Los dos actores —miembros de la compañía Títeres desde Abajo—, acusados de incitación al odio y enaltecimiento del terrorismo, fueron liberados con cargos días después de que su detención provocara multitudinarias protestas bajo el lema “stop represión”.

Ahora, no sólo la sociedad civil sino también expertos y organizaciones pro derechos humanos alertan de que éste no es un caso aislado y de que se está utilizando el poder judicial con fines partidistas y arbitrarios.

“Estamos volviendo a la figura del disidente político”, explica Joaquim Bosch, portavoz de la asociación Jueces para la Democracia, a Equal Times.

En la misma línea, 164 intelectuales, entre los que se encuentran el lingüista, filósofo y activista estadounidense Noam Chomsky; el ensayista Antonio Negrí y el cineasta e historiador Tariq Ali, han firmado recientemente un “Manifiesto por las libertades civiles en España y en Europa”.

Según sus impulsores, esta propuesta “nace de la preocupación por la creciente restricción de aquellos derechos que resultan fundamentales para toda vida democrática: los derechos civiles”.

Por su parte, Amnistía Internacional (AI) ha pedido que se retiren los cargos a los titiriteros, y, de paso, que las autoridades españolas deroguen o modifiquen los artículos del Código Penal que imponen restricciones desproporcionadas a los derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de expresión. Por ahora han recaudado más de 43.000 firmas.

Ana Gómez, portavoz de AI, aseguró a Equal Times que “en España, los derechos de libertad de expresión, reunión e información se ven restringidos con las reformas del Código Penal, que incluye enmiendas sobre terrorismo, y con la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, también conocida como Ley Mordaza”.
Ambas normativas han hecho saltar las alarmas del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y de la ONG de derechos humanos Human Rights Watch, que no han tardado en pedir su inmediata retirada.

¿Quién puede ser acusado de enaltecimiento del terrorismo?

La reforma del Código Penal, que entró en vigor en julio de 2015, y fue aprobada por el Partido Popular, ha provocado la oposición de numerosos juristas, entre ellos conocidos fiscales, abogados y jueces.

Y es que, el catálogo de las “finalidades” terroristas, ahora es más amplio. Incluye, desde subvertir el orden constitucional, a suprimir o desestabilizar el funcionamiento de instituciones políticas o estructuras económicas o sociales del Estado. Pero, algo más preocupante para Bosch, es que los delitos vinculados al enaltecimiento del terrorismo están planteados de forma muy ambigua, lo que permite un margen de actuación muy amplio.

“Se está llevando a la Audiencia Nacional (el tribunal encargado de juzgar en primera instancia los delitos de terrorismo) a humoristas, a cantantes o a cualquiera que cuente un chiste más o menos acertado en twitter; es absolutamente desproporcionado”, alerta Bosch.

Además, abunda el juez, “cada vez que sucede algo así, se crean dispositivos policiales y redadas enormes; incluso el Ministro de Interior se ve involucrado, como si se hubiera desactivado un comando antiterrorista muy peligroso, (y todo) por hacer una broma de mal gusto o, en este caso, una obra de teatro para adultos”.

Para el magistrado, estos hechos “no suponen un verdadero peligro para la sociedad”.

Los casos de enaltecimiento del terrorismo están castigados con penas de entre uno a tres años de cárcel. Entre 2014 y 2015 se detuvo en España a 95 personas por este delito, siendo el periodo con más sumarios desde el año 2000. Un pico que, según la organización No somos delito, se debe a una persecución hacia determinados sectores de la sociedad.

“Hemos visto cómo se está extendiendo o centrando esta intimidación a las opiniones volcadas a través de las redes sociales de forma partidista”, señalan desde esta organización a Equal Times.

Uno de los casos que ha levantado más polémica y al que se refiere esta organización, es el del humorista Facu Díaz, imputado por un sketch en el que escenificaba un comunicado de la banda terrorista ETA parodiando al Partido Popular. Su caso fue archivado. Pero no es el único: César Strawberry, líder de la banda de rap Def con Dos, o Guillermo Zapata, concejal del ayuntamiento de Madrid, fueron llamados a declarar por delitos terroristas a causa de unos tweets.

Estos hechos despiertan opiniones enfrentadas en la opinión pública española. Para muchos se trata de humor negro dentro de los límites de libertad de expresión. Para otros, una humillación directa a las víctimas del terrorismo que debe ser penada como tal. En el caso de los titiriteros, tal y como sentencia Bosch, “se trataba de ficción, por lo que no existe ninguna ofensa real”.

La Ley de Seguridad Ciudadana y la estrategia del miedo
El otro texto que podría poner en peligro la libertad de expresión, pero también la de reunión y asociación, es la Ley de Seguridad Ciudadana.

Los partidos de la oposición se comprometieron a derogarla en caso de llegar al gobierno. Sin embargo, mientras la izquierda tradicional negocia pactos con los partidos emergentes (Podemos y Ciudadanos), las resoluciones concretas en este asunto se hacen esperar.

El Partido Socialista, encargado de formar gobierno, se está encontrando con más de un escollo para acabar con ella. Y es que la complejidad de la normativa no permite un cambio drástico.
En su documento de investidura “Programa para un gobierno progresista y reformista”, han optado por “reformarla” en lugar de revocarla. Algo que ha sido duramente criticado por distintos colectivos y organizaciones, AI entre ellos.

Según AI, esta ley otorga a la policía amplios poderes de decisión, sin salvaguardias de procedimiento, para multar a las personas que les muestren “falta de respeto”.

El texto restringe igualmente la grabación de agentes de policía en vídeo, con multas de hasta 30.000 euros para quienes difundan las imágenes.

La Ley de Seguridad Ciudadana ha introducido delitos que no existían, como por ejemplo, protestar en entidades bancarias.

Además, son las autoridades administrativas, no los tribunales, los que impondrán multas por numerosos delitos de orden público lo que, según la portavoz de AI, no puede más que poner “en riesgo las garantías procesales”.

El abogado Óscar Franco Bermúdez añade en su entrevista para Equal Times que “los ciudadanos quedan indefensos, al ser la misma Administración quien encausa, instruye y resuelve el expediente”.

Y lanza un dato nada desdeñable: “las fuertes sanciones administrativas pueden llegar incluso a arruinar a una familia, siendo éstas de hasta 600.000 euros”.

“Todo esto es parte de un conjunto de medidas que castigan la disconformidad política. El gobierno no es capaz de convencer a los ciudadanos a través de sus políticas, por ello utiliza la estrategia del miedo”, sentencia Bosch.