se produce en un momento en que la Administración está aumentando su presión final para obtener que el Congreso de Estados Unidos ratifique la Alianza Transpacífica (TPP). Este tratado es el último de una larga serie de acuerdos de libre comercio impulsados por ambos partidos políticos, empezando por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ratificado en 1993 bajo el mandato del presidente demócrata Bill Clinton, y el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos/Canadá, ratificado bajo el mandato del presidente republicano George Bush, unos años antes.

El presidente Barack Obama, en su discurso sobre el Estado de la Unión de 2016, afirmó que el TPP, que incluye 12 países que bordean el Pacífico, “abriría mercados, protegería a los trabajadores y al medio ambiente y promovería el liderazgo estadounidense en Asia”. Asimismo, señaló que “suprimiría 18.000 impuestos sobre productos hechos en Estados Unidos y favorecería un mayor número de empleos buenos... ¿Quieren mostrar nuestra fuerza en este siglo? Aprueben este acuerdo”.

Lo sindicatos estadounidenses, sin embargo, se oponen a la Alianza transpacífica con más fuerza que contra cualquier otro acuerdo comercial negociado en las últimas dos décadas. En parte, se debe a que los activistas sostienen que los acuerdos desplazan a las comunidades al extranjero, y una vez que llegan a los EE.UU. como migrantes son tratadas como delincuentes o son explotadas como fuente de mano de obra barata con menos derechos.

 

Honduras

Este argumento se detalla ampliamente en un informe de una delegación de dirigentes sindicales, encabezados por el Vicepresidente de la AFL-CIO, Tefere Gebre, que visitó Honduras en busca del origen de la ola de inmigrantes que empezaron a cruzar la frontera de Estados Unidos con México hace dos años.

El informe, Trade, Violence and Migration: The Broken Promises to Honduran Workers (Comercio, violencia y migración: las promesas incumplidas a los trabajadores hondureños), se mostró inusualmente crítico con la política exterior y migratoria de Estados Unidos. Señaló las numerosas intervenciones militares en Honduras y Centroamérica para sostener a las élites más ricas y a sus socios corporativos en Estados Unidos.

Después del más reciente golpe de Estado contra el presidente electo Manuel Zelaya, “numerosos sindicalistas y activistas comunitarios que participaron en la resistencia fueron asesinados, golpeados, amenazados y encarcelados”, apunta.

El informe planteaba que el impacto del Tratado de Libre Comercio de América Central aumentó la pobreza existente en Honduras: “Hoy día, Honduras es el país donde existe la mayor desigualdad en América Latina”, señaló. De 2006 a 2013, la pobreza aumentó del 60 al 64,5 por ciento.

Solamente en 2014 llegaron a EE.UU. más de 18.000 niños hondureños no acompañados, mientras que el número de hondureños que salieron del país ascendió a 523.000.

“Actualmente, la migración es considerada por muchas familias como un medio para escapar de la violencia, buscar oportunidades de empleo, o reunirse con su familia, mientras que el Gobierno ha acogido las remesas de los migrantes como un recurso económico importante”, señaló el informe.

En última instancia, concluyó, el Gobierno de Estados Unidos debe abandonar las políticas que “criminalizan a los niños migrantes y a sus familias, al tiempo que busca concertar acuerdos comerciales que desplazan a los agricultores de subsistencia y simultáneamente hacen bajar más los salarios y las normas en otros sectores, eliminan buenos puestos de trabajo e intensifican las condiciones económicas que impulsan la migración”.

 

Centros de internamiento “deplorables”

Sin embargo, en lugar de avanzar en esta dirección, el Gobierno de Obama ha seguido adelante con la construcción de dos centros de internamiento en Texas, diseñados para retener a 1500 mujeres y niños centroamericanos, al mismo tiempo que negocia la Alianza transpacífica TPP.

En julio de 2015, la jueza del Tribunal federal de distrito Dollie Gee, para el Distrito Central de California, condenó el trato que se da a los detenidos calificándolo de “deplorable”. Dictaminó que el internamiento de estas personas violaba una decisión anterior, el Asunto Flores de 1997, según el cual las autoridades deben evitar la detención de niños migrantes y deben liberarlos siempre que sea posible. Ordenó que fueran liberados las mujeres y los niños detenidos en los centros de internamiento.

No obstante, para justificar su decisión de continuar reteniendo a las personas migrantes, los abogados del Gobierno afirmaron que su reclusión impedía “otro aumento en la migración ilegal a través de nuestra frontera suroeste de familias procedentes de América Central”, y acusaron a las madres de llevar consigo a sus hijos “como un medio para evitar la detención y conseguir entrar a los Estados Unidos”. La jueza Gee rechazó el argumento calificándolo de “alarmismo”.

Su simpatía por los migrantes tiene raíces en su propia familia, ya que su madre trabajó como costurera inmigrante en los talleres clandestinos de Los Ángeles. Más tarde, Gee se hizo abogada y trabajó como coordinadora para el sindicato de camioneros (Teamsters Union) en las campañas de sindicalización. Es la primera ciudadana sino-estadounidense en ser nombrada Jueza del Tribunal Federal.

La promesa del Gobierno de Estados Unidos según la cual la detención y deportación de los migrantes detendría la migración ha demostrado carecer de fundamento. El otoño pasado, el número de familias procedentes de Centroamérica que llegaron a la frontera entre Estados Unidos y México comenzó a aumentar de nuevo.

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos anunció que había capturado 12.500 “unidades familiares” en octubre y noviembre, un aumento muy importante en relación con las 4.600 familias capturadas durante los mismos meses del año anterior. El número de menores de edad que viajan sin sus padres también aumentó: de 5.100, en octubre y noviembre de 2014, a 10.600 durante el mismo mes de 2015.

Sin embargo, la deportación de estas familias ha sido demasiado incluso para todos los candidatos presidenciales demócratas que luchan por su nominación: Bernie Sanders, Hillary Clinton y Martin O’Malley condenaron las deportaciones. “¿En qué clase de país nos hemos convertido para que se hable en época de Navidad de acorralar a mujeres y niños que huyen de bandas asesinas?” lanzó furibundo el Gobernador de Maryland, O’Malley.