En diciembre, el presidente de la Comisión Parlamentaria sobre Economía de Lituania, Remigijus Žemaitaitis, presentó un proyecto de ley que retiraría las ayudas sociales y prestaciones de desempleo a las personas alcohólicas si se niegan a someterse a tratamiento. Este mes se redactará un plan de acción interinstitucional para combatir los problemas relacionados con el alcohol.

Lituania tiene uno de los niveles más altos de consumo de alcohol del mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2015 Lituania fue el segundo país con el mayor número de muertes relacionadas con el alcohol del mundo (casi 15 de cada 100.000).

Aunque medidas recientes, como la prohibición de la venta de alcohol en gasolineras, ha demostrado una voluntad de poner fin al problema, dos noticias recientes revelan la verdadera magnitud de la crisis.

En noviembre, un hombre mató a cuatro mujeres tras consumir una cantidad excesiva de alcohol. Dos meses más tarde, un padre alcohólico mató a sus dos hijos lanzándolos a un pozo tras una disputa doméstica. Ambos hombres recibían prestaciones sociales.

Según Vitalis Nakrosis, del grupo de reflexión del Instituto de Políticas y Gestión Públicas, el gobierno lituano debe encontrar una “alternativa equilibrada” tanto para el modelo de renta universal como para el sistema estricto de Lituania de control para las prestaciones si realmente quiere ayudar a las personas más vulnerables.

“La denominada ‘oficina de cara al público’, es decir, los proveedores de servicios más cercanos a las familias en situación de riesgo, debe ser reforzada y estar comprometida”, dice a Equal Times. “Muchos funcionarios prefieren trabajar en la formulación de políticas, la supervisión y funciones similares en Vilnius, en oficinas con calefacción y en un entorno de equipo en lugar de interactuar directamente con familias en situación de riesgo, normalmente en zonas rurales, con frío y sin una financiación adecuada.

Programa de trabajo para desempleados: prestaciones sociales sujetas a contraprestación de trabajo

El sistema de asistencia social de Lituania ya es austero. Según el Ministerio de Seguridad Social y Trabajo, solo el 4 por ciento de la población de Lituania recibe prestaciones sociales, mientras que el 9 por ciento de la población está en el paro y más de un cuarto de los lituanos corre el riesgo de caer en la pobreza.

La cantidad de ayudas por desempleo recibida depende de los antecedentes laborales. Sin embargo, los subsidios de desempleo y por renta baja a menudo se solapan. Las oficinas locales de empleo pueden pedir a las personas que reciben subsidios por desempleo, especialmente las que se considera que están ’poco cualificadas’, que realicen obras públicas. Las personas que reciben ayuda a la renta, si son aptas para el trabajo, ahora deben cumplir el requisito de realizar trabajo útil para la sociedad que beneficie a la comunidad local.

Sorprendentemente, algunos dirigentes sindicales de Lituania apoyan esta medida que en su momento resultó polémica.

“El subsidio de desempleo no debería confundirse con la ayuda a la renta. El primero es como un seguro. En lo concerniente a las obras públicas, incluso la postura de la Organización Internacional del Trabajo ha cambiado. Anteriormente se consideraba trabajo forzoso, pero ha dejado de ser el caso”, cuenta Artūras Černiauskas, presidente de la Confederación Sindical Lituana, a Equal Times.

Puede que Petras discrepe. Este antiguo obrero de la construcción de 52 años recibe prestaciones sociales escasas a cambio de mantener las zonas verdes de una empresa pública en Alytus, la región de Lituania con el mayor índice de desempleo.

“Solía trabajar en la construcción pero ahora no puedo por motivos de salud”, dice a Equal Times. “Algunos meses pago €100 ($110) solo por la calefacción y aquí recibo un salario mínimo (€350 o $390), o subsidio, que pierdo si estoy desempleado durante todo el año. Si sumamos los €81 ($90) de prestaciones sociales, ¿qué queda? Quizás pueda comer algo de hierba por aquí”, bromea.

Su compañero Gerardas, de 46 años, dice que ni siquiera puede solicitar prestaciones por desempleo, ya que ha pasado la mayor parte de su vida trabajando en el sector de la agricultura y por lo tanto su historial laboral no es extenso.

“Recibo lo suficiente para cigarrillos y gasolina”, dice a Equal Times. Mientras tanto, su municipio está debatiendo actualmente cómo evitar que los beneficiarios de asistencia social utilicen las prestaciones para estos placeres por medio del desembolso de las prestaciones a través de trabajadores sociales en lugar de entregar el dinero.

De este modo, los trabajadores sociales pueden controlar en qué se gastan las prestaciones e intervenir temprano si se sospecha que se están utilizando de manera inadecuada.

“Librarse de los sinvergüenzas”

En 2012, el Ministerio de Seguridad Social y Trabajo puso a prueba un proyecto en el que cinco municipios asumieron la responsabilidad de comprobar la insuficiencia de recursos y distribuir las ayudas sociales. Los municipios podían quedarse con el dinero ahorrado tras rechazar solicitudes de prestaciones.

La iniciativa obtuvo el apoyo entusiasta de algunos sectores de los medios de comunicación lituanos. Por ejemplo, el diario nacional más importante del país, Lietuvos rytas, elogió a los municipios por “librarse de los sinvergüenzas”, lo que llevó a un ahorro medio de 20 por ciento de los presupuestos municipales para prestaciones sociales.

“Contamos con el pleno apoyo de los trabajadores”, dice Loreta Laugalienė, jefa de la división de asistencia social del municipio de Raseiniai, que participó en el proyecto piloto. “La declaración principal del alcalde es que un trabajador no debería vivir peor que un beneficiario de asistencia social”.

La policía cooperó denunciando a las personas sorprendidas vendiendo productos comprados ilegalmente, como alcohol y cigarrillos. El número de beneficiarios de asistencia social disminuyó en 13 por ciento en 2012. Laugalienė describe los recortes como un acto de justicia social: dice que ahora solo las personas realmente necesitadas obtienen ayuda y la comunidad local se muestra más positiva hacia los beneficiarios de asistencia social.

En 2014, el proyecto piloto se extendió a todo el país. Ahora los beneficiarios de asistencia social también deben notificar la venta de artículos más importantes, como coches, o cualquier ingreso inesperado, como una herencia. En municipios más pequeños, las comunidades locales denuncian a las personas de las que se sospecha que reciben ingresos ilegales (normalmente comercio transfronterizo, trabajo irregular o remesas de parientes en el extranjero).

Como informó Lietuvos rytas, el año pasado 439 familias en Kaunas, la segunda ciudad más grande de Lituania, perdieron sus subsidios por negarse a realizar trabajo útil para la sociedad. La ayuda social media era de €62 al mes. La comprobación de insuficiencia de recursos está ahora supervisada por consejos consultivos, que incluyen a ONG y empresas. La capital, Vilnius, incluso cuenta con una línea directa para denunciar el fraude en la prestación de ayudas sociales.

Se pidió a un cuarto de los beneficiarios de prestaciones sociales que realizaran trabajo útil para la sociedad (hasta 40 horas al mes, conforme a lo estipulado en la ley) en la primera mitad de 2015. Las prestaciones se proporcionan en efectivo o en especie y se reducen progresivamente con el tiempo.

Si se aprueban nuevas normativas con respecto a las adicciones los municipios tendrán todavía un mayor poder para examinar cómo se gastan las prestaciones. Informes de los medios sobre cómo beneficiarios de prestaciones sociales intentan cambiar los cupones de alimentos por alcohol han generado apoyo público para un mayor control y la desintoxicación obligatoria.

“El objetivo del trabajo de utilidad social es adquirir y mantener aptitudes profesionales”, dice Svetlana Kulpina, jefa de la División de Asistencia Social Económica del Ministerio de Seguridad Social y Trabajo. “Esto también cambia la actitud de la sociedad de que los beneficiarios de asistencia social dependen del Estado”.

Černiauskas, de la confederación sindical, comparte esta opinión. “Si los ciudadanos obtienen servicios de la sociedad, deberían devolver algunos servicios”.

No obstante, ninguna de las personas entrevistadas por Equal Times estaba a favor de más controles. Según Laugalienė, el sistema actual ya proporciona prestaciones sociales en especie y el deber de trabajar impide que los beneficiarios beban. Kulpina comparte esta opinión y hace hincapié en que la ayuda social está garantizada por la Constitución.