Cientos de asesinatos tiñen de sangre la defensa del medioambiente en el mundo

Movilizaciones pacíficas en Honduras, con fuertes medidas de seguridad; y frente a las embajadas de este país en diversas partes del mundo, desde Argentina a EEUU, España e Italia, tienen lugar hoy, 15 de junio, para protestar por el asesinato de la activista medioambiental Berta Cáceres.

Los organizadores piden justicia y una investigación independiente, así como la retirada de la concesión a la firma DESA (en Río Blanco) para levantar el proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”. Un proyecto al que se oponía Cáceres.

El 5 de abril, en pleno período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington DC, un grupo de defensores de derechos humanos abandonó los salones del organismo americano y se reunió frente al edificio del Banco Mundial con pancartas. Resaltaba en todas ellas la imagen de una mujer. En las paredes del edificio se leía un grafiti en color rojo con su nombre. Y un mensaje rotundo: “Berta Lives”.

Berta Cáceres, lideresa indígena de Honduras, fue asesinada el pasado 3 de marzo tras años de recibir amenazas y a pesar de contar con medidas de protección de la CIDH desde 2009, según reveló a Equal Times en una entrevista radiofónica desde Honduras Berta Zúñiga, hija de Cáceres.

A 12 días del asesinato de la activista, Nelson Noé García, otro de los miembros del colectivo que lideraba Cáceres (el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH), fue silenciado a tiros.

Estos casos se añaden a la lista negra de defensores del medioambiente asesinados en todo el planeta, una lista de la que se hace eco el Informe de abril de 2015 ¿Cuántos Más? de la organización Global Witness. En total, y sólo en Honduras, 101 defensores del medio ambiente han sido asesinados entre 2010 y 2014, lo que sitúa al país centroamericano a la cabeza mundial, per cápita, en cuanto a asesinatos de este tipo.

No obstante, esta tasa de homicidios sigue una tendencia regional. Sólo en 2014 esta organización contabilizó 116 casos en todo el mundo, de los cuales 88 se registraron en Latinoamérica, principalmente en el centro y sur del continente: 29 casos en Brasil, 25 en Colombia, 12 en Honduras, 9 en Perú, 5 en Guatemala, 3 en Paraguay, 3 en México, y finalmente 1 tanto en Ecuador como en Costa Rica. Llama la atención que en casi 4 de cada 10 casos se trate de indígenas.

Y es que, “uno de los factores subyacentes de los asesinatos de los defensores del medio ambiente y la tierra en prácticamente todos los casos documentados de 2014 fueron las disputas por la propiedad, el control y el uso de la tierra. Se ha observado un aumento de los asesinatos relacionados con proyectos hidroeléctricos, un problema especialmente preocupante”, alerta la organización con sede en Londres en dicho informe.

Precisamente el asesinato de Cáceres tiene relación con el proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca” de Desarrollos Energéticos (DESA) financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por un monto de 24,4 millones de dólares; el Banco FMO de Holanda, por 15 millones; y el Finnfund por 5 millones. En la campaña de acciones contra este proyecto, Cáceres habría recibido 33 amenazas de muerte.

Sin embargo, los asesinatos no son más que el corolario a toda una campaña de coacciones que sufren los medioambientalistas. Durante una audiencia temática ante la CIDH solicitada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) oficiada el pasado 5 de abril, estas organizaciones denunciaron que existen al menos 700 casos de defensores criminalizados entre 2010 y 2016 en la zona del Bajo Aguán de Honduras. Es decir, no sólo se intenta criminalizar las protestas y a los activistas, sino que éstos sufren numerosas agresiones, incluidas las de tipo sexual.

Otros proyectos de minería e industrias extractivas, tala y agroindustria se suman a la lista de potenciales conflictos, según evidencian las múltiples denuncias de casos similares, entre ellos el de la lucha del pueblo Ngabe-Buglé en Panamá, o el de las comunidades indígenas amazónicas del Ecuador contra de la exploración y explotación petrolera. Este caso, Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, concluyó con una sentencia en 2012 que aún no se ha acatado.

 
Al acoso de unos se une la falta de diligencia de las autoridades locales

En el caso de Cáceres, denuncia Zúñiga, las autoridades hondureñas no tenían la voluntad para hacer efectivas sus medidas de protección. Y, tras su asesinato, tampoco realizaron las pesquisas pertinentes para esclarecer los hechos. Y todo, según ella, por los intereses económicos en el proyecto tanto de la empresa privada como del propio Gobierno.

“El Estado no tiene ninguna voluntad política de resolver el crimen porque hay intereses. Mi madre se opuso a la manera de actuar del Gobierno, ella adversó todos los intereses de los megaproyectos que están fuertemente vinculados a representantes del Estado, que tienen inversiones. Pedimos una comisión independiente de investigación a través de la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos, pero el Estado no quiere aceptarla, ¿por qué?, esa es la gran pregunta”, se cuestiona Zúñiga.

En la audiencia de abril en la que se mencionó el caso de Berta Cáceres, Leonidas Rosa Baustista (representante de Honduras ante la Organización de Estados Americanos, OEA) y su delegación negaron que se criminalizara el movimiento campesino en el país. Señalaron por el contrario que el narcotráfico juega un papel como factor generador de violencia en la zona. La delegación enumeró diferentes acciones que han emprendido para promover el respeto a los derechos humanos: la creación de un observatorio de derechos humanos, el diálogo y la creación de una comisión con defensores de derechos humanos de la zona para promover medidas de protección, entre otros.

A principios de mayo las autoridades hondureñas detuvieron a cuatro de los presuntos asesinos de Berta Cáceres, entre los que se encontraban Douglas Bustillo, antiguo jefe de seguridad de la empresa DESA y Sergio Rodríguez Orellana, ingeniero en jefe del proyecto Agua Zarca. El primero habría lanzado numerosas amenazas de muerte en contra de Cáceres.

Representantes del COPINH denunciaron a Equal Times el secretismo de las autoridades hondureñas en la investigación y no haber sido involucrados en las pesquisas.

Y van más lejos, no dudando en señalar con el dedo las altas esferas del poder económico, político y militar del país como los “autores intelectuales del asesinato de la compañera Berta”, según expuso a este medio José Asunción, coordinador de la organización social y política hondureña.

“Los bancos holandés y finlandés deben retirar la financiación a Agua Zarca”, pidió Zúñiga en Bruselas a mediados de abril.

La hija de Cáceres, que viajó hasta la capital europea para participar en diferentes actividades, entre ellas una protesta de organizaciones de la sociedad civil frente a la embajada de Honduras, lucha porque se acepte una investigación independiente de la CIDH en su país que esclarezca el asesinato de su madre. Desconfía de la neutralidad de las autoridades locales, que podrían intentar cerrar el caso en falso (de ahí su insistencia en una comisión de investigación de carácter internacional).

El 9 de mayo, tras las detenciones de varios sospechosos del asesinato en el país centroamericano, el Finnfund y el FMO emitieron sendos comunicados en los que señalaban su intención de apartarse del proyecto de Agua Zarca de confirmarse la implicación de la compañía DESA.

El “FMO se retirará del proyecto si quedara comprobada la existencia de un vínculo contundente entre uno de nuestros clientes y un acto de asesinato”, señala la entidad holandesa en su comunicado. Y añade que, hasta nuevo aviso, esto se traduce en la “suspensión de los desembolsos”.

“Aunque se tiene en cuenta que los cargos no son convicciones, es necesario que FMO contemple una salida responsable y legal del proyecto”, exponen.

A finales de ese mes, el Finnfund, que también suspendió los pagos a la empresa hondureña, señaló a Equal Times que aún están “buscando una salida responsable y legal. Estas cosas necesitan preparaciones minuciosas, lo que necesariamente lleva su tiempo…”.

Mientras tanto, el grafiti quedará marcado en las paredes del Banco Mundial como símbolo de la peligrosa lucha de Berta Cáceres y otros medioambientalistas en Honduras, la región, y resto del planeta, frente a intereses privados sin escrúpulos y autoridades estatales que miran hacia otro lado.

“Nosotros seguimos recibiendo amenazas, porque seguimos firmes… a ver qué pasa”, comentó Asunción.

“Las personas que asesinaron a mi mamá se equivocaron. Mi mamá no murió, ella se multiplicó”, sentencia una esperanzada Zúñiga.

This article has been translated from Spanish.