Un grupo sumamente conservador ha controlado el estado de Michigan desde la elección en 2011 del gobernador Rick Snyder y de una mayoría republicana en la asamblea legislativa. Un aspecto clave de las políticas de éstos ha sido el esfuerzo coordinado para quitar a la gente que vive en las ciudades y comunidades el control de las mismas e imponer medidas de austeridad y de libre mercado a poblaciones formadas principalmente por afroamericanos.

Sin embargo, algunos de los principales oponentes de esta amenaza a la democracia han sido los maestros de Detroit. El pasado mes de enero, el sindicato de educadores Detroit Federation of Teachers interpuso una demanda y algunos de sus miembros llegaron a abandonar las escuelas de la ciudad para protestar contra las condiciones “deplorables, peligrosas, insalubres e inaceptables” para los niños. Unas condiciones que son producto del desastroso régimen autocrático de Michigan.

La clave de la estrategia de los conservadores ha sido la ley del gestor de emergencias. Aunque una versión de la misma se aprobó ya en 1988 bajo una administración demócrata, en 2011 los nuevos cargos públicos republicanos aprobaron la Ley Pública 4, que introdujo medidas mucho más radicales. Prácticamente otorgaba poderes ilimitados a gestores no elegidos por los vecinos, que eran nombrados por el gobernador en momentos de dificultades financieras, mientras que los ayuntamientos y consejos escolares perdieron todo el poder para tomar decisiones.

Como no estaban sometidos a las limitaciones derivadas de la responsabilidad pública, los gestores de emergencias de varias ciudades procedieron a anular los convenios colectivos y a vender bienes públicos. La misma Detroit se vio obligada a declararse en quiebra en julio de 2013.

En octubre de 2013, en la cercana localidad de Flint, el gobernador Snyder nombró gestor de emergencias a Darnell Earley. Durante los 16 meses siguientes, Earley preparó el terreno para que el agua de Flint pasara de ser suministrada por el servicio público municipal de Detroit a bombearla directamente del río Flint, una vía fluvial muy contaminada debido a que las fábricas de automóviles y otras industrias pesadas vertieron durante décadas desechos tóxicos a la misma.

El demócrata Earley justificó la decisión como una medida para reducir costes. Sin embargo, desde entonces ha quedado claro que su decisión estaba vinculada a un plan para arrastrar a Detroit a una quiebra aún mayor.

El Departamento de Agua y Alcantarillado de Detroit ha funcionado con unos déficits de presupuesto que ascendían a una media de 57 millones USD al año; el pago de la deuda suponía la mitad de su presupuesto. Al enfrentarse a la pérdida de la localidad de Flint como cliente, los titulares de los bonos presionaron para suspender el suministro a los clientes morosos y aumentar los precios para evitar que se incluyeran sus inversiones en los procedimientos de quiebra. Veolia, la multinacional francesa de gestión de residuos y del agua, estaba esperando entre bastidores.

Flint es el principal cliente del agua de Detroit

Cuando la agencia del agua de esta ciudad se ofreció a reducir sus precios a la mitad para poder seguir suministrando a Flint, Earley y su sucesor no dieron su brazo a torcer. En cambio, firmaron un acuerdo para entregar Flint a un nuevo suministrador de agua vinculado a Veolia.

Tras haber perdido a Flint como cliente, los habitantes de Detroit pagan ahora precios más elevados por el mismo servicio. Incluso puede que Detroit tenga que vender su sistema público de agua (uno de sus principales activos) a inversores privados.

Hace un año, por decreto del gestor de emergencias de Detroit, Kevyn Orr, el servicio de agua empezó a suspender el suministro a los vecinos de zonas pobres que se retrasaban en el pago de sus facturas. Solo unas protestas a escala mundial consiguieron paralizar dicha medida. Al mismo tiempo, Orr empezó a negociar con Veolia.

En febrero de 2015, Veolia fue contratada por Flint para que analizase el agua después de haber cambiado su fuente de suministro. Los médicos de la salud pública ya estaban advirtiendo a las autoridades estatales y federales de que los niveles de plomo en el agua potable extraída del río Flint eran alarmantemente elevados. El plomo es un causante reconocido de trastornos de aprendizaje en los niños y los daños a su desarrollo cognitivo son permanentes.

Veolia anunció que el agua de Flint era segura. Dicho anuncio se parecía a las falsas declaraciones de inocuidad publicadas por el Departamento de Calidad Medioambiental de Michigan, un organismo controlado por el gobernador Snyder. Sin embargo, el año pasado incluso General Motors dejó de usar el agua de Flint en su planta de producción de automóviles porque provocaba corrosión.

Finalmente, Snyder se vio obligado a admitir que el agua corrosiva del río estaba disolviendo el revestimiento de las antiguas tuberías de plomo de Flint, lo cual provocaba un aumento brusco de la concentración de dicho metal.

Unoscorreos electrónicos vergonzosos revelaron que las autoridades estatales tenían conocimiento de la contaminación de plomo, si bien no dudaban en ridiculizar a los padres y funcionarios de los servicios públicos de salud que advertían a la sociedad de sus peligros.

Al final se declaró un estado de emergencia y el presidente Barack Obama ofreció 80 millones USD en concepto de ayuda, aunque es probable que el cambio de las tuberías de la ciudad cueste más de mil millones USD.

Emergencia en las escuelas de Detroit

En enero de 2015, después de abandonar Flint, Earley fue nombrado por el gobernador Snyder gestor de emergencias del sistema de escuelas públicas Detroit Public Schools (DPS), el cuarto gestor en los últimos siete años.

El principal objetivo de los cuatro gestores ha sido la privatización de las escuelas de Detroit. A finales del curso académico 2009-2010, el 36% de los estudiantes (50.139 jóvenes) ya asistía a escuelas privadas concertadas. Otras 41 escuelas públicas (el 30% de las del distrito, que ofrecían educación a 16.000 estudiantes) se convirtieron en centros concertados.

El Plan de Eliminación del Déficit (diseñado entre los gestores y el estado de Michigan en un intento por eliminar el déficit de 20,4 millones USD del DPS para finales de 2021) exigía al ayuntamiento que cerrara otras 70 escuelas a lo largo de un período de dos años y que aumentara el tamaño de las clases a 60 estudiantes en el nivel de secundaria.

En las elecciones de 2012, los votantes se rebelaron y derogaron la Ley Pública 4. Aun así, el órgano legislativo se desplazó aún más a la derecha y aprobó una ley que prohíbe los contratos donde se exige la afiliación a un sindicato como una condición de empleo (la llamada ley “del derecho a trabajar”). Luego volvió a aprobar la Ley Pública 4 bajo una forma ligeramente modificada como la Ley Pública 436.

En un reciente artículo de opinión, Pamela Pugh, tesorera (elegida por los vecinos) de la Junta de Educación del Estado de Michigan, declaró: “Tras más de seis años de fracasos por parte del estado, el sistema Detroit Public Schools se ha deteriorado, convirtiéndose en un sistema educativo desestabilizado, empañado por el empeoramiento de los resultados académicos y un aumento del déficit de más de 3,5 mil millones USD. Al igual que la crisis del agua en Flint, el hundimiento del distrito escolar de Detroit se ha dado durante el período de gestión de emergencias”.

El mes pasado, el sindicato de maestros Detroit Federation of Teachers finalmente interpuso una demanda para obligar a Earley a dimitir y para que las escuelas volvieran a estar bajo el control de una junta escolar elegida por la población. “Pedir a un niño que estudie o a un profesor que enseñe en aulas donde les sale vaho por la boca debido al frío, en salas infestadas de bichos, con tejas cayendo del techo y cubos para las goteras o en edificios que les enferman literalmente, es más de lo que se puede tolerar legal o constitucionalmente”, argumenta la demanda.

Otras situaciones que se mencionan en la demanda son el moho negro, las bacterias, las aulas congeladas o hirviendo, las ratas e insectos, los cables expuestos y la caída de cascotes.

A principios de febrero, Earley acabó por dimitir y se justificó ante el gobernador Snyder afirmando que había completado su tarea de “reestructuración exhaustiva” meses antes de lo previsto. Mientras cientos de maestros en plena huelga encubierta se manifestaban frente a las oficinas del distrito escolar, Snyder anunció que nombraría a un ‘responsable de transición’ para volver a colocar las escuelas bajo el control local.

“Los educadores y los padres llevan años alertando a la sociedad sobre las peligrosas condiciones de las escuelas. Y el DPS y los gestores de emergencias, incluido Earley, no han dejado de desdeñarles, ignorarles y faltarles al respeto”, denunció en una declaración Ivy Bailey, presidenta interina del sindicato Detroit Federation of Teachers. “El estado ha puesto de rodillas al distrito escolar y ya es hora de que nos devuelvan el poder”.

Han utilizado a varias ciudades de Michigan, como Detroit y Flint, como un laboratorio para implantar políticas basadas en el mercado y las medidas de austeridad más radicales. Los resultados han sido letales.

Detroit aún está en quiebra y los gestores de emergencias siguen causando estragos en otras ciudades. Incluso sin un gestor de emergencias, las escuelas de Detroit tardarán muchos años en recuperarse de la desolación provocada por las desinversiones y la privatización. El agua en Flint sigue teniendo plomo y los niños perjudicados por su contaminación nunca sanarán del todo.

Cuando los estadounidenses acudan este año a votar a las urnas, deben recordar que los candidatos conservadores de todo el país proponen aplicar políticas como las que se han aprobado en Michigan. Las medidas de los políticos no solo deben debatirse en términos abstractos; cuando los ciudadanos se ven obligados a sufrir las consecuencias reales derivadas de la negligencia política (como la que ha asolado Flint y Detroit), sus responsables deben rendir cuentas.