“El uso de armas de asalto de gran potencia para enfrentarse a un grupo de estudiantes indefensos que expresan sus derechos es absolutamente inadmisible”, manifestó en una declaración pública el presidente de la organización Transparency International Papua New Guinea, Lawrence Stephens.

Las protestas estallaron a raíz de una serie de problemas, como por ejemplo los recortes aplicados a la Unidad Anticorrupción de las fuerzas de policía y las repetidas tentativas por parte de O’Neill para impedir que se lleven a cabo investigaciones con relación a su implicación en el pago fraudulento de 30 millones AUD (aproximadamente 20,6 millones EUR) a una asesoría jurídica.

La semana pasada la UPNG anunció que suspendería el curso académico en respuesta a las protestas y a la violencia. Al mismo tiempo, una sección representativa de grupos de trabajadores han amenazado con cerrar los servicios a menos que O’Neill dimita.

Papúa Nueva Guinea es el país del mundo con mayor diversidad lingüística: el conjunto de la población de 7 millones de habitantes habla más de 700 idiomas. Como consecuencia de siete décadas de dominación colonial australiana, la lengua oficial del país es el inglés (anteriormente, entre 1884 y 1914 había sido una colonia alemana).

“El Gobierno colonial australiano se administraba de acuerdo con las tradiciones británicas, basadas en conceptos de superioridad racial y cultural”, afirma Nicholas Ferns, profesor de Historia en la Universidad de Monash en Australia. “En Nueva Guinea si hizo mucho hincapié en los beneficios, y la mano de obra indígena estaba empleada en condiciones similares a la esclavitud”.

Bajo el régimen australiano se produjeron numerosos abusos de los derechos humanos, que en algunos casos se prolongaron hasta 1975, convirtiendo a Papúa Nueva Guinea en una de las últimas colonias del mundo en conseguir la independencia. Hoy en día, Australia sigue siendo el mayor donante del país, y las empresas australianas siguen desempeñando un papel importante en la explotación de sus abundantes recursos naturales.

Phil Robertson, Director Adjunto para Asia en Human Rights Watch, declara a Equal Times: “Las empresas que operan en Papúa Nueva Guinea tienen que ser especialmente conscientes de la necesidad de respetar los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas, lo que implica empezar por garantizar que sus operaciones no violen directa ni indirectamente los derechos humanos. El país está muy lejos de ese ideal”.

Por otra parte, la mayor parte de los papúes no se han beneficiado de esta afluencia de inversión extranjera ni del desarrollo de los recursos. Más de la mitad de la población vive con menos de un dólar diario, y es una de las naciones de la región de Asia y el Pacífico donde se observan mayores desigualdades.

La razón es el robo de la riqueza mineral del país por parte de empresas extranjeras con la complicidad de los funcionarios del Gobierno. Papúa Nueva Guinea ocupa actualmente el puesto 139º entre los 167 países que abarca el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International (TI), y su historial en materia de derechos humanos es prácticamente igual de pésimo.

Todo esto repercute considerablemente en los estudiantes, dado que los jóvenes representan casi la mitad de la población del país.

“Una fuerza excesiva constante”

La policía es también parte del problema. Descrito por Transparency International como un cuerpo sumamente corrupto que actúa conforme a la voluntad del primer ministro, el uso excesivo de la fuerza que ha empleado contra las manifestaciones de estudiantes no es sino el último elemento que se suma a una larga lista de casos de abuso policial.

“El problema fundamental en Papúa Nueva Guinea es la constante fuerza excesiva que emplea la policía, y el recurso frecuente a la tortura de prisioneros, incluidos niños”, señala Robertson. “Es preciso que se establezca un compromiso político para que las respuestas de la policía respeten las normas internacionales en materia de derechos humanos. De lo contrario estos abusos se seguirán produciendo de manera indefinida”.

El Estado de derecho está siendo continuamente pisoteado en el país, y la situación salpica incluso al primer ministro, que fue objeto de una orden de arresto dictada por la Dirección Nacional de Lucha contra el Fraude y la Corrupción en 2014. O’Neil respondió clausurando el organismo. Por ahora la oposición no ha conseguido mantener una moción de censura sobre su Gobierno.

“Se observa un creciente descontento entre los ciudadanos ante la magnitud de la malversación de fondos públicos por parte de la élite política que, según parece, opera con toda impunidad”, ha declarado a Deutsche Welle Jonathan Pryke, investigador en el Lowy Institute for International Policy, con sede en Australia. “Este es desde luego un factor importante de las revueltas que estamos presenciando”.

La presión internacional podría hacer que las cosas cambiaran, ya que Papúa Nueva Guinea sigue siendo un importante beneficiario de ayudas, pero hasta ahora la reacción de otros países ha sido acallada.

“Debería establecerse un frente unido de embajadas que reclamen al Gobierno que corrija la situación de cara a las manifestaciones de estudiantes, y que garantice a partir de ahí la protección de los derechos políticos y civiles fundamentales, como es la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica”, ha declarado Robertson, añadiendo que esta medida es crucial para obligar al Gobierno a reformar sus políticas.

De momento se mantiene el status quo. A principios de junio, varios funcionarios universitarios recibieron una orden judicial para evitar que se produjeran nuevas manifestaciones, lo cual, al menos por ahora, ha permitido calmar la situación. Pero hasta que no se resuelvan los principales problemas que afronta el país, lo más probable es que el descontento popular se mantenga latente.