Trabajadora del hogar: entre los empleos más peligrosos, según dónde se ejerza

Hoy, 16 de junio, se cumplen cinco años de la adopción del Convenio 189 (C189) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Un texto que ha otorgado derechos y protección a 15 millones de trabajadoras domésticas (desde un salario mínimo y acceso a la seguridad social a disponer de contratos de trabajo por escrito y horas y días de descanso), algo impensable tan sólo una década atrás.

Pero si 15 millones de un total de 67 han ganado en derechos, y hay motivos para esperar que ese número siga creciendo, al menos 2,4 millones, sólo en los países que conforman el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG: Arabia Saudí, Qatar, Kuwait, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Omán) viven y trabajan en lo que hoy se denomina “esclavitud moderna”.

Aunque buena parte de las trabajadoras del hogar (el 80% son mujeres, si bien en lugares como Hong Kong rozan el 99%) no conocen a lo largo de su vida laboral el trabajo forzoso, el maltrato físico o psíquico, la indefensión jurídica, abusos sexuales o, en casos extremos, la muerte, un pequeño porcentaje sí vive esa realidad, por lo menos un 3,6% (en una estimación muy cauta que sólo tiene en cuenta las cifras que incumben al CCG). Sin olvidar que, en al menos 7,4 millones de casos (no incluidos en la cifra global de 67 millones –correspondientes a 176 países–), el trabajador doméstico es un menor de 15 años que labora hasta 18 horas diarias por un sueldo ínfimo o, directamente, no percibe ninguno.

Hoy, Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, profesionales de este sector, sindicatos, organizaciones de derechos humanos y representantes de la sociedad civil han salido a las calles en numerosos puntos del planeta para presionar a los gobiernos a ratificar el texto de la OIT y la Recomendación 201 que lo acompaña. Desde 2011, sólo 22 Estados lo han hecho.

También buscan sensibilizar al conjunto de la sociedad sobre la importancia del trabajo que desempeñan: tanto para la economía del país en el que trabajan, como para aquellas economías a las que 11,5 millones de trabajadoras del hogar migrantes envían sus remesas.

 

Un 5,4% libre de abusos… en una economía “modelo”

Hong Kong es la economía más libre del planeta. Es uno de los territorios menos corruptos del mundo. El imperio de la ley es uno de los pilares sobre los que se sustenta, y, año tras año, sus estudiantes ocupan los puestos más altos en estudios académicos internacionales.

Pero la ex colonia británica, que también es una de las economías con mayor densidad de trabajadoras domésticas migrantes (representando éstas un 10% de la población activa de Hong Kong), ha sido el infierno personal para Erwiana Sulistyaningshi y Kartika Puspitasari, dos trabajadoras domésticas especialmente conocidas en el territorio por haber ganado casos contra sus empleadores-maltratadores.

Y es que, según se desprende del informe del pasado mes de marzo Coming clean (Desnudando la verdad) de la organización de derechos humanos hongkonesa Justice Centre, tan sólo un 5,4% de las trabajadoras domésticas (migrantes) no sufre explotación o amenazas de sus empleadores.

El resto, y en diferentes porcentajes, se enfrenta al trabajo forzoso (un 17%), trata de personas y explotación en diferentes grados, siendo las más vulnerables las trabajadoras procedentes de Indonesia, las menores de 30 años, y, principalmente, las que obtienen su puesto de trabajo a través de agencias de contratación “sin escrúpulos”.

Según informó a Equal Times Jade Anderson, coautora del estudio, “el rol de las agencias es central en la experiencia que van a tener las trabajadoras del hogar en Hong Kong”. Desafortunadamente, “para buena parte de las agencias, sólo se trata de obtener beneficios –a través de tasas– con el proceso de contratación”, tasas que se traducen rápidamente en deudas para las futuras empleadas.

“La deuda derivada del reclutamiento es uno de los predictores más fidedignos que el Justice Centre ha identificado para saber si una trabajadora doméstica migrante puede sufrir trabajo forzoso o no”, apuntó Anderson. El 54,4% de las trabajadoras domésticas migrantes encuestadas para el estudio aseguraba haber pagado para obtener su contrato, y para un 35%, esta deuda representaba el 30% o más de su salario anual.

El hecho de tener que vivir en casa del empleador y de tener que dejar el territorio a las dos semanas de la terminación del contrato (independientemente de los motivos que han llevado a su fin), unas medidas con las que las autoridades locales pretenden evitar el trabajo en negro, tampoco ayuda a mejorar la situación de las trabajadoras. En Singapur y Reino Unido (este último con los "visados atados", desde 2012), entre otros países, se da el mismo problema por aplicarse medidas similares.

Aunque las autoridades hongkonesas acaban de publicar un borrador con un código de conducta destinado a las agencias de contratación, el Justice Centre lamenta que no se haga mención en el mismo al trabajo forzoso ni al tráfico de personas, a pesar de las conclusiones a las que llega su informe.

 

11,5 millones de trabajadoras domésticas migrantes, 2,4 millones de esclavas

Un estudio de 2014 de la Confederación Sindical Internacional (CSI, Facilitating exploitation –Facilitando la explotación–) estima que 2,4 millones de trabajadoras domésticas migrantes laboran en régimen de esclavitud en los países del CCG, principalmente en Arabia Saudí. Tal es la situación de abusos e impunidad (con decenas de mujeres volviendo cada año a su país en féretros –miles, según temen fuentes consultadas por Equal Times y organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch–), que muchos países asiáticos han impuesto prohibiciones intermitentes al envío de nacionales para trabajar en ese país.

Este hecho ha llevado al país de Oriente Medio a dirigirse a África para reclutar la mano de obra que tanto necesita. Pero también de aquí ha recibido portazos. Es el caso de Mauritania, que en 2015 decidió interrumpir la migración de trabajadoras domésticas a Arabia Saudí hasta que no mejorase la protección de los empleados en esta monarquía absoluta del Golfo.

La demanda de mano de obra para el hogar (no sólo en esta región sino a nivel mundial), lejos de estancarse o bajar, continúa al alza, motivo por el que la CSI, sindicatos del sector y organizaciones de derechos humanos de todo el mundo apremian a la comunidad internacional a realizar reformas legales que protejan a estas trabajadoras. Y concretamente a deshacerse del sistema de la kafala, un sistema que propicia la vulnerabilidad de los empleados.

“Hasta que las autoridades de Arabia Saudí no estén dispuestas a abolir este sistema, no veo cómo las trabajadoras del hogar van a mejorar su situación en el país”, dijo a Equal Times Marieke Koning, asesora de políticas de la CSI y coautora de la guía Trabajadores y trabajadoras del hogar - unidos (el texto de referencia –de esta confederación– más reciente para el sector).

Según la kafala, los empleados están atados al empleador durante el periodo de contratación. No pueden negociar sus condiciones de trabajo ni rescindir el contrato o cambiar de empleador salvo con el visto bueno de aquél. En el caso de Qatar y Arabia Saudí, además, el empleador es quien da el permiso de salida del país al empleado.

Con este marco, los relatos son harto comunes y conocidos para sindicatos y organizaciones de derechos humanos: jornadas de hasta 20 horas al día (con escasos alimentos y bebidas), siete días a la semana (sin recibir su salario, recibir menos de lo acordado o incluso amenazas de muerte si se atreven a solicitarlo); quedar encerradas en las casas cuando se van los empleadores, tener confiscados tanto el pasaporte como el móvil u otro dispositivo para comunicarse con el exterior, desconocer la dirección física en la que se encuentran, el idioma local, sus derechos, entre otros muchos abusos.

No obstante, Koning se muestra parcialmente optimista. “Varios países como Bahréin, principalmente, pero también Kuwait y Omán están dando pasos en la dirección correcta, introduciendo reformas legislativas para mejorar los derechos y las protecciones de las trabajadoras domésticas migrantes. Son pasos pequeños, pero nada desdeñables”.

Países como Filipinas, India, Indonesia, Sri Lanka y Bangladesh, entre otros, también pueden avanzar su parte “poniendo primero su casa en orden”, señaló la responsable de Igualdad de la CSI. Es decir, regulando y vigilando más de cerca el trabajo de las agencias de contratación en su territorio, y verificando la legislación laboral en el país de destino, entre otros.

“Es escandaloso e inaceptable que las agencias se beneficien a costa de las trabajadoras domésticas. Hacer negocio saltándose las disposiciones legales (como cobrar tasas de colocación, generalmente abusivas), saltándose los derechos de estas trabajadoras (engañando o no aportando asistencia en situaciones de necesidad) es sencillamente trata de personas”, denunció Koning.

Filipinas es considerado como un buen ejemplo a seguir (entre los países emisores) por ofrecer los mejores niveles de protección a las trabajadoras del hogar migrantes. No obstante, las remesas que recibe esta economía del sureste asiático de sus trabajadores en el extranjero (28.483 millones de dólares –unos 25.300 millones de euros– en 2015, cifra que incluye las remesas de las trabajadoras domésticas), y la dependencia de estos ingresos para el funcionamiento de su economía, hacen que sea imprescindible una presión de carácter internacional.

En estos casos, explica Koning, lo que se precisa es “más cooperación internacional”, que la presión hacia un país que vulnera derechos no venga de otro individualmente sino de un grupo, “así el mensaje es más contundente”, algo que, por otra parte, se acordó en la reunión de la OIT el pasado mes de abril en Madagascar, precisamente previendo todos los intereses económicos en juego para los países de origen.

 
Lo que nadie imaginaba una década atrás

“Hace diez años nadie diría que esto iba a ocurrir”, comenta Koning: un texto legal con derechos básicos para todo un sector en expansión, ratificaciones y modificaciones legislativas en 48 países, principalmente de Europa, el continente americano (siendo Latinoamérica el germen de todo el movimiento reivindicativo a finales de la década de 1980), así como el sur y el este de África.

Además, numerosas campañas, entre ellas 12+12 (de la CSI y la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar, FITH), o Mi justo hogar (de la FITH); y una asociación estratégica entre la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, ONGs y sindicatos, unido todo ello a una mayor sindicalización de las trabajadoras, está dando sus resultados.

“Estamos registrando cambios significativos, aunque aún queda mucho por hacer. Hay demasiados millones de trabajadoras del hogar que no tienen derechos como sí los tienen otros trabajadores. Pero es alentador y una fuente de inspiración el hecho de que muchas trabajadoras domésticas se hayan convertido en líderes sindicales, oradoras, activistas”.

Es el caso de la mexicana Marcelina Bautista (secretaria general de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar, CONLACTRAHO), trabajadora del hogar mucho antes de haber cumplido la mayoría de edad.

“Estas mujeres buscan un cambio de verdad, protección para todo el sector. Y son un ejemplo para otras”, apuntó Koning.

Mejorar las condiciones en un sector tan presente, creciente y dominado por mujeres, indica la OIT, ayudará además a avanzar significativamente en la reducción de las desigualdades de género.

Un estudio del Banco Central de Filipinas (Remittances, Migration, and their Economic Impact: Lessons from the Philippines) apunta además al rol fundamental de los salarios que envían las trabajadoras migrantes del hogar en los hogares de éstas. Más allá de reducir el nivel de pobreza, hace que aumenten las iniciativas empresariales y la escolarización de los hijos, y, con ello, que descienda el trabajo infantil.

Motivos y motivaciones que explican la resiliencia de las trabajadoras del hogar en todo el mundo.

This article has been translated from Spanish.