La larga lucha por el reconocimiento del trabajo sexual

Las trabajadoras (y trabajadores) del sexo (TDS) ya se lo esperaban desde hacía tiempo, pero eso no ha hecho que el anuncio fuera menos doloroso para los que se oponen: el modelo escandinavo, consistente en la imposición de sanciones a los clientes de la prostitución, fue aprobado en la Asamblea Nacional francesa el 6 de abril de 2016, no sin dificultades, después de dos años y medio de debates acalorados.

Aunque muchas de las asociaciones feministas que desean acabar con la prostitución se alegraron, para la mayoría de las personas que se prostituyen –hombres o mujeres–, y que son de los primeros interesados, esta decisión no solo no hará desaparecer la prostitución, sino que representa una amenaza real para los trabajadores y trabajadoras del sexo.

Los trabajadores corren el riesgo en la práctica de verse abocados más a menudo a la clandestinidad y por lo tanto estar expuestos a peligros, como denuncia el sindicato del trabajo sexual en Francia, el STRASS, en un manifiesto firmado conjuntamente por una centena de asociaciones, como Médicos del Mundo y la Liga de Derechos Humanos.

“Si se arremete contra los clientes, los medios de subsistencia de las prostitutas se verán reducidos, lo que las empujará a una mayor precariedad. La disminución del número de clientes puede llevar a las prostitutas a aceptar prácticas que antes habrían rechazado, como el no ponerse el preservativo”, declara a Equal Times Luca Stevenson, coordinador del International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe (ICRSE) y trabajador sexual.

Según Stevenson, en Suecia y en Noruega, donde el modelo está en vigor desde hace varios años, los resultados no son tan alentadores como los gobiernos querrían hacer creer:

“En Suecia la prostitución de la calle se ha trasladado a locales interiores y los salones de masaje tailandés se han triplicado en Estocolmo. En Noruega, un informe reconoce que la situación de los TDS es cada vez más precaria, sus ingresos han disminuido y por lo tanto tienen más dificultades a la hora de negociar con los clientes y recurren menos a la policía porque confían menos en ella. Es decir, su situación precaria se considera un éxito”.

Según el ICRSE, el modelo de sancionar al cliente no sería por tanto una solución para mejorar la condición social y económica de las prostitutas, al igual que la penalización de la propia prostitución. En realidad, ninguno de los modelos en vigor en Europa actualmente parece contentar a los trabajadores del sexo.

Si bien el modelo de “legalización”, alemán u holandés, se asemeja a una cierta reglamentación deseada por los profesionales del sexo, la ICRSE indica que da demasiado poder a los gerentes de los prostíbulos y no el suficiente a los trabajadores y trabajadoras.

De hecho, es el ejemplo neozelandés el que recibe el visto bueno casi unánime de los trabajadores y trabajadoras del sector del sexo, así como el de la ONU.

Adoptada en 2003, la despenalización del trabajo sexual en Nueva Zelanda permite a las mujeres y hombres prostituidos trabajar juntos en “pequeños burdeles autogestionados en lugar de los burdeles gigantes como en Alemania”, explica Stevenson. “El trabajo en la calle ya no está prohibido”, y sobre todo el hecho de que el trabajo sexual ya no se considere un delito ha permitido a la profesión “considerar a la policía como un aliado en lugar de un enemigo”.

Los informes del gobierno neozelandés revelan una mejora de las condiciones de trabajo de las personas prostituidas en cuanto a su seguridad, salud e higiene y se ha observado que el número de personas prostituidas no ha aumentado.

El único problema es que el modelo no resuelve la cuestión de las trabajadoras sexuales migrantes y sin papeles, que se enfrentan de forma sistemática, prácticamente en todo el mundo, a una doble estigmatización: la de la prostitución y la de la migración.

 

Derechos sociales y trabajo sexual

Sea cual sea el modelo en vigor, los activistas de la industria del sexo desean sobre todo que los Estados ofrezcan a las personas prostituidas condiciones de trabajo decentes puesto que en la mayoría de los casos las personas prostituidas, hombres y mujeres, están sujetas al pago de impuestos independientemente de si ejercen en un país abolicionista o reglamentista.

Así, en Bélgica, donde la venta de servicios sexuales no está prohibida (solo la captación de clientes y el proxenetismo) pero la profesión no está reconocida, las TDS que ejercen como “autónomas” (las empleadas se consideran normalmente “camareras”) se ven obligadas a declararse bajo una de las profesiones raras que no están sujetas al IVA, es decir, masajista, acompañante o… trabajadora agrícola.

Otras como Marie, que ejerce en un “cuadrado” (apartamento con vitrina) en Bruselas, no declaran ninguna profesión sino simplemente algunos ingresos anuales para no levantar las sospechas de Hacienda.

En contrapartida, las trabajadoras no tienen apenas derechos sociales, salvo una cobertura médica mínima de la seguridad social como el resto de ciudadanos.

Ni permiso de maternidad, ni jubilación, ni baja por enfermedad. Esto lleva a muchas de ellas a tener que continuar trabajando cuando se quedan embarazadas (con los riesgos de contraer enfermedades transmitidas sexualmente que esto implica) o incluso más allá de los 70 años. Como el trabajo sexual es físico y da preferencia a los jóvenes, las personas prostituidas mayores experimentan una precariedad extrema.

Marie, que se acerca a los sesenta, argumenta sonriendo: “es cierto que a menudo los clientes prefieren a las jóvenes, y además ellas ofrecen precios más económicos, pero bueno, tengo a clientes habituales, que saben que aunque el servicio les cueste entre 5 y 10 euros más conmigo, tienen una experiencia de calidad”.

Sea legal o no, la prostitución y sus trabajadores están expuestos a las incertidumbres y las dificultades del mercado, una razón de más para algunos para poner sobre la mesa la cuestión de los derechos sociales.

Pascale Vielle, profesora de la Universidad católica de Louvain e investigadora en derecho laboral en el ISE (Instituto Sindical Europeo), explica que considerar a la prostituta como una trabajadora y el sexo como trabajo permitiría no solamente mejorar sus condiciones de vida, sino también reducir la explotación:

“No hacer nada o prohibir la prostitución y su explotación contribuyen a mantener esta actividad fuera de la ley y a relegar a las TDS a una situación de extrema vulnerabilidad (…) Si sometiéramos esta actividad como cualquier otra al trabajo laboral, todas las personas implicadas en ella, ya sea el proveedor de servicios o el cliente, se encontrarían sujetas a estas reglas, a pagar cotizaciones, contratos… podríamos aplicar muchas cosas.

Si aceptamos el hecho de considerar el trabajo sexual como un trabajo, el empleador podría estar “sujeto a todas las obligaciones, en particular en lo referente a la salud y la seguridad en el trabajo, condiciones de trabajo decentes, instrumentos de trabajo, etc. y sobre todo el pago de cotizaciones sociales a la seguridad social”, añade Vielle.

 

Intentos de sindicalización

Para los abolicionistas, y los prohibicionistas, es mucho más difícil aceptar que el trabajo sexual sea considerado un trabajo de pleno derecho, por lo que los intentos de sindicalización a menudo fracasan. Pero no siempre.

De Francia a la India, los trabajadores y trabajadoras del sexo intentan organizarse en colectivos o sindicatos, reconocidos como tales o no.

En Bélgica, en la década de los noventa, en la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB) se produjeron negociaciones arduas para incluir a los trabajadores del sexo de pleno derecho. Son intentos que finalmente fracasaron, como recuerda Catherine François, antigua administradora delegada de Espace P.

Por una parte, según François, se debe a las reticencias de los grupos a favor de la eliminación, por otra al “rechazo de los propios trabajadores del sexo, ya que es un trabajo en el que se es muy independiente”.

Es una afirmación que rebate Luca Stevenson, que expone como prueba el ejemplo de Argentina, donde las trabajadoras del sexo se afiliaron a la confederación sindical CTA para reivindicar el fin de la violencia y el acceso a las prestaciones sociales y sanitarias.

“Hoy en día, cuando una prostituta argentina inicia un proceso contra el policía que la violó, todo el sindicato la apoya; si es posible en Argentina es posible en otras partes”, concluye Stevenson.

 

This article has been translated from French.