Ley UE sobre minerales de guerra podría quedar archivada

News

Para mantener a su familia extrayendo estaño en la República Democrática del Congo, había conseguido sacar 300 kilos de metal de una mina en Mwenga, Sud-Kivu, al este del país. Entonces llegaron los hombres armados. “Vinieron y rodearon el campamento y empezaron a disparar”, relata el minero artesanal que pidió guardar el anonimato por miedo a posibles represalias.

“Se llevaron todas nuestras cosas… el estaño, nuestra ropa, los paneles solares, la comida. Nos hicieron trasladar el botín del pillaje hasta un lugar en el interior del bosque. Tuvimos que caminar un día entero”, indicó. “Trabajé dos meses para eso y ahora mi familia no tendrá nada”.

El ataque se produjo el año pasado en medio de un conflicto entre dos grupos armados aspirantes a la sucesión del trono local, nos dijo. Uno más de los casos documentados por la ONG con sede en Londres Global Witness, en los que grupos armados del mundo entero financian sus operaciones gracias al comercio en los denominados ‘minerales de guerra’.

Desde 2014 la Unión Europea, que Global Witness designa como un “actor importante” en este comercio, empezó a elaborar una ley destinada a evitar que los fabricantes dejen de adquirir esos minerales, que terminan en aparatos electrónicos como teléfonos móviles u ordenadores portátiles, o bien en otros productos como motores o en joyería. En este último caso, hablamos de los “diamantes de sangre” inspirándose en el título de la película de Hollywood.

Las negociaciones están de momento bloqueadas en “diálogo tripartito”, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea, siendo el principal punto conflictivo si la norma debería ser vinculante, como quiere el Parlamento, o si debería permitirse una auto-regulación por parte de las empresas, como apoyan el Consejo y la Comisión. Los defensores de la regulación vinculante afirman que se está acabando el tiempo; al término de la presidencia neerlandesa de la UE a finales de junio, la ley correrá el riesgo de quedar archivada.

La auto-regulación o ‘auto-certificación’, requiere que los importadores europeos de estos metales y minerales ejerzan la ‘debida diligencia’. Eso implica supervisar y administrar sus compras y ventas en línea con los cinco pasos de la ‘Guía de Debida Diligencia’ de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“Uno de los problemas es que la Comisión ha decidido que la regulación sea totalmente voluntaria”, indica Michael Gibb, jefe del equipo sobre recursos de conflicto para Global Witness. “El segundo es que la propuesta de la Comisión únicamente se aplica a un número reducido de compañías, mientras que la OCDE abarca toda la cadena de suministro”.

“La regulación ignoraría por tanto a las compañías situadas al final de la cadena y que importan minerales para su utilización en equipos electrónicos, como portátiles, así como numerosos otros productos”, indica Gibb a Equal Times.

Comparándola con la propuesta original, Global Witness pide por tanto que se tomen en cuenta más elementos obligatorios y que cubra la totalidad de la cadena de suministro.

“Cubriendo toda la cadena de suministro se utilizaría de manear mucho más efectiva la presión comercial de la UE, con lo que sería más factible lograr un cambio de comportamiento por parte de las grandes refinerías, para que sean más responsables” indicó.

 
Compra responsable y comercio legítimo

El principal objetivo de la nueva ley sería que resulte más simple para las empresas proveerse de cuatro minerales en particular (estaño, tantalio, tungsteno y oro) de manera responsable y fomentar el recurso a canales comerciales legítimos, especialmente a través de África y América Latina.

Algo similar se hizo ya en EE.UU. por medio de la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección de los Consumidores, aprobada en 2010. Dicha Ley introduce la transparencia de la cadena de suministro al exigir que las empresas que cotizan en las bolsas estadounidenses y utilizan ‘minerales de guerra’ en sus procesos de producción declaren el origen de tales minerales y ejerzan la diligencia debida pertinente.

La debida diligencia implica, por tanto, que las compañías lleven a cabo una investigación básica y planteen preguntas sobre el origen de los minerales que compran. Por ejemplo, podrían recibir una oferta de 1.000 kilos de oro proveniente de Togo. Una rápida averiguación demostraría que Togo no puede exportar oro a tal escala. La compañía estaría por tanto obligada a investigar más en profundidad, haciendo más preguntas al proveedor.

La iniciativa para adoptar dicha legislación surgió tras la revelación de reiteradas atrocidades resultantes de los minerales provenientes de zonas de conflicto. Entre los casos más notorios, figura el del expresidente de Liberia, Charles Taylor, que se convertiría en el primer exjefe de Estado condenado en 2012 por un tribunal internacional sobre crímenes de guerra, por haber prestado ayuda a los rebeldes en el vecino país de Sierra Leona a cambio de diamantes de sangre durante la guerra civil de dicho país entre 1991 y 2002.

La sala de apelación del Tribunal Especial para Sierra Leona, con sede en La Haya, Países Bajos, ratificó la condena al año siguiente por 11 cargos de crímenes de guerra y lesa humanidad, incluyendo terrorismo, asesinato, violación y reclutamiento forzoso de niños soldados.

En su notificación oficial sobre su postura respecto a la propuesta de ley, el Parlamento Europeo defendió una regulación obligatoria que cubra a todas las compañías que introducen dichos minerales en el mercado de la UE por primera vez.

El Parlamento quería además que las compañías situadas al final de la cadena de suministro, es decir unas 880.000 firmas potencialmente afectadas que utilizan estaño, tungsteno, tantalio y oro en la producción de bienes de consumo, estén obligadas a informar de las medidas que toman para identificar y abordar los riesgos detectados en sus cadenas de suministro de dichos minerales y metales.

El Consejo Europeo (compuesto por los Gobiernos de los 29 Estados miembros de la UE) también ha hecho pública su posición oficial. Según Gibbs, es “más débil que el texto original de la Comisión en algunos aspectos, puesto que introduce “nuevas normas menos exigentes para algunas compañías, muy inferiores a las directrices de debida diligencia de la OCDE, que la UE se comprometiera previamente a respetar”.

“Esto podría resultar muy perjudicial, ya que se corre el riesgo de terminar con una norma muy inferior a la establecida por la OCDE”, aduce.

Hasta el momento, Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea han mantenido reuniones sobre la regulación de los minerales de guerra en febrero y en abril. Las principales cuestiones debatidas incluyeron la aplicación obligatoria/voluntaria de la ley, las empresas cubiertas y los principios de la OCDE.

Entre otros temas abordados figuran la viabilidad, la aplicación, las pequeñas y medianas empresas (PyME), el reconocimiento de sistemas industriales y la definición de las áreas de conflicto y de alto riesgo.

Las últimas novedades de una fuente de la UE que ha preferido guardar el anonimato, es que “ciertos Estados miembros de la UE están abiertos a incluir elementos obligatorios en el sistema”, aunque no una norma obligatoria en su conjunto.

“Algunos Estados miembros están inquietos por la carga administrativa sobre las compañías y se está debatiendo la posibilidad de hacer una distinción entre PyME y grandes empresas en cuanto a la auto-certificación” indicó dicha fuente a Equal Times.

“Las cosas están en el limbo de momento. Parece que las negociaciones son difíciles pero intensas”.