El año pasado, Petroci sufrió una pérdida del 75% de sus ingresos tras el desplome de los precios del petróleo en todo el mundo. Con unas ganancias estimadas de 30 millones USD por la venta de parte de sus activos, parecía una medida empresarial muy inteligente.

Sin embargo, también es una medida muy polémica. En Costa de Marfil, Puma Energy está vinculada a la peor catástrofe medioambiental de la historia del país. El 19 de agosto de 2006, el petrolero Probo Koala, que había sido fletado por la multinacional del comercio de petróleo Trafigura Beheer BV (con sede en Holanda, Reino Unido y Suiza), descargó 500 toneladas de residuos petroquímicos de elevada toxicidad en diferentes puntos de Abiyán, la capital comercial de Costa de Marfil.

En un principio se suponía que la gestión de los residuos se llevaría a cabo en el puerto de Ámsterdam, pero Trafigura consideró que el coste de la gestión segura (500.000 €) era demasiado elevado. Tras cinco intentos fallidos en otros lugares (Malta, Italia, Gibraltar, Francia y Nigeria), Compagnie Tommy (una empresa privada marfileña contratada por Puma Energy) ofreció encargarse de los residuos por 13.000 €.

El vertido se llevó a cabo en diversos vertederos a cielo abierto ubicados en barrios pobres de la ciudad, sin capacidad para tratar los residuos.

Según las cifras oficiales del Estado, la exposición a los residuos tóxicos provocó 17 víctimas mortales. Más de 100.000 personas buscaron asistencia médica por síntomas que abarcaban desde irritaciones de la piel y vómitos, hasta dificultades respiratorias y quemaduras ocasionadas por productos químicos.

Amnistía Internacional describió el incidente como “una de las peores catástrofes del siglo XXI provocadas por empresas”.

A los lugareños les preocupa que los efectos nocivos de la contaminación sigan persistiendo hoy en día y los ánimos siguen caldeados. Ciertos sectores de la prensa marfileña todavía aluden a las empresas implicadas como los “verdugos de Abiyán”.

 
Demasiada poca responsabilidad

La primera reclamación tiene que ver con la medida en que se ha responsabilizado a Trafigura y Puma Energy (actualmente copropiedad de la empresa petrolera estatal angoleña Sonangol).

En 2007, tan solo unos meses después de la catástrofe, Trafigura llegó a un acuerdo con el gobierno marfileño: aceptó pagar una indemnización por valor de 95 mil millones francos CFA (alrededor de 195 millones USD). A cambio, las autoridades marfileñas otorgaban a la empresa inmunidad ante cualquier demanda.

Trafigura también tuvo que hacer frente a la justicia en los países donde tiene su sede legal. En 2010, un tribunal holandés declaró culpable a la empresa de exportar residuos ilegalmente desde los Países Bajos. Trafigura fue multada con 1 millón USD, pero no se llevó a cabo ninguna investigación sobre lo ocurrido en Costa de Marfil.

Asimismo, en 2009, Trafigura llegó a un acuerdo extrajudicial en Reino Unido. Aceptó pagar aproximadamente 1.500 USD a cada uno de los 30.000 demandantes, pero de nuevo sin admitir ninguna responsabilidad.

Para Amnistía Internacional y Greenpeace (dos de las ONG internacionales que siguen el escándalo de cerca desde el primer día), estos acuerdos no se pueden equiparar a la justicia.

En un informe conjunto publicado en 2012, las ONG declararon: “Debido a los continuos fracasos (en la responsabilización plena de la empresa, la revelación de información y las garantías de que las indemnizaciones lleguen a todos y todas los que tienen derecho a las mismas), el vertido de residuos tóxicos en Abiyán no solo es un delito que se cometió en 2006, sino una constante parodia de la justicia hoy en día”.

Para las víctimas del vertido de residuos en Costa de Marfil la situación empeoró notablemente en 2010, cuando 4,65 mil millones de francos CFA (alrededor de 8 millones USD) provenientes de los fondos de indemnización británicos acabaron en manos de la Coordinación Nacional de Víctimas de Vertidos Tóxicos (CNVDT), una falsa organización que decía representar a las víctimas.

En 2012 se descubrió que un ministro del gobierno del presidente Alassane Ouattara estuvo implicado en el escándalo, por lo que fue cesado de su cargo.

La batalla judicial relacionada con la apropiación indebida de los fondos de las víctimas sigue en curso hoy en día. Alrededor de 6.000 de las 30.000 personas afectadas todavía no han recibido ningún tipo de indemnización.

Charles Koffi es una de esas personas. Como presidente de la Red Nacional para la Defensa de los Derechos de las Víctimas de Vertidos Tóxicos en Costa de Marfil (RENADVIDET-CI), también es la persona que llevó a la CNVDT ante los tribunales.

No tiene pelos en la lengua cuando le preguntan sobre el acuerdo entre Puma Energy y Petroci: “Al Estado solo le importan los intereses de Trafigura y su empresa filial”, explica a Equal Times. También está decepcionado por el hecho de que el presidente Ouattara prometiera durante su campaña electoral de 2010 que garantizaría una conclusión transparente de la epopeya judicial de Trafigura. “Es un compromiso que, en gran medida, ha dejado desatendido”, añade Koffi.

En su opinión se ha cometido una doble injusticia económica. Primero, con Costa de Marfil, un país con unas normas de seguridad insuficientes y un PIB inferior a los beneficios anuales de la multinacional petrolera que envenenó sus tierras; y en segundo lugar, con los miles de marfileños y marfileñas vulnerables a los que se ha negado incluso la escasa indemnización a la que tienen derecho.

 
Mejor dentro que fuera

Sin embargo, no todo el mundo se opone al acuerdo. “Nunca se ha prohibido a Puma Energy que siga trabajando en Costa de Marfil. Desde el asunto del vertido de los residuos tóxicos ha estado pagando sus impuestos y aranceles.

¿Por qué esperar a que este proyecto [el acuerdo Petroci/Puma] desentierre el pasado y sostener que Puma Energy debería quedar inhabilitada?”, cuestiona Alice Ouedraogo, una periodista marfileña-burkinesa especializada en el ámbito de la política de Costa de Marfil.

“Puma Energy no tendrá ningún interés en llegar a un acuerdo con la ciudad de Abiyán ni en pagar las indemnizaciones a las víctimas, a menos que pueda seguir adelante con sus negocios en Costa de Marfil. ¿Cuidar los intereses de Puma Energy en Costa de Marfil no sería la mejor manera de indemnizar a las víctimas y descontaminar los lugares contaminados?”, pregunta.

Lucy Graham, asesora jurídica del equipo empresarial y de derechos humanos de Amnistía Internacional, admite que no existe ninguna barrera legal para impedir que Trafigura y Puma Energy sigan ejerciendo sus actividades empresariales. El asunto es más bien de índole ética. “Trafigura consiguió eludir sus responsabilidades de un modo que no hubiera sido posible si el accidente hubiera tenido lugar en Europa”, explica a Equal Times. “Desde 2006 se da más prioridad a los negocios que a los derechos humanos”.

Mientras la batalla legal sigue adelante, otro gran motivo de preocupación para los 1,9 millones de habitantes de Abiyán es la incertidumbre sobre si realmente se han descontaminado los lugares afectados por el vertido.

En 2012, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el gobierno de Costa de Marfil firmaron un acuerdo para realizar una nueva y exhaustiva evaluación, ya que “a pesar de las sucesivas operaciones de limpieza llevadas a cabo en los lugares afectados, todavía existe una preocupación generalizada y significativa en la comunidad local sobre las persistentes repercusiones medioambientales y sanitarias derivadas del vertido de residuos”.

Sin embargo, hasta la fecha no se ha realizado ninguna evaluación sobre el terreno.

Muralee Thummarukudy, jefe de la Unidad de Reducción de Riesgos en Desastres del PNUMA explica a Equal Times: “Aún no hemos empezado a trabajar en serio, pues todavía estamos esperando a que llegue el pago del gobierno de Costa de Marfil por la evaluación. Las últimas noticias que tenemos es que el primer pago ya se ha procesado recientemente”.

Hasta que dicha evaluación no se haya completado, los habitantes más vulnerables de Abiyán seguirán lidiando con las secuelas de una catástrofe medioambiental provocada por el hombre que nunca debió haberse permitido.