La trágica lucha contra la droga en Indonesia

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A principios del año pasado, el nuevo presidente indonesio, Joko “Jokowi” Widodo, un político advenedizo elegido gracias al apoyo de una mayoría de la sociedad civil, desaprovechó rápidamente gran parte de su buena voluntad internacional al ordenar una serie de ejecuciones de presos extranjeros condenados por delitos relacionados con las drogas. Se teme que ordene muchas más en el futuro.

“El Presidente Jokowi ejecutó a 14 personas en los cuatro meses transcurridos desde su elección. Jamás se habían ejecutado en Indonesia tantas personas en tan breve espacio de tiempo”, lamenta Ricky Gunawan, abogado especializado en derechos humanos de la organización LBH Masyarakat (Instituto de Asistencia Legal Comunitaria), con sede en Yakarta.

“Nos tomó a todos por sorpresa. Muchos en la comunidad indonesia defensora de los derechos humanos pensábamos que [Jokowi] supondría un cambio positivo para Indonesia pero, de repente, decidió declarar la guerra contra las drogas”.

Un año más tarde, Jokowi, de 54 años de edad, el primer presidente del país que no ostentaba el cargo de General del Ejército ni pertenecía a la élite política, ha declarado su intención de extender la lucha contra la droga a la que, en un reciente discurso, considera el problema número uno de Indonesia. Esta declaración hace temer una nueva oleada de ejecuciones.

Pese a las patentes consecuencias negativas de las políticas de mano dura contra las drogas ​—como las de Estados Unidos y México​—, y que Naciones Unidas está apostando activamente por reformar su política contra las drogas, se teme que las políticas punitivas contra las drogas introducidas por Indonesia acaben hacinando las prisiones y perjudicando los derechos humanos en el país.

“Cuando el gobierno dice “tenemos que endurecer la lucha contra la droga”, la policía y los militares suelen interpretarlo como un cheque en blanco para hacer todo lo que quieran”, afirma Diederick Lohman, director asociado de la División de Salud y Derechos Humanos de Human Rights Watch (HRW).

“Podría conducir a torturas generalizadas, ejecuciones y asesinatos arbitrarios. Nos preocupa mucho este tipo de efectos indirectos en Indonesia”.

Las nuevas leyes que se están considerando son duras, incrementarían las penas por delitos relacionados con las drogas y podrían incluir sanciones draconianas como obligar a los traficantes de drogas a consumir sus propios narcóticos hasta morir, o rodear de cocodrilos, tigres y pirañas las prisiones exclusivas para convictos por drogas.

“Desde la perspectiva de la salud pública, la criminalización generalizada del consumo de drogas ha demostrado ser ineficaz y puede ser contraproducente”, afirma Lohman.

Preocupa enormemente la reactivación de la pena de muerte, que organizaciones como Amnistía Internacional y HRW, entre otras, consideran discriminatoria, susceptible de abusos desde sistemas de justicia sesgados e ineficaz para disuadir el crimen. Las últimas ejecuciones en Indonesia tuvieron lugar en abril de 2015: ocho hombres ​—varios nigerianos, dos australianos y un brasileño​— fueron ejecutados por un pelotón de fusilamiento.

Hoy, la mayoría de los convictos que espera en el corredor de la muerte en Indonesia están condenados por delitos relacionados con las drogas y un enorme porcentaje de ellos es de nacionalidad extranjera.

Muchos no son capos de bandas de traficantes, ni siquiera productores de drogas. Con frecuencia se trata de traficantes, muchos de ellos engañados o coaccionados a introducir drogas de contrabando en el archipiélago.

“A las mujeres les afecta seriamente esta ‘guerra contra la droga’", dice Gunawan, “por su vulnerabilidad a ser manipuladas y utilizadas por las bandas como mulas transportadoras de drogas”.

Las cárceles también se están llenando de presos por delitos relacionados con las drogas. Según Al Jazeera, alrededor del 60 % de las 12.000 personas encarceladas en Yakarta, la capital, son convictos por consumo o venta de drogas. En cambio, sólo existen 22.000 camas para terapia en todo el país, a pesar de que las estadísticas oficiales dicen que 1,2 millones de adictos necesitan atención médica inmediata. Pero ni siquiera estas se están utilizando, debido al clima de miedo que rodea a las drogas.

“Cuando los consumidores de drogas se ven como blanco del brazo de la ley, quienes corren un riesgo significativo de sufrir daños para su salud se alejan de los servicios sanitarios por temor a ser arrestados”, explica Lohman.

Gunawan comparte esta opinión. “Si Indonesia descriminaliza el consumo y la posesión [menor] de drogas, los toxicómanos accederán a tratamiento”.

 

La ventaja de Indonesia

Los Estados Unidos, México y Europa blandieron hace décadas políticas punitivas contra las drogas que han tenido escasa repercusión sobre el consumo de drogas. Por otro lado, Indonesia tiene la ventaja de poder aprovechar una mayor base de conocimientos e investigaciones sobre el consumo de drogas.

En concreto, se conocen las repercusiones adversas de la encarcelación masiva y de otorgar demasiado poder a la policía nacional o a los militares en la lucha contra las drogas. La experiencia ha demostrado que este tipo de “guerra contra la droga” no sólo no suele funcionar, sino que empeora las cosas.

“Las pruebas que hemos recopilado sobre las estrategias altamente punitivas son en su mayoría negativas”, afirma Lohman. “A pesar de todos los esfuerzos que se han hecho por incautar las drogas con las que se trafica, hoy es más barato comprar droga en muchos mercados que hace diez o veinte años”.

Por ejemplo, en los Estados Unidos, la política nacional contra la droga centrada en tácticas policiales de mano dura y un sistema jurídico que prima el encarcelamiento sobre la rehabilitación ha dejado al país con la mayor población carcelaria del mundo, y sin ninguna reducción visible del consumo de drogas, como atestigua la reciente epidemia de consumo de heroína que vive el país.

La cruda realidad es que las luchas contra la droga que se libran en países de todo el mundo no pretenden tanto abordar el problema como ganar apoyos políticos; e Indonesia no es una excepción. Los consumidores de drogas son impopulares y un blanco fácil para los políticos a la caza de más votos.

“Las drogas siempre han sido una cuestión conservadora, explotada fácilmente para ganar popularidad”, afirma Gunawan. “[Jokowi] quería hacer una demostración de mano dura contra el crimen, de mano dura contra las drogas”.

Gunawan y otros defensores de los derechos humanos en Indonesia quieren un cambio, basado en los hechos, un reconocimiento de que las políticas actuales solo han empeorado las cosas y un cambio de enfoque que incida en la salud.

“Uno de los pasos fundamentales es reconocer el fracaso de la política indonesia contra las drogas: no solventa la adicción a las drogas ni reduce los delitos relacionados con la droga”, afirma Gunawan.

Esto podría, según Lohman, reconducir al país hacia el principal problema que está intentando resolver: una crisis sanitaria de adictos a las drogas que necesitan tratamiento, no encarcelamiento.

“La razón por la que controlamos ciertas sustancias es que queremos proteger la salud”, afirma Lohman. “Los países que aplican estrategias punitivas han perdido de vista este objetivo primordial”.